Demandas y puja entre poderes que chocan por el control de la Central Mayorista de Antioquia

La Central Mayorista no solo es el sitio de Antioquia donde más barato le puede salir a uno ir a mercar. También es una especie de reino donde todo es posible: se puede por ejemplo comprar una libra de carne o negociar un hato entero; comerse un plato con pescado con todas las de la ley o ir a pie y salir montado en un carro nuevo.

En el segundo centro de abastos del país –después de Corabastos de Bogotá, y por tanto el regulador de precios más importante de la región– todo marcha como un reloj para que ese engranaje que mueve millonadas de dinero todos los días no se detenga. Por lo menos eso es lo que percibe cualquier visitante desprevenido; sin embargo por debajo corren turbulencias de fuerza tectónica que enrarecen el ambiente en esa micro ciudad por la que todos los días pasan más de 90.000 personas y 12.000 toneladas de mercancías.

Para la muestra, es pertinente mencionar que hay una denuncia penal contra un consejero por supuesto maltrato verbal y psicológico, que las asambleas de copropietarios de 2022 y 2023 están demandas y que la de este año, que se celebró el jueves de la semana pasada también lo sería, según algunas fuentes. Ese 21 de marzo, en la parte final, dos de los asistentes estuvieron a punto de irse a los puños. Fuera de eso, varios asambleístas se hicieron acompañar por sus abogados y, previamente, habían solicitado la presencia de la Personería de Itagüí aduciendo falta de garantías a la hora de votar en los puntos de la agenda.

Detrás de todas esas expresiones de animosidad estaría una puja por el manejo de la plaza, con todo y los 37.500 millones de pesos de presupuesto que planea para 2024, alrededor de 400 plazas laborales en su planta y los contratos para celaduría, parqueo, poda de jardines, mantenimiento e insumos que se requieren para mantener en orden 28 hectáreas que ocupa.

Fuera de eso, existen denuncias por el supuesto manejo privilegiado de los beneficios que ha traído la privatización de zonas comunes que, según las personas que se quejan, se han concentrado en los mismos integrantes del consejo directivo o allegados a ellos.

Hay quien afirma que gerenciar la Mayorista es como ser alcalde de una ciudad –incluido el sueldo– y ser miembro del consejo directivo equivale casi a ser concejal.

De hecho, la Mayorista no ha estado al margen de los avatares de la política. Es más, uno de los consejeros, Evelio Pérez, fue concejal de Itagüí y ha promovido campañas en ese municipio, pero además en el seno de la plaza hizo sus primeros pinitos el hoy representante a la Cámara Luis Miguel López, adscrito a la corriente de los Marianos del Partido Conservador.

En otras décadas allí lo político no era tan determinante. Eran los tiempos en que se decía que ni el viento podía ulular sin que mediara la voluntad de Alirio Rendón, más conocido como El Cebollero. Él dominaba el consejo directivo y, según las autoridades, conformó un cuerpo de seguridad para sacar a las facciones de guerrilla y otros grupos ilegales que extorsionaban a los comerciantes, pero su “pecado” mayor era que, supuestamente, estaba relacionado con la “Oficina”. Por ello, fue condenado, permaneció prófugo varios meses, lo capturaron en 2008 y pagó cerca de diez años de cárcel.

Tras cumplir su condena volvió a la libertad en mayo de 2018 y retornó a la Mayorista a continuar con sus negocios legales manteniendo inicialmente un bajo perfil. Solo que para entonces había otros poderes en la dirección de la Mayorista y aunque también permanecían los viejos aliados de Rendón, ya se habían alinderado al lado de otros intereses.

Por más de una década prácticamente ha dominado una misma corriente en forma consecutiva y la última asamblea no fue la excepción, porque de nuevo resultaron elegidos Pastor González, Nicolás Quintero, Evelio Pérez, Mateo Peláez y Andrés Felipe Urrea.

De los “veteranos” solo se retiró Ignacio Duque, pero fue justamente quien postuló a González, Quintero y Pérez, de suerte que algunas fuentes consultadas consideran que en realidad el representante legal de Mundial de Granos y Panelas sigue siendo un poder detrás del poder en el órgano directivo. Incluso él mismo lo admitió entre líneas en una entrevista con EL COLOMBIANO en la que explicó que la concentración de poder en la Mayorista es reflejo de la cantidad de metros cuadrados que tiene cada copropietario y del esfuerzo del sector tradicional de la economía que se mueve allí por mantener una misma línea de administración para preservar los avances obtenidos en casi 40 años de vida como el único centro de abastos de Colombia en manos de particulares.

Explicó el conflicto actual de la siguiente manera: “Los copropietarios votan por las personas que consideran más idóneas para conformar el consejo de administración y ha habido unas minorías que, invocando su derecho, han tratado de coger protagonismo en el consejo directivo, pero no les ha sido posible, entonces argumentan que no les dan participación”.

No obstante, para Silvia Sierra, quien habla a nombre de esa ala “minoritaria”, lo que ha ocurrido es que los “mayoritarios” se han enquistado y aprovechan su influencia para jalonar decisiones en beneficio propio. Esto se habría visto, según ella, en la privatización de áreas comunes que salieron a la venta y habrían sido compradas por integrantes del mismo consejo o por allegados, y en la aprobación de modificaciones para los bloques.

Pero además, denuncia una contratación por amiguismo y un desorden administrativo que habría llevado a un detrimento superior a $1.700 millones.

Al respecto, Duque aseguró que “esta es tal vez de las copropiedades más auditadas que pueda haber y hasta ahora no han encontrado un solo hallazgo, entonces si tenemos contratistas buenos y responsables no hay motivo para cambiarlos”.

Así mismo, aceptó haber comprado una franja de cuatro metros de la zona de parqueo ubicada frente a su local, pero adujo que no fue por un privilegio sino porque el reglamento estipula que las áreas comunes se dividen entre esenciales y no esenciales, de manera que las primeras se las deben ofrecer exclusivamente a los colindantes: “Nadie más podía comprar porque yo tenía que desplazar la puerta cuatro metros hacia adelante y si (el área) fuera de otro me bloqueaba la entrada, entonces el único opcionado era yo”.

El motivo para que los “minoritarios” demandaran las actas de los dos años previos fue que consideraron que las votaciones habrían sido espurias aprovechando que se hicieron de manera virtual.

En la asamblea de este 21 de marzo, el abogado que los representa dejó constancia de que el Tribunal Superior de Medellín dictó medidas cautelares obligando a suspender las decisiones que se tomaron entonces mientras se produce un fallo de fondo, y por tanto no habían podido citar de nuevo.

Sin embargo, el gerente, Juan Orlando Toro, dijo que “no es la primera vez que la copropiedad se ve sometida a medida cautelares, muchas veces nos ha pasado y las hemos atendido con pólizas o con garantías”.

Este diario trató de hablar con Toro el miércoles pasado pero su jefe de prensa explicó que no podía contestar porque estaba por fuera del país.

Las cifras tras “la joya de la corona”

Las 12.000 toneladas de mercancías que circulan por la Mayorista a diario valen casi $100.000 millones y, considerando que el único día que cierra es el 1 de enero, significa que son 36 billones de pesos.

Este centro de abastos abrió en 1971 y comenzó a privatizarse en 1985. Con el crecimiento continuo su área se volvió insuficiente por lo que el último POT de Itagüí autorizó la construcción en altura, lo cual produjo una valorización por metro cuadrado para los 675 copropietarios. Entre los proyectos en ciernes están un hotel, oficinas, parqueaderos, una torre médica y hasta viviendas para hospedaje de corta duración.