¿Cuál es el origen de la desfinanciación que sufren hace varios años la UdeA y otras universidades públicas?

Desde hace varios años en los pasillos de la Universidad de Antioquia se habla del tema de la desfinanciación que vive la “Alma Mater”. Ese es un tema recurrente en las asambleas de cada facultad y en las generales, que organiza el movimiento estudiantil en el teatro universitario Camilo Torres Restrepo y que cuenta con asistencia masiva.

De hecho, la crisis financiera que atraviesa la universidad, que ha llevado a que desde un tiempo para acá se especulara entre varios estamentos que los directivos tenían que recurrir a préstamos para pagar la nómina de la institución, fue el motivo de paros largos como el del segundo semestre de 2018. En esa protesta, por ejemplo, se le pidió al Gobierno de Iván Duque que aumentara el flujo de caja a las universidades públicas del país, para alivianar la situación.

Aunque el entonces presidente Duque aceptó, la medida fue insuficiente. La crisis financiera que vivió el país como consecuencia de la pandemia por covid-19 afectó las universidades públicas. Incluso, la histórica asignación de 70 billones de pesos que hizo el Gobierno de Gustavo Petro para el sector de educación en el Presupuesto General de la Nación del 2024, también parece quedarse corto para alivianar la “deuda histórica” que tienen instituciones como la UdeA.

De acuerdo con lo que le dijo una fuente de la universidad a El Colombiano, el déficit financiero de la institución ronda por los 350.000 millones de pesos. Eso fue lo que llevó a que el mes pasado, por primera vez en 50 años, la Universidad de Antioquia se retrasara en el pago de nómina a sus trabajadores.

Por eso, también, el miércoles 12 de junio el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón salió en un video junto al secretario de Educación de Antioquia y exrector de la universidad, Mauricio Alviar Ramírez, para anunciar que le iba a tirar un “salvavidas” a la institución educativa desembolsando 11.000 millones de pesos, que corresponden con el desembolso que tendría que darle el departamento a la UdeA en los meses de junio y julio.

Ante este panorama, surge la pregunta ¿Cuál es el origen de la desfinanciación de la Universidad de Antioquia y otras Universidades públicas del país?

Para responder a la pregunta hay que remontarse a la década de los 90. En el gobierno del expresidente liberal César Gaviria, Colombia se abrió económicamente al mundo, empezó a adoptar comportamientos neoliberales.

La educación no fue ajena a esos cambios. Así fue como surgió la Ley 30 de 1992, una reforma que buscaba ampliar la cobertura y modernizar el modelo de financiación de las Instituciones de Educación Superior públicas. En dos artículos de esa norma, se estableció el Índice de Precios del Consumidor (IPC), que varía cada año de acuerdo con la inflación que sufran los bienes y servicios, es la base de los aportes que recibe la institución educativa por parte de la nación.

Así quedó estipulado en el artículo 86, de acuerdo con información publicada por De la Urbe, el periódico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. En el apartado dice: “las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993”.

Entre tanto, en el artículo 87 dice que seis años después de la promulgación de la ley, es decir, a partir de 1998, el gobierno nacional iba a aumentar el aporte a la financiación de las universidades públicas en un porcentaje no inferior al 30% del incremento del Producto Interno Bruto del país.

Pero ese dinero no hace parte de la base presupuestal de las universidades. De hecho, esa plata se tiene que repartir entre las 34 universidades del Sistema Universitario Estatal, por lo que la plata que giran no es suficiente para que las instituciones logren cubrir sus gastos, que por lo general superan los ingresos.

Además, en el caso de la Universidad de Antioquia el hueco parece ser cada vez más grande debido a que, por un lado, financia la matrícula completa de muchos estudiantes desde hace mucho tiempo (hubo muchos que estudiaron pagando 1.000 pesos de matrícula por semestre), y por el otro tiene profesores de planta que pro su recorrido y experiencia investigativa ganan salarios superiores a los 25 millones de pesos.

Según indicaron en una asamblea general, el 2023 fue el año en el que ocurrió el aumento de gastos de funcionamiento más alto en los últimos 14 años. Por eso el pedido de muchos estudiantes y profesores de que haya un cambio en el sistema de educación nacional para que las IES públicas puedan escapar de la crisis financiera que las acecha desde hace varios años. Quizá, la reforma que se discute en el legislativo por estos días, pueda cambiar las cosas, ayudar a instituciones como la Universidad de Antioquia.