Exagentes del Estado a responder por crimen de Bernardo Jaramillo Ossa
La primera entrevista que hice, a los 8 años de edad y con la ayuda de mi padre, fue al futbolista Andrés Escobar. Desde ese día no he dejado de hacer preguntas, ni de amar el periodismo. Soy egresado de la Universidad de Medellín.
La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a 12 personas que estarían implicadas en el homicidio del líder político de la Unión Patriótica y excandidato presidencial, Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990 en Bogotá.
Según el ente acusador, la decisión está sustentada en que existió una alianza criminal entre los hermanos Castaño, jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, ya condenados, y algunos integrantes del extinto DAS, para ejecutar el asesinato.
Jaramillo Ossa, manizalita (1955), asumió las banderas de la Unión Patriótica tras el asesinato de Jaime Pardo Leal, quien era presidente de ese movimiento.
En marzo de 2010, la Fiscalía elevó el crimen del dirigente de izquierda a delito de lesa humanidad, justo cuando estaba a punto de prescribir el caso.
Hoy, 28 años después, el fiscal asignado al caso vinculó a las investigaciones a nueve escoltas del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y tres integrantes de la Policía Nacional, quienes pertenecieron al esquema de seguridad del aspirante presidencial y estarían involucrados en su homicidio, en el Puente Aéreo de Bogotá.
El anuncio de nuevos presuntos responsables del magnicidio y la posible participación de agentes del Estado, según la Fiscalía, está sustentado en “la presunta existencia de un plan de aniquilamiento del nuevo partido; la protección que recibió el sicario el día de los hechos y las aparentes desviaciones que se promovieron con posterioridad, en relación con la investigación judicial”.