“Queremos proteger el patrimonio, no congelarlo”: MinCultura busca soluciones para la crisis del patrimonio en Antioquia

El pasado 19 de junio, EL COLOMBIANO publicó la noticia del colapso parcial de una casa esquinera en Marinilla donde vivió el sacerdote Jorge Ramón de Posada, prócer de la Independencia y cuyo papel fue tan crucial que fue llamado “el Segundo Libertador de Antioquia”.

Dicha vivienda declarada bien de interés cultural y que hace parte del Centro Histórico de Marinilla, está envuelta en un tortuoso lío jurídico luego de que en 1997 la casa sufriera atentados con petardos que iban dirigidos a la sede del partido Conservador del municipio, y estos daños la dejaron el riesgo de ruina, tras lo cual en mayo de 2017 el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia ordenó que la propietaria de la casa, Ernestina Ceballos, a repararla en un plazo de seis meses para salvaguardar el patrimonio del municipio y evitar riesgos a los pobladores. Pero el lío no paró allí y en medio del cruce de reclamos entre la dueña, la alcaldía y el Ministerio de Cultura, parte de la casa se vino abajo hace dos semanas.

Más allá del particular lío jurídico que arrastra, lo que pasó con esta vivienda responde a las mismas problemáticas que padecen los bienes de interés cultural en Antioquia y el país: los laberintos burocráticos para conseguir permisos para intervenciones, la falta de apoyo de entes estatales y la soledad (también la falta de interés en muchos casos) de los propietarios para lograr restaurar y conservar el patrimonio arquitectónico.

Antioquia tiene ocho de los 45 Centros Históricos que existen en Colombia y en los últimos años en estos municipios han desaparecido decenas de inmuebles declarados patrimonio de la Nación.

Tras la publicación de la historia, EL COLOMBIANO habló con Ilona Murcia, directora de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, quien señaló que el Ministerio no desconoce las dificultades históricas que han tenido los propietarios de estos bienes, pero recalcó que sí existen instrumentos para evitar el deterioro y pérdida de estas casas patrimoniales.

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Murcia recordó que los bienes de interés cultural están cobijados por regímenes especiales en los planes de ordenamiento territorial que permiten generar instrumentos financieros como la equiparación predial y de servicios a estrato 1, que tiene como fin aliviar (o eliminar) la carga tributaria y reducir gastos, para que a su vez se pueda reinvertir en arreglos y mejoramiento.

Pero también resaltó que existen otros instrumentos más sofisticados que todavía tienen que explorarse más por parte de los alcaldes, como las transferencias de derechos de edificabilidad, en la que, ante la imposibilidad de construir sobre ese predio cobijado con declaratoria, el propietario puede vender ese derecho de construcción a un desarrollador inmobiliario que tenga un proyecto en otra zona de la ciudad o el municipio y así reciba recursos para hacer intervenciones a ese inmueble de interés cultural.

Esta figura —que en efecto ofrece una solución de fondo para que los propietarios de estos inmuebles salgan del limbo en el que se encuentran, reciban beneficios económicos y puedan conservar estas viviendas— apenas ha empezado a ser ejecutada en las grandes ciudades.

De hecho, aunque este mecanismo figura en el POT de Medellín desde 2014, apenas el año pasado comenzó a ejecutarse como vía para rescatar varias casas patrimoniales en el barrio Prado, lo que sugiere, tal como lo apuntó la directora, que sí falta explorar mecanismos desde las entidades territoriales.

Murcia apuntó también que actualmente el Ministerio se encuentra en la revisión de los Planes Especiales de Manejo y Protección de los Centros Históricos del país —PEMP—.

Los PEMP son los instrumentos de planificación que rigen completamente lo que ocurre en los Centros Históricos y en los inmuebles que los conforman. Establece, por ejemplo, las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes y los mecanismos que permiten su recuperación y sostenibilidad.

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En ese orden de ideas, explicó la directora, lo que se busca es actualizar esos PEPM (calificados por alcaldes y ciudadanos como rígidos y poco prácticos) en instrumentos más ajustados a la realidad social y económica de las ciudades y pueblos actualmente. “Tenemos que proteger esos bienes sin congelarlos”, apuntó Murcia, señalando que esto puede abrir la puerta a cambios de usos y mayores facilidades para que el aprovechamiento de estos inmuebles, efectivamente, puedan reforzar las economías de sus propietarios y de los municipios.

En síntesis, apuntó la directora, las investigaciones de casi tres décadas apuntan a que existe una relación clara entre el mejoramiento en la calidad de vida con la existencia y conservación de estos entornos patrimoniales. Por tal razón, insistió en que habitar o poseer una casa patrimonial o hacer parte de un Centro Histórico no puede ser entendido más como una “maldición” o un “castigo” sino como un privilegio.

Respecto a los casos concretos de Antioquia, dijo estar dispuesta a sentarse con los alcaldes, particularmente en municipios que tienen el panorama más crítico, como Abejorral, para encontrar salidas concretas que permitan revertir esa pérdida acelerada de patrimonio cultural y arquitectónico.

Antioquia tiene Centro Histórico en Santa Fe de Antioquia, Abejorral, Sonsón, Concepción, Rionegro, Marinilla, Jericó y Jardín, todos presentan casos de inmuebles con alto valor histórico y patrimonial en proceso de ruina. En Abejorral, por ejemplo, el último fenómeno de la Niña agravó la situación que padece casi todo el pueblo (el 90% del casco urbano está bajo declaratoria patrimonial, un caso extremo en el país) y puso en riesgo de colapso 150 casas patrimoniales de manera simultánea.

Cansados de tocar puertas, los propietarios en varios municipios, tal como lo ha contado EL COLOMBIANO en diferentes crónicas e informes, han optado por tomar medidas extremas como dejar caer las casas o hacerle el quite a la ley y hacerle intervenciones sin permiso ante la necesidad de habitarlas sin riesgo o de usufructuarse, tal es su derecho como cualquier otro propietario.

De modo que encontrar soluciones urgentes y concretas es indispensable si el país quiere conservar su cada vez más maltrecho patrimonio.