Pelea por acusación de esclavitud a exFarc enredó expediente de secuestro en la JEP

Un solo delito logró frenar el caso que más había avanzado ante la JEP y encendió una discusión sin precedentes entre los magistrados de la Jurisdicción, las víctimas y los comparecientes. Desde el momento en que la Sala de Reconocimiento le imputó al antiguo secretariado de las Farc el cargo de esclavitud, el caso da tres pasos adelante y uno hacia atrás.

La razón no es menor, pues la esclavitud es una violación grave a los derechos humanos y, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, no es amnistiable.

En diálogo con EL COLOMBIANO, la magistrada a cargo del caso secuestro, Julieta Lemaitre, confirmó que ese delito sí les será imputado a los excomandantes de las Farc y que, ante su resistencia a aceptarlo, el caso pasará así al Tribunal de Paz para que sea este quién decida si lo mantiene así o le da un nombre distinto.

El lío que ha retrasado durante meses los pasos previos a la condena tiene que ver con cómo se interpretan los castigos y trabajos forsozos que le impusieron los excombatientes de las Farc a sus secuestrados.

Mientras que para la JEP se trató de esclavitud, los excomandantes de dicha guerrilla insisten en que se trató de trabajo forzado, trato cruel e inhumano, un delito que tiene una calificación menos grave a la luz del DIH.

El papel de la Procuraduría

Pero la pelea entre la JEP y los comparecientes del caso secuestro no estaba casada desde un inicio. De hecho, los excomandantes sorprendieron a la opinión pública al aceptar cada uno de los delitos que les imputó la Jurisdicción sin chistar o poner reparo sobre alguno de ellos.

El punto de quiebre tuvo que ver con un concepto de la Procuraduría General de la Nación que pidió que cambiaran la clasificación de “trabajo forzado” por esclavitud. Esto, apegándose a testimonios de víctimas que describieron tratos de “inhumanos y esclavizantes” mientras estuvieron en cautiverio.

Así las cosas, la JEP se acogió a lo que pidió la Procuraduría y dejó en firme dicho delito en diciembre de 2021.

Desde ese entonces, los excomandantes y el Ministerio Público han tenido acercamientos hostiles.

De hecho, la Procuraduría emitió un fuerte comunicado la semana pasada en el que le pedía a la JEP que la invitara a cualquier tipo de reunión que se realizara con el exsecretariado de las Farc, pues se había sentido excluida de varias reuniones con víctimas en las que la Jurisdicción las prepara para el reconocimiento de responsabilidades, uno de los pasos más importantes dentro de la Justicia Transicional.

La audiencia clave

La audiencia de reconocimiento en la que los excomandantes aceptarán sus delitos será los próximos 21, 22 y 23 de junio, justo después de que se conozcan los resultados de las elecciones presidenciales.

Esa audiencia pública, en la que participan víctimas y victimarios, es clave porque es el paso final para que el caso avance hacia el Tribunal de Paz, quien finalmente dicta una sentencia.

Pese a que se esperaba que el caso secuestro fuera el primero en ser remitido hacia el Tribunal, los retrasos impidieron que avanzara con rapidez y provocaron que el Caso 03, de falsos positivos, le lleve una ventaja leve al de secuestros, por lo que aún no se sabe cuál de ellos será el primero en avanzar.

Por ahora, fuentes cercanas a los excomandantes le aseguraron a este diario que los exFarc no se acogerán al delito de esclavitud, por lo que esa será una nueva traba en el camino que deberá ser solucionada por el Tribunal.

Si este último decide continuar con esa imputación, los exFarc se tendrían que enfrentar a un juicio adversarial en el que deberán defenderse. De ser hallados culpables, recibirán penas de cárcel de hasta 20 años de prisión.