Procuraduría solicitó al Consejo de Estado no decretar pérdida de investidura a congresistas que donaron a la vaca por Antioquia
La audiencia del caso se realiza desde las 9:00 a.m. de este miércoles 19 de junio ante los magistrados del alto tribunal.
Con una solicitud de la Procuraduría al Consejo de Estado de no acceder a la pérdida de investidura para 10 congresistas demandados por hacer donaciones a la vaca que se ideó para terminar las vías 4G en Antioquia avanza la audiencia del caso desde las 9:00 a.m. de este miércoles 19 de junio.
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El abogado Carlos Mario Patiño, demandante del caso, reiteró la petición a los magistrados de decretar la pérdida de investidura a los senadores y representantes a la Cámara Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrio y Julián Peinado.
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En consideración del abogado, los congresistas incurrieron en una falta al hacer la donación porque ello habría implicado firmar un contrato con la Gobernación de Antioquia. “El contrato de donación se perfecciona cuando el dinero sale del patrimonio del congresista y entra al Departamento (...) que se haya incorporado o no el recurso donado no significa que no se perfeccionó el contrato de donación”, sostuvo en su intervención.
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El demandante también alegó que los parlamentarios deberían perder la curul, incluso si devolvieron el dinero, como dijeron haberlo hecho Turbay, Valencia, Holguín, Espinal, Cadavid y Cabal, o aun cuando no conste registro de la donación con nombre propio, como es el caso de Berrío. Tampoco se salvarían, según dijo el abogado, Peinado, Quintero ni Guerra, aunque sus aportes no fueron hechos o aceptados por la Gobernación de Antioquia.
Finalmente, al pedir al Consejo de Estado que conceda las pretensiones de su demanda, Patiño afirmó que con los aportes no hubo detrás actos de solidaridad o altruismo, sino de proselitismo, en especial en su calidad de opositores del gobierno nacional.
Un dato que hay que recordar es que la vaca nació ante las trabas que había puesto el gobierno de Gustavo Petro de no entregar recursos faltantes para terminar los proyectos de infraestructura, como algunos tramos del Túnel del Toyo, que son de gran importancia para el departamento y otras zonas del país.
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Ahora bien, el segundo en tomar la palabra fue el representante de la Procuraduría, procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, Jaime Díaz, quien solicitó que no se acceda a la pretensión de Patiño, porque en su consideración, tras analizar las pruebas aportadas por las partes, no se configuró la conducta por la cual están señalados. Entre algunos puntos que resaltó el procurador están que la Gobernación indicó que los aportes sí podían ser devueltos por solicitud de los donantes; y que no se comprobó existencia alguna del contrato que alega el demandante.
Además, se escucharon las intervenciones de los apoderados de todos los demandados, quienes reiteraron la solicitud de la Procuraduría a los magistrados de que no se decrete la pérdida de investidura.
Entre algunos de los argumentos que han dado están que no se configuraron ni perfeccionaron contratos entre ellos y la Gobernación de Antioquia; que algunos ni siquiera han hecho el aporte en realidad y que no han recibido ni recibirán contraprestación alguna por haber participado en la vaca, más allá de los mismos que cualquier ciudadano del departamento referente a los beneficios por culminar las vías 4G.
En la audiencia, el único congresista que tomó la palabra fue Julián Peinado, luego de que su apoderado diera a conocer los alegatos de defensa. Dijo que él y los demás demandados no tuvieron otra pretensión que aportar en el desarrollo del departamento. El representante a la Cámara dijo que la demanda es una especie de “instrumentalización del oficio de los jueces para influir en la política”.
Peinado reiteró que son muchos los perjuicios que tendría la no terminación de las obras 4G del departamento, en cuanto a falta de infraestructura, pero también en aspectos económicos y de desarrollo del campo y otros sectores. Sostuvo que tiene la “enorme convicción de la necesidad de estas obras estratégicas” y que por eso hizo el aporte voluntario de forma decidida, sin que mediara en ningún momento un contrato con la gobernación ni intereses proselitistas.
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Ahora, queda esperar a que el Consejo de Estado analice los alegatos que se dieron expusieron este miércoles en la audiencia, para tomar una decisión que se dará a conocer en los próximos días.