Asesinatos a líderes, el peor legado

Nuevas medidas tomó el Gobierno Nacional para proteger la vida de los líderes sociales. El tratamiento al asesinato de dirigentes y defensores de derechos humanos, definitivamente, es otro.

Ya no es más un asunto de “líos de faldas”, como dijo hace meses el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; es, en palabras del ministro del Interior, Guillermo Rivera, el problema más grave que afronta hoy el país, y sin duda el más difícil que deberá enfrentar el próximo Gobierno.

El fenómeno de los asesinatos de líderes sociales es difícil de cuantificar. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es quien reporta al Gobierno, certificó desde el 1° de enero de 2016 hasta el 29 de junio de este año, 178 homicidios, pero la Defensoría del Pueblo registró en esa mismo periodo, 311.

La diferencia en esta estadística se da porque “no hay un criterio unificado para definir este tipo de violencia. La Oficina de la ONU utiliza el término de defensor de derechos humanos basada en una resolución propia; la Defensoría, en un criterio supremamente vago que es el de la denuncia, y la Fiscalía está buscando uno más preciso. Como país tenemos que hacer una construcción de ese concepto”, explicó Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto (Cerac), quien fue invitado a la sesión del Consejo Nacional de Garantías de Seguridad realizada ayer en la Casa de Nariño.

Precisamente en esa reunión, el presidente Juan Manuel Santos dio instrucciones para que las entidades del Estado y las organizaciones sociales hablen el mismo idioma y pueda unificar, en lo posible, una forma de medir la problemática.

“El presidente insistió en que todos validemos el trabajo que hace la Oficina de la ONU, porque es un ente neutral, porque hacen la verificación en terreno para establecer la condición de liderazgo en las personas que son asesinadas”, explicó el ministro Rivera.

¿Por qué los matan?

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación señalan que “los perpetradores de estos crímenes son, en mayor importancia, miembros del Clan del Golfo y de Grupos de Delincuencia Organizada, que se dedican al cultivo y tráfico de drogas y al narcomenudeo”, seguido del Eln y las disidencias de Farc que tienen una responsabilidad menor en estos casos.

Según la hipótesis que ha logrado perfilar el ente investigador al establecer la autoría del 50 % de los homicidios (imputar a 184 personas, vincular 211 a investigaciones y lograr 16 sentencias condenatorias) “luego del abandono de las armas por parte de las Farc, está caracterizada por el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones delincuenciales, que son verdaderos ejércitos al servicio del narcotráfico. Esto ha generado nuevos conflictos en las zonas donde hacen presencia estas bandas, las cuales luchan por su posicionamiento y consolidación a través del control de los cultivos ilícitos y además de buscar mantener el dominio de los corredores del narcotráfico”.

Y en ese contexto, dijo el fiscal general Néstor Humberto Martínez, los muertos terminan siendo los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, “quienes están librando unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlas de los cultivos ilícitos y de esta guerra por el territorio”.

El reto continúa

Y aunque las cifras de asesinatos de líderes sociales aumentaron desde la firma del acuerdo de paz alcanzando un homicidio cada tres días, después de la pasada segunda vuelta presidencial ha ocurrido, en promedio, un asesinato diario, según Indepaz.

Y estas semanas, posteriores a las elecciones, mostraron un fenómeno de violencia política muy acentuado en contra de líderes de la campaña presidencial de Gustavo Petro (Colombia Humana). Para hacer frente a esta situación, Santos dio instrucciones para que el ministro Rivera esté en permanente conversación con los representantes de esa campaña y diseñen, de ser necesario, esquemas de protección y prevención.

Todo esto se dio pese a los esfuerzos del Gobierno por crear toda una institucionalidad para proteger a los defensores, tal como estaba establecido en el Acuerdo: una Unidad de Investigación en la Fiscalía, una Unidad Especial en la Policía (Unipep), el fortalecimiento de las alertas tempranas y la creación de los planes de protección colectiva.

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, quien también asistió a la reunión, explicó que “diseñar y crear todo este andamiaje institucional toma tiempo y eso es lo que ha hecho el Gobierno en estos dos años”.

Por eso consideró que es importante que “se logre hacer un empalme adecuado, porque esto es un trabajo de largo plazo, se pueden tomar medidas de choque como las que tomó hoy el presidente (ver claves), pero en realidad frente a este problema se tienen que mantener medidas de largo aliento, porque está ligado a condiciones de seguridad en los territorios”.

Es así como el presidente Santos dijo, al término de la sesión del Consejo, que espera que “la protección de líderes sociales sea una prioridad para el Gobierno entrante”.

Para ello deja herramientas, más allá de las instituciones mencionadas. Por ejemplo, en la Ley de sometimiento de bandas criminales, sancionada el lunes pasado, quedó tipificado el delito de amenaza a los líderes sociales, lo que da más dientes a la Fiscalía para actuar en estos casos y llevar ante la justicia a los responsables.