Restitución se estancó: solo 1 de cada 10 casos tienen sentencias
La resolución de las reclamaciones de tierras en el departamento está tardando hasta nueve años, alerta informe.
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.
Tan solo una de cada diez solicitudes de restitución de tierras en Antioquia han terminado en sentencias. De un acumulado de 25.890 trámites, solamente 3.415, equivalentes al 13,2% han sido resueltos.
Si bien ese margen está ligeramente por encima del porcentaje nacional –en el que solamente el 10% de las 156.276 solicitudes han llegado a sentencia– el dato da cuenta de que en el departamento hay un profundo rezago en esos procesos, prometidos hace más de una década como una de las iniciativas más importantes para reparar a las víctimas y sanar las heridas que el conflicto armado ha dejado en muchas familias desplazadas.
Este balance quedó plasmado en un reciente informe presentado por la Fundación Forjando Futuros, una de las principales organizaciones no gubernamentales que le hacen veeduría a estos procesos y a donde regresó al antiguo director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina, quien endureció su tono en contra del Gobierno Nacional al referirse a este lío.
“No ha habido un cambio real en las entidades que tienen que ver con la restitución”, dijo Vega, instando a que esos procesos, que comenzaron a moverse desde 2011 cuando se aprobó la Ley de Víctimas y de Tierras, se agilicen.
Estos datos aparecen en medio de un creciente debate por los rezagos de las instituciones del Estado colombiano en la política de restitución de tierras, que en entes como la Unidad de Restitución (URT) han seguido acumulándose pese a ser una de las prioridades del Gobierno Nacional.
Otras alertas
En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo presentó un informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, en el que además de alertar que el mismo viene avanzando a paso de tortuga, señaló que la restitución es una de las tareas más estancadas.
Este retraso no sólo fue asociado por ese ente del Ministerio Público al recrudecimiento de la violencia en varios de los puntos del país (en entre abril y enero de este año han sido asesinados 57 defensores de derechos humanos), sino a la persistencia de la falta de articulación institucional.
“La ruta étnica en materia de restitución de tierras no presenta mayores avances. En la ruta individual, 2.730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda, y hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80% corresponde a adultos mayores, quienes esperan la aplicación del Decreto 1623 de 2023, el cual facilita la continuidad del trámite”, plasmó el ente, al tiempo que señaló que el avance del catastro multipropósito sigue siendo lento.
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De igual forma, en materia de restitución, la Defensoría agregó que de unos 1.500 predios que habían sido ofertados por Fedegán para esa labor, solamente 26 habían sido adquiridos.
A raíz de este panorama, la directora jurídica de la URT, Paula Andrea Villa Vélez, precisó en diálogo con este diario que durante los últimos dos años esa entidad había entregado aproximadamente 116.325 hectáreas de tierra a reclamantes.
Si bien la funcionaria presentó esa cifra como muestra de los avances de esa política, admitió que su implementación tiene problemas por cuenta de la seguridad y de los procesos de negociación con los segundos ocupantes de las tierras.
“Uno de los mayores desafíos en el proceso de restitución ha sido la atención a los segundos ocupantes, generalmente de buena fe y sin relación con hechos de violencia. Si un segundo ocupante tiene como principal fuente de ingreso lo que produce en un predio reportado como despojado, la Unidad no procederá a evacuarlo, pues no tendría sentido generar un hecho victimizante con el fin de solucionar otro. En esos casos se busca negociar con ambas partes una restitución en un territorio diferente, lo que complejiza aún más el proceso”, dijo Villa Vélez.
Puertos preocupan
Al margen de esta discusión, la fundación Forjando Futuros añadió que dentro de los casos sin resolverse más importantes están varias de las reclamaciones de predios cuya ubicación se traslapa con los puertos que se construyen en el Urabá antioqueño.
A pesar de que esos proyectos son vitales para la cadena logística del departamento, desde Forjando Futuros se señaló que los casos de reclamantes tanto en Puerto Antioquia como Puerto Pisisí siguen avanzando muy lento.
Por ejemplo, mientras en Puerto Antioquia hay un caso de una familia que ya ajusta 4 años sin poder tener una respuesta en la fase administrativa; en Puerto Pisisí está el caso de otra familia que, pese a tener fallo, ya lleva 2 años esperando a que se cumpla una sentencia.
Además de sumarle incertidumbre a esos dos megaproyectos, que lograron despegar luego de que se llegara a un acuerdo con los reclamantes, esos largos tiempos de espera también ponen bajo incertidumbre a las víctimas.
De acuerdo con los estimativos de esa fundación, todos estos procesos han hecho que la espera promedio para los procesos de restitución se haya extendido hasta los 9 años, cuando en la Ley de Víctimas habían sido planeados para que no tardaran más de 120 días.