“La Inmaculada” desafió al Estado desde Tuluá

La organización criminal que mantiene aterrorizados a los funcionarios de la Alcaldía, el Concejo y los juzgados de Tuluá (Valle) ostenta un nombre religioso, pero ejecuta todas las maneras del diablo: “la Inmaculada”.

Ese nombre regresó a los titulares de prensa en la última semana, luego de que las autoridades la señalaran de ser responsable del asesinato del concejal electo para su tercer periodo, Eliecid Ávila.

El político conservador había denunciado amenazas en su contra durante una de las sesiones del Concejo hace cuatro meses, pero la Fuerza Público no alcanzó a protegerlo. El 31 de diciembre estaba despidiendo el Año Viejo en casa de su hermano, en el barrio Victoria, cuando fue abaleado por un sicario adolescente.

Estuvo en cuidados intensivos 48 horas y falleció al amanecer del 2 de enero.

Luego de un consejo de seguridad, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofreció $50 millones de recompensa por información que condujera a los verdugos.

En entrevistas con diferentes medios, el nuevo alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, señaló que también está amenazado por la banda, y fue más allá, exponiendo que al parecer “la Inmaculada” tenía alianzas con la pasada Administración Municipal.

“En una dependencia como Movilidad, hubo once atentados contra personas que laboraban allí (...). Y así también se presentaba en Hacienda, Planeación, en la expedición de licencias. Hubo una complicidad entre la Administración Municipal y esa banda delincuencial. Podemos dar mil ejemplos”, declaró en la emisora Blu Radio.

La enemistad entre Vélez y la banda data de su primer periodo en la Alcaldía (2016-19), y cuando este se presentó a su segunda aspiración, la facción distribuyó un panfleto amenazante dirigido a los periodistas y medios de comunicación.

“Queremos dejarle claro a ustedes y a todos aquellos colaboradores y demás personas que están haciéndole campaña política a la rata de cuello blanco Gustavo Vélez, que todo aquel que esté con él será objetivo militar de nuestra organización, la encargada de ejercer el control en el territorio”, comunicó la banda el 6 de junio de 2023.

Uno de esos colaboradores era el difunto concejal Ávila.

¿Pero dónde sale el poder de “la Inmaculada”, para autoproclamarse controladora del territorio, desafiar a la Fuerza Pública y a las autoridades locales?

Los tentáculos de la banda

Fuentes policiales le contaron a EL COLOMBIANO que “la Inmaculada” surgió hace 20 años en el barrio del mismo nombre, ubicado en el casco urbano de Tuluá.

Su primer cabecilla fue Óscar Darío Restrepo Rosero, apodado “Porrón”, quien se inició en el mundo criminal haciendo trabajos de sicariato para el cartel del Norte del Valle, a principios del siglo XXI.

Tras el desmantelamiento de esa confederación narcotraficante, “Porrón” logró establecer una sociedad con sus herederos, los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna (“los Comba”), jefes de la organización criminal “los Rastrojos”. Fue así como, a partir de 2010, “la Inmaculada” se convirtió en el tentáculo de ese grupo en el centro del Valle, con injerencia en Tuluá, Sevilla, Buga, Guacarí y Andalucía, entre otros municipios vecinos.

La banda, que también se denomina a sí misma “la Oficina de Tuluá”, se dedica al sicariato, la extorsión, desapariciones, secuestros, desplazamiento forzado, control social y territorial, monopolio del comercio y productos de la canasta familiar, vigilancia ilegal, cobro de deudas mafiosas y narcotráfico. Además, extendió sus redes de corrupción en varias dependencias del poder público local.

“Porrón” fue capturado en 2015, luego de que el Gobierno Nacional lo convirtiera en un objetivo de alto valor estratégico porque trató de extorsionar al ídolo futbolero Faustino Asprilla, oriundo de Tuluá.

El mando de “la Inmaculada” quedó en manos de su lugarteniente Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, un sanguinario delincuente al cual las autoridades le atribuyen la muerte de más de 50 personas.

También lo arrestaron en 2015, pero desde la cárcel continuó administrando su empresa ilegal, logrando expandir las redes de la facción a Popayán (Cauca), Armenia y La Tebaida (Quindío), según la Fiscalía.

El Inpec lo ha transferido a diferentes prisiones, tratando de diezmar su control, en vano. Como venganza, “Pipe Tuluá” ordenó el asesinato de varios dragoneantes y servidores de la autoridad carcelaria.

Los ataques fueron reivindicados por un clan autodenominado “Muerte a Guardianes Opresores” (“Mago”).

La Fiscalía cree que “Mago” no es más que otra chapa para los matones de “la Inmaculada”. En 2022 un juzgado penal del circuito especializado de Buga lo condenó a 30 años de cárcel por 39 asesinatos y siete tentativas de homicidio, que él aceptó en el marco de un proceso de cooperación judicial con el ente acusador.

En la lista de muertos estuvo Édinson Montenegro Cardona, dragoneante del Inpec, abaleado el 12 de abril de 2017 a las afueras de la cárcel El Bosque de Tuluá.

En cuanto a su entramado de corrupción, que salpica a funcionarios del Inpec, la Policía, Alcaldía y Rama Judicial, el pasado mes de agosto se desató un escándalo con la captura de 17 miembros de la banda, incluyendo a un policía, dos guardias de tránsito y al supervisor de agentes de tránsito del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de la Alcaldía de Tuluá, Alexandro Cañas Herrera.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, comentó en ese momento que dicho funcionario es sospechoso “de utilizar su cargo para suministrar información privilegiada a la organización criminal para perfilar las víctimas, un hecho lamentable (...). Habría establecido el canal de alertas frente a operativos de control para facilitar que los integrantes de la banda eludieran los controles policiales”.

Cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder planteando su política de “paz total”, la banda expidió un comunicado manifestando su interés de sumarse a la iniciativa, aunque su supuesta voluntad de paz no se ha visto por ningún lado.

Desafío al Gobierno

“Pipe Tuluá” ha pasado por las cárceles de Cómbita (Boyacá) y Picaleña (Tolima), y actualmente está recluido en La Picota, en Bogotá.

Para frenar sus acciones, la gobernadora Toro expresó que “desde el Gobierno hay que generar un bloqueo de la cárcel e identificar a las personas que en Tuluá realizan esa serie de actos delincuenciales. Ya se definió que hay que trabajar con más personas en el Batallón de Alta Montaña y se va a aumentar el pie de fuerza para cubrir todos los sectores rurales y urbanos”.

La respuesta de “la Inmaculada” a esa intención no se hizo esperar. Por medio de otro comunicado distribuido el pasado 5 de enero, desafiaron al Estado.

“Gustavo Vélez cree que la única solución aquí es la guerra y que la Fuerza Pública va a acabar con nuestra organización. Les dejamos claro que llevamos más de 10 años ahí y que seguiremos de frente con nuestra lucha hasta que algún ente tome la decisión de dialogar con nosotros (...). Listo, así va a hacer, esperen que les vamos a demostrar que no hay ley terrenal que nos detenga”, redactaron.

Lo que pase en Tuluá en las próximas semanas será una prueba de fuego para la Fuerza Pública y la política de seguridad del Gobierno. ¿Serán capaces de frenar a “la Inmaculada” o los tulueños tendrán que asistir a más funerales por su cuenta?

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ANEXO: BANDAS HEREDERAS DE MAFIAS ANTIGUAS

En Colombia, además de las guerrillas, carteles y los grupos terroristas tradicionales, delinquen bandas urbanas con alto poder delictivo y enorme capacidad de corrupción. Son herederas de antiguos carteles o grupos paramilitares. Las más peligrosas son:

- “La Inmaculada” (Tuluá).

- “Los Flacos” (Cartago).

- “La Oficina” (Valle de Aburrá).

- “La Cordillera” (Eje Cafetero).

- “Los Costeños” (Barranquilla).

- “Los Pachenca” (Magdalena).

- “Clan Oriente” (Oriente antioqueño y Magdalena Medio).

- “Los Peludos” (Catatumbo).

- “Shottas” y “Espartanos” (Buenaventura).