Procuraduría abre indagación previa por posible irregularidad en contrato de chatarrización de Medellín

Por el polémico contrato que firmó la Alcaldía de Medellín con la unión temporal RyM S.A.S. para la chatarrización de vehículos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación premilinar para determinar si hubo detrimento patrimonial.

EL COLOMBIANO pudo establecer que el Ministerio Público le dio un plazo de diez días a la Alcaldía para entregar la documentación que permita establecer las responsabilidades de cada uno de los funcionarios que actuaron en el proceso, que fue denunciado por el concejal Daniel Duque y ampliado en informaciones publicadas por este diario.

La Procuraduría menciona un artículo que publicó este medio el 23 de mayo de este año. En la nota se denunció cómo el costo pactado en el contrato, fijado a 98 pesos por kilogramo de chatarra, pudo generar un presunto detrimento patrimonial. Y es que, según los estudios de mercado, el costo de cada kilo estaba en unos 1.000 pesos. ¿Por qué, entonces, se negoció en un valor tan bajo? Los cálculos apuntaban a que, por esa valoración, la Alcaldía dejó de percibir más de 30.000 millones de pesos. Serían 20.000 toneladas de chatarra que están en los patios de la Secretaría de Movilidad.

Pero eso fue solo la punta del iceberg. Resulta que para la contratación se pidieron requisitos muy específicos, lo que ha dado pistas de un presunto direccionamiento en el proceso. Por ejemplo, se exigió que la empresa a ejecutar el contrato debía tener una Prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll, una máquina muy específica con la que solo contaba la firma que a la postre ganó el proceso.

Pues bien, con esos antecedentes denunciados en estas páginas es que la Procuraduría, a través de la sección Delegada Disciplinaria de instrucción 9, pidió la documentación a la Alcaldía. Entre lo exigido por el ente de control está la certificación laboral de los servidores públicos que suscribieron los estudios y documentos previos del proceso de selección abreviada que derivó en la contratación con la unión temporal. Además, la Procuraduría pidió el nombre del funcionario encargado de administrar la información que se sube al Secop II y quien, a la larga, fue quien aprobó el contrato de manera electrónica.

La Procuraduría, además, pide a la Delegada que exija las pruebas necesarias para seguir con la investigación.

Hay que decir que el primero en poner de manifiesto las supuestas irregularidades en esta contratación fue Alejandro Moncada, que hacía parte del equipo de trabajo del concejal Daniel Duque. El concejal, precisamente, llevó a la corporación el tema y la Personería de Medellín y la Contraloría anunciaron investigaciones. “¡A pesar de las amenazas y presiones seguiré demostrando la corrupción radical de esta administración!”, dijo Duque en su momento.

La defensa

El pasado 15 de octubre, EL COLOMBIANO entrevistó a Rafael Naranjo, el representante legal de la Unión Temporal RyM, la que ganó el cuestionado contrato. Naranjo dijo que iba a denunciar penalmente a Daniel Duque por las acusaciones en su contra y argumentó que se trataba de una discusión política, más no técnica.

Rechazó que en varios medios, incluido EL COLOMBIANO, se le haya tratado como el “zar de la chatarra”, algo que considera peyorativo e inexacto teniendo en cuenta que sus empresas tienen una operación de entre $3.000 millones y $4.000 millones al mes mientras que hay otros jugadores del mercado que mueven diez veces ese monto.

Más allá de la polémica y de las acusaciones de ambos, la Procuraduría tiene la última palabra sobre si hubo o no irregularidades