¿Criminales extranjeros estarían calentando aún más al Oriente antioqueño?

A las ya sabidas avanzadas amenazantes de grupos armados al margen de la ley como el Clan del Golfo, del Eln y de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá hacia el Oriente antioqueño, un nuevo factor estaría completando ese cóctel peligroso que ya deteriora la seguridad de esa subregión y amenaza con convertirla en un escenario de guerra abierta en el futuro. Se trata de la presencia de capos del crimen transnacional.

Esta fue una de las alertas emitidas ayer durante la sesión descentralizada de la Comisión Segunda del Senado que tuvo lugar en Marinilla, para analizar la situación de esta área del departamento.

La reunión estuvo encabezada por los siete integrantes de esa célula del Legislativo y asistieron también el ministro de Defensa, Iván Velásquez, así como los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, lo mismo que las autoridades regionales y locales.

Estaba convocado además el Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, pero no llegó ni envió a ningún delegado, lo cual ocasionó la reacción airada del legislador que propuso esta sesión, Nicolás Albeiro Echeverry. Tampoco fue el gobernador, Andrés Julián Rendón, pero envió como representante al secretario de Seguridad, general (r), Luis Eduardo Martínez.

Las sillas del teatro municipal Valerio Antonio Jiménez se llenaron además de víctimas del conflicto armado y representantes de organizaciones sociales de todo el Oriente que pudieron expresar también sus inquietudes y posiciones.

En medio de la discusión que comenzó casi a las once de la mañana y con dos horas de retraso, se escuchó el temor de que retorne el miedo que se sintió en la última década de la centuria pasada y los primeros años del presente siglo, cuando se exacerbó la lucha territorial entre paramilitares y guerrilla. Fue el tiempo en que buena parte de los alcaldes de esta zona tuvieron que exiliarse y despachar desde Medellín, la autopista Medellín se convirtió en una vía fantasma, los secuestros se hicieron pan de cada día, igual que los asesinatos y los desplazamientos forzados de la población.

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Luego de que la subregión se pacificó, ahora habría razones para pensar en que se avecina una nueva confrontación, pues aparte de que sigue habiendo reductos del Eln, los organismos de inteligencia han confirmado la intención del Clan del Golfo –también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia– de realizar una retoma de las áreas que antes dominaban distintos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fuera de eso, se ha advertido la incursión de bandas del Valle de Aburrá por la disputa del microtráfico y las rentas criminales.

La minería ilegal sería otro combustible que está encendiendo la hoguera, de acuerdo con el secretario de Seguridad de Antioquia.

Pero en medio de la sesión en Marinilla, el investigador de Corpades, Fernando Quijano, señaló la que sería la cereza en este cóctel violento y tiene que ver con la confluencia también de mafias de México, Perú, Canadá, Venezuela Inglaterra, Italia, Suecia, Países Bajos y hasta de Dubái en este territorio.

Y trajo a colación la cantidad de capturas de criminales extranjeros como la de Ángel Josué Velázquez, quien sería el encargado por el cartel de Sinaloa de pagarles a narcos colombianos por cargamentos; de alias El Mono, vinculado presuntamente con la delincuencia en Inglaterra; o más recientemente, de alias Java, un hondureño presunto enlace con la llamada ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, entre otros.

“No lo digo por las comunidades, no lo digo por las organizaciones sociales, lo digo por el territorio: hoy este es un paraíso del crimen transnacional”, sentenció Quijano

Al ser preguntado sobre este tema, el secretario Martínez afirmó no conocer acerca del tema que denunció Quijano. “Nosotros estamos en un trabajo muy articulado con la Policía y sabemos que en el Oriente antioqueño hay presencia del Ejército Gaitanista y de estructuras criminales de Medellín, pero no tenemos conocimiento de esa otra situación”, apuntó.

El ministro Velásquez mencionó que los indicadores de seguridad como homicidios, hurtos y secuestros han mejorado en el Oriente, pero las extorsiones se han salido de madre y eso es lo que ha deteriorado la percepción de seguridad.

En el encuentro se trajeron a cuento casos especiales como el de Sonsón, donde no se ha descubierto por qué pero los homicidios se están disparando hasta llegar a tasas de 55 por cada 100.000 habitantes.

También la alcaldesa de Nariño, Erika Cardona, habló del reciente hostigamiento de los armados en el corregimiento Puerto Venus y de la cantidad de llamadas que están recibiendo los ganaderos para exigirles “vacunas”.

“Se ha perdido el control de la ruralidad y no se pueden atender los llamados de la población de las veredas por el déficit de policías”, dijo la mandataria local.

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También en el recinto se puso de relieve la situación del alcalde de San Rafael, Eduin Aniceto Giraldo, a quien le tuvieron que reforzar el esquema de seguridad debido a múltiples amenazas.

“Ese sería el clamor de la gente, defender nuestro territorio que está siendo tomado por grupos al margen de la ley que traen inseguridad y también zozobra. Y nosotros quisiéramos que nuestro territorio sea un territorio de paz”, expuso por su parte el obispo de la Diócesis Sonsón-Rionegro, Fidel León Cadavid.

El delegado de la mesa de Derechos Humanos del Oriente, Jhon Jairo Serna, pidió declarar al Oriente en crisis humanitaria y que se constituya en un laboratorio de seguridad humana integral.

En varias ocasiones se escuchó igualmente el llamado a aumentar la presencia del Estado, pero no remitida de manera exclusiva al aumento de la Fuerza Pública sino a apuntalar la paz y la convivencia con inversión social. Hubo la queja de que aún cuando 19 de los 23 municipios de la subregión fueron víctimas del conflicto, solo 12 están considerados dentro de las Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) para acceder a recursos especiales en calidad de reparación.

La otra petición repetida fue que las estrategias generales estén más conectadas con las necesidades y las situaciones del territorio y que haya una mayor articulación entre las instancias nacional, departamental y local a la hora de actuar.

Planean consejo con más ministros

El director nacional de la Policía, general William René Salamanca, anunció que el presidente Gustavo Petro pretende incrementar en 20.000 el número de efectivos de esa institución y que, tan pronto eso ocurra, el Oriente antioqueño será un área priorizada para un refuerzo del pie de fuerza.

Además, el ministro Iván Velásquez dijo que promoverá un “consejo de seguridad humana” en esta subregión, en un plazo máximo de 40 días, que cuente con la presencia de otros ministerios, con el fin de analizar las causas estructurales de la violencia y la inseguridad y plantear soluciones desde distintos campos.