Atención a 13 millones de afiliados está en riesgo por falta de plata, según 3 EPS

El fantasma de los “septiembres negros” en salud amenaza con volver al país. Con ese nombre racista se le conocía al último trimestre del año en el que, previo a la Ley 100, a los hospitales se les acababa la plata para atender pacientes y tenían que ir a paro para presionar al gobierno de turno y que les asignaran más recursos para seguir prestando servicios de salud.

Algo parecido es lo que le advirtieron las entidades promotoras de salud (EPS) Sanitas, Sura y Compensar –que agrupan a 13 millones de afiliados– al ministro Guillermo Jaramillo en una carta que le enviaron el 27 de julio.

En la misiva advirtieron que si no se toman cartas en el asunto, “se hará cada vez más difícil continuar con la prestación de los servicios” y que se verían a gatas para “avanzar con la operación después del mes de septiembre”. También expusieron las sumas que les adeudan por motivos como el pago por atenciones y tratamientos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), por deudas de la pandemia y por insuficiencia de la plata que les gira el Estado para atender a sus afiliados.

El ministro Jaramillo desestimó esta alerta y la calificó como “una tormenta en un vaso de agua”, y aseguró con molestia que “no hablemos de crisis en donde no la hay”.

La génesis de una crisis

En el gobierno de Iván Duque, cuando Fernando Ruiz era el ministro de esta cartera, se expidió la Resolución 2292 de 2021, con la cual se subió del 65% al 90% la cantidad de medicamentos y del 60% al 88% el número de procedimientos que cubre el PBS (antiguo POS, que son servicios en salud a los que tiene derecho un usuario del sistema).

Es decir que con esa resolución, desde entonces, las EPS tienen que responder por un mayor número de atenciones, para lo cual, aplicando matemáticas de primaria, necesitan más plata para hacerse cargo.

“De cada 10 procedimientos que se ordenan en salud, nueve están cubiertas por el PBS; si lo hacen, tienen que subirle a la UPC (plata que le dan a las aseguradoras para atender a sus afiliados) para compensar que pague esos servicios. Eso es lo que no pasó y lo mencionan en la carta”, expresó para EL COLOMBIANO el profesor del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez.

Por otra parte, Sura reconoce que la asignación de nuevos pacientes –ya que reciben cerca de 450.000 al año– y las deudas de presupuestos máximos (la plata para pagar lo que no cubre el PBS) los tiene en apuros económicos. Entre otros puntos como que de cada $100 que reciben por UPC se gastan $102.

De hecho, Gestarsalud (gremio de EPS subsidiadas) alertó desde junio que el riesgo de financiación en el sistema de salud se estaba creciendo, además, por cuenta del incremento en las atenciones en salud a cargo de las aseguradoras, que pasaron de 164 millones en 2020 a 214 millones en 2022.

¿Qué viene ahora?

Este diario conoció que estas EPS querían mantener en el ámbito privado la carta enviada al ministro Jaramillo. Y así fue hasta hoy cuando el representante a la Cámara Andrés Forero la publicó en su cuenta de X (antiguo Twitter). El caso es que este miércoles en la mañana se reunirán el jefe de la cartera de salud y los presidentes de estas aseguradoras.

Lo concreto es que parece haber llegado el momento de que las EPS y el Ministerio se sienten a discutir la viabilidad de aumentar a $10 billones el presupuesto para el sector salud que esas entidades piden, en medio de una reforma al sistema que defiende el Gobierno en la que no las considera participantes válidas. Aún así, como dijo el profesor Giovanni Jiménez, “la función de un ministro es salvar un sistema, no estar esperando si pasa una reforma; alguien tiene que intervenir y no jugar con la vida de 13 millones de personas”.