Alcalde Galán se refirió sobre la extracción de agua subterránea en medio de racionamiento en Bogotá

La controversia sobre las concesiones para la explotación de aguas subterráneas en la ciudad sigue generando debate. Esto se intensificó al conocerse que empresas de bebidas gaseosas extraían este recurso a precios muy bajos, mientras la población enfrentaba un racionamiento de agua.

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Tras las revelaciones de varios medios nacionales, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que hay 64 concesiones activas para la extracción de agua subterránea en Bogotá, de las cuales una fue aprobada en los primeros nueve meses de su mandato.

El alcalde también señaló que esta extracción representa menos del 1% del consumo total de la ciudad y aclaró que el agua extraída no es apta para consumo humano, lo que obliga a los privados a asumir los costos de su tratamiento y potabilización.

Galán indicó que las concesiones tienen un límite de extracción de 15,000 m³, de los cuales las empresas suelen extraer unos 6,000 m³, pagando alrededor de $70 por metro cúbico. Aunque este valor corresponde al acceso a agua no potable, el alcalde lo considera “algo bajo”.

“Desde el Distrito pensamos que el costo de estas concesiones es demasiado reducido. Por ello, hemos solicitado al Ministerio de Ambiente que revise estos montos”, añadió, refiriéndose al decreto 1155 de 2017 que regula estas tarifas.

En relación con el agua que podría ser utilizada para consumo humano, el alcalde enfatizó la necesidad de un análisis cuidadoso sobre su viabilidad, dado que no resolvería por sí sola el problema del abastecimiento. La discusión es intensa debido a la falta de estudios sobre la disponibilidad real de los acuíferos, cuya formación geológica se remonta a millones de años. Para llevar a cabo estos análisis se requieren importantes recursos humanos y económicos que permitan determinar la cantidad de agua disponible y cómo podría ser extraída.

Mientras tanto, la Alcaldía y la Gobernación de Cundinamarca están en conversaciones con el Banco Mundial y otras entidades internacionales para financiar estos estudios. Este enfoque ya ha tenido éxito en la creación de otros documentos técnicos, como los relacionados con el cable de Soacha y la Calera.

Antes de medir el potencial de las aguas subterráneas, es necesario identificar los sueños que las almacenan y establecer un marco legal sólido para regular su explotación. En ambos aspectos, todavía se está en fase inicial.

Según un experto consultado por El Espectador, los estudios necesarios para localizar acuíferos en la sabana y el país están desactualizados. La voluntad política y el alto costo de realizar exploraciones para identificar fuentes de agua son obstáculos significativos.

Se requiere un equipo de científicos especializados que realice un exhaustivo trabajo cartográfico para localizar posibles acuíferos. Además, necesitan utilizar técnicas costosas, como la geofísica, para entender lo que hay bajo la superficie y, posteriormente, instalar pozos de monitoreo para analizar muestras del subsuelo. En resumen, estos estudios son bastante costosos.

En cuanto al marco normativo, el experto menciona que, aunque existen regulaciones, su alcance es limitado. En 2015, el Ministerio de Ambiente estableció objetivos para el Ideam, que incluyen la recolección y análisis de datos sobre hidrología y hidrogeología en el país. También hay leyes para fijar estándares de calidad del agua y ayudar en la conservación de recursos hídricos, pero estas medidas han sido insuficientes para controlar la proliferación de pozos de agua en el país y la sabana.

Hasta ahora, las autoridades han localizado 9.000 pozos de agua en el país, cifra que podría ser inferior al número de excavaciones irregulares. En la Sabana de Bogotá, la mayor parte del agua extraída de manera ilegal se destina a fines industriales y floricultura. Para aprovechar este recurso con el fin de satisfacer las necesidades de consumo humano, aún se requiere más investigación.

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Además, la ilegalidad puede estar perjudicando y contaminando este valioso recurso subterráneo. Las extracciones que no cumplen con los estándares pueden introducir contaminantes en el acuífero. Asimismo, los pozos ilegales suelen extraer más agua de la que el acuífero puede reponer, lo que pone en peligro su sostenibilidad. Sin seguir los parámetros ambientales establecidos en las licencias, la explotación de este recurso se realiza sin control, lo que puede tener graves consecuencias.