Así está el mapa que refleja el “control” de las bandas

Cuando se habla de las bandas en los barrios, la creencia popular supone que su influencia en la comunidad es mayor cuando el Estado no está presente con sus servicios. Pero esto no es del todo cierto: sucede que, cuando la institucionalidad aparece en el vecindario, las estructuras criminales responden y redoblan sus esfuerzos de control social.

Este es uno de los principales hallazgos de la investigación sobre el comportamiento de los grupos de crimen organizado de Medellín, realizada por las universidades de Chicago (EE.UU.) y Eafit. El trabajo se titula “La ley de las bandas: entendiendo y contrarrestando la gobernanza criminal”, (el original en inglés es Gang rule: understanding and countering criminal governance).

Al frente del proyecto estuvieron Chris Blattman, economista, politólogo y docente; y el profesor de Ciencias Políticas, Benjamin Lessing, ambos vinculados a la U. de Chicago; por parte de Eafit, el doctor en Ciencias Políticas, Gustavo Duncan, y el director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras, Santiago Tobón. EL COLOMBIANO dialogó con ellos sobre este estudio.

La investigación inició en noviembre de 2016, con la idea de conocer a profundidad la forma como los combos delincuenciales se comportan, cómo responden a las acciones del Estado, se involucran con los vecinos y administran sus recursos humanos y financieros. Su propósito es que, al comprender mejor este fenómeno, los gobiernos puedan formular políticas más efectivas para mitigarlo.

Para adentrarse en estos terrenos, además de las dificultades que implica hurgar en las entrañas de las bandas, los académicos contaron con apoyo de entidades estatales, embajadas, ONG y otras agremiaciones de la ciudad (ver Para saber más).

En compañía de su equipo de trabajo, entrevistaron en prisión y en libertad a cabecillas de 30 bandas, y también a 153 líderes comunitarios y residentes de 108 barrios; así como a múltiples funcionarios de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía.

En 2019 encuestaron a 6.977 personas (4.868 hogares y 2.109 negocios) sobre el tema de “gobernanza criminal”. La encuesta se realizó en 232 barrios de estrato 1 al 4 (224 de Medellín y 8 de Bello e Itagüí, con los que tiene frontera).

Con apoyo de la Alcaldía pasada realizaron un experimento de campo para medir el nivel de “gobernanza” de los combos en respuesta a la intervención estatal. Seleccionaron 40 sectores críticos de Medellín, y durante 20 meses (entre abril de 2018 y diciembre de 2019) la Secretaría de Seguridad coordinó allí una acción especial, con delegados que servían de enlace entre la Administración y la comunidad, oferta de servicios, presencia institucional, atención de quejas, caravanas de la convivencia y reuniones frecuentes con líderes sociales.

Después de este esfuerzo, que en total ha costado cerca de $3.600 millones, ¿qué fue lo que encontraron?

Los hallazgos

Gustavo Duncan destacó que es la primera vez “que se miden los niveles de gobernanza criminal en los barrios, comparados con las funciones que ejerce el Estado”.

La investigación identificó 354 combos en Medellín, desde los más chicos hasta los grandes, la mayoría articulados en 17 confederaciones denominadas “Razones” (el concepto equivale al de los Grupos Delincuenciales Organizados – GDO que usa la Policía).

Como empresas ilegales, tienen un afán de captar dinero con el tráfico de drogas, el sicariato, hurtos, extorsiones y pagadiario, entre otros delitos; pero muchos de ellos van más allá y se involucran en actividades de control social y regulación de la conducta cotidiana de una comunidad.

Así que intervienen en casos de violencia intrafamiliar, riñas de borrachos, escándalos en vía pública, deudas entre vecinos, robos y hasta enredos de faldas. Y los regulan con el cobro de multas, el destierro o la violencia, actuando cual jueces clandestinos. Esto es lo que lo académicos denominaron “gobernanza criminal”.

En la encuesta, preguntaron a los ciudadanos qué tanto actuaban los combos en estos asuntos, y luego preguntaron lo mismo sobre qué tanto intervenía el Estado. Fueron 17 situaciones consultadas, entre las cuales estaban “cuando un esposo golpea a su esposa”, “a alguien lo atracan en la calle” y “un cliente no quiere pagar lo que se le fió en un negocio”.

Según fuera la respuesta (nunca, siempre, casi nunca, casi siempre, etc.), los académicos le agregaban un valor numérico entre 0 y 1; al final, crearon un índice de gobernanza relativo, comparando el grado de acción de los combos con el del Estado en los barrios estudiados. En el mapa construido, si el índice se aproxima a -1 (rojo) hay más intervención de la banda, y si se acerca a 1 (azul), es el Estado el que más se involucra (ver el gráfico).

Al poner estos valores en el mapa de Medellín y sus municipios vecinos, se observa una mayor incidencia de las bandas en las problemáticas cotidianas en la parte alta de la comuna de Villa Hermosa (barrios La Sierra, Las Estancias, Villa Turbay y Villa Liliam); en la frontera de Robledo con San Javier (Olaya Herrera, Blanquizal y El Pesebre); el Doce de Octubre (Picachito y Mirador del Doce); y los límites de Medellín con Bello (París, Maruchenga, Zamora, Playón de los Comuneros y Santa Rita).

En estos sitios hacen presencia las organizaciones “la Sierra”, “el Pesebre”, “París”, “la Oficina del Doce”, “los Triana”, entre otras.

Chris Blattman comentó que los combos hacen este control social por tres razones. “Primero, como una línea de negocios (ingresos por multas, por ejemplo); segundo, porque les gusta el estatus y respeto que eso genera en algunos barrios; y tercero, porque eso los protege de la acción del Estado, promover esa especie de orden, evita que la Policía esté yendo al vecindario a arreglar problemas, y parte de la comunidad los termina protegiendo (al no denunciarlos)”.

El docente añadió que “muchas personas creen que el control de las bandas es señal de un Estado débil, y no es cierto, es la respuesta a un Estado fuerte, ellas controlan para protegerse de la acción gubernamental”.

Después de 20 meses de intervención en los 40 sectores críticos, a pesar de los servicios y soluciones ofrecidos por la Alcaldía, los investigadores constataron que la influencia delincuencial no se redujo. La evidencia recolectada sugiere que, cuando los barrios están más cercanos a casas de justicia o sedes policiales, la protección estatal es mayor, pero al mismo tiempo aumenta la “gobernanza criminal”.

“Esto no significa que las políticas de la ciudad sean contraproducentes. La competencia desde el Estado ‘disciplina’ a los combos, los obliga a reducir la extorsión y la violencia; si la Administración bajara la guardia, las bandas serían más depredadoras de la comunidad”, anotó Blattman.

Según Benjamin Lessing, “la gobernanza de las bandas está embebida en un contexto de poder estatal, es un hueco dentro de una burbuja estatal, y ese hecho la hace distinta del control que ejerce un grupo guerrillero o paramilitar en la selva, el cual no está circundado por el Estado”.

Para el catedrático, la lógica que emplean los ilegales es: “Si se controla bien, la Policía no entra tanto, no hay crímenes para investigar, ni peleas o desórdenes, y la gente no llama a la Policía, porque el combo resuelve los problemas. Manteniendo a raya a las autoridades, los negocios de la banda pueden prosperar”, en particular las plazas de vicio, la venta ilegal de lotes y la extorsión.

Al respecto, Duncan señaló un resultado inquietante de la encuesta: “Apenas el 46 % de los entrevistados dijo que su barrio estaría mejor sin el combo, lo que implica que mucha gente parece estar conforme con la situación”.

Esto se refleja en los frecuentes casos de asonada en algunos vecindarios, cuando los policías intentan hacer cumplir la ley y son maltratados por los residentes, en especial en aquellas zonas donde es más grave el control ilegal.

Propuestas de acción

Frente a esta problemática, ¿qué estrategias deberían implementar las autoridades?

Santiago Tobón estimó que “hay que entender mejor cuáles son los puntos de respuesta del crimen organizado. La típica acción estatal funciona alrededor de judicializar, capturar y tratar de que haya una sentencia, y esto castiga a quien termina condenado, pero manda una señal débil para el resto del crimen organizado, porque típicamente no hay condenados: en la mayoría de homicidios y hurtos no hay condenas, ni siquiera denuncias, y mucho menos en la extorsión”.

Así, con el entendimiento real de sus dinámicas, y aceptando que el fenómeno no se acaba de un día para otro, el Gobierno puede atacar sus puntos débiles de forma más efectiva. “El Estado debe ser capaz de ir tras las rentas principales y disciplinar el uso de la violencia en las bandas, a partir de castigos dirigidos hacia sus finanzas. Por ejemplo, si hay homicidios en un sector, intervenir el mercado de drogas de ahí; eso le hará entender al combo que su renta de droga no va a sostenerse si son violentos, y es preferible un grupo que venda drogas y no sea violento, a uno que venda drogas y también sea violento”, aunque las dos son condenables.

Blattman añadió que una manera de diezmar la capacidad del combo tiene que ver con políticas a mediano y corto plazo, como los tratamientos médicos para los adictos a la droga, “que les afecta su mejor mercado”; y entablar estrategias con las comunidades para que no premien a la banda con su lealtad, sino que la rechacen por el daño que produce a la juventud.

En el trasfondo de la situación, opinó Tobón, persiste el desconocimiento del comportamiento de los grupos ilegales. “La ciudad tiene que pensar la forma como enfrenta al crimen organizado. No estoy seguro si la ciudad sabe cuáles son todas las rentas de los combos, cómo perseguirlas o sus distintas dimensiones. Es un fenómeno que se conoce poco y eso limita la capacidad de respuesta estatal, como en el caso tan complejo de la extorsión, en el que hay una voluntad grande de la Policía, sin las herramientas precisas para contrarrestarla”, dijo Tobón.

La estrategia también pasa por comprender el rol tan importante que tienen las cárceles en la dinámica de las bandas, y apostarle a una fuerte inversión en programas que sí garanticen la resocialización, “aquí hay que hacer un esfuerzo mayor”, indicó.

Lessing opinó que “la lección más importante es andar con paciencia y enfocarse en minimizar los peores males, los atracos, homicidios y en general el tipo de comportamiento criminal que tiene efectos más dañinos para la sociedad. Una política que diga que vamos a acabar los combos de un día para otro, está condenada a fallar o a generar efectos contraproducentes”