Meritage, un codiciado proyecto bajo amenazas

La parálisis judicial del proyecto Meritage, en la vereda Perico de Envigado, está surcada por una trama de mafia, secuestro y presuntas amenazas de muerte.

Ese lote de 56 hectáreas, sobre el que se edifica un complejo hotelero, comercial y residencial valorado en cerca de medio billón de pesos, es el escenario de la disputa jurídica entre un antiguo extraditado e inversionistas extranjeros.

En los últimos seis meses, las obras en Meritage se detuvieron por las medidas cautelares que, en el marco de una investigación sobre extinción de dominio, aplicó la Fiscalía.

En una orilla de la disputa está Iván de Jesús López Vanegas, un ciudadano de Medellín que, tras haber sido absuelto en segunda instancia en un proceso por narcotráfico en EE. UU., reclama que el predio le fue arrebatado por la banda “la Oficina”.

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El expediente judicial de esta historia comenzó a elaborarse el 03/7/14, cuando López rindió una declaración ante la Dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía, acompañada después por una acción de tutela (N°110012204000 2016 0118300) en abril de 2016 en contra de la Fiscalía y las empresas inversionistas en el desarrollo del proyecto Meritage: Royal Property Group, Sociedad La Palma Argentina y Fiduciaria Corficolombiana.

En ambas diligencias, el reclamante recordó que fue detenido en Medellín en febrero de 2003, condenado en primera instancia en EE. UU. a 23 años por narcotráfico en 2005 y absuelto dos años más tarde con la apelación (26/7/07). Durante esa ausencia, los bienes quedaron a cargo de su hijo Sebastián López Betancourt.

El joven de 24 años fue secuestrado en la capital antioqueña y retenido en una finca del 13 al 16 de septiembre de 2004. Los perpetradores, según el testimonio de Iván López, fueron alias “Morro”, “Mandi” y “Pichi”, quienes actuaron bajo las órdenes de “Rogelio”. Todos ellos eran miembros de “la Oficina”.

Los secuestradores le advirtieron a Sebastián que su padre debía dinero, sin especificar de qué, y antes de liberarlo lo obligaron a firmar un documento en blanco y a estampar su huella digital.

De acuerdo con López, la firma del hijo fue usada para fraguar una venta irregular del lote Santa María de Las Palmas, ubicado en la vereda Perico de Envigado (matrícula inmobiliaria 001-719999).

La diligencia se realizó el 16/9/04 en la Notaría Segunda de Envigado, donde a través de una escritura pública el lote pasó a manos de José Luis Varela Arboleda. Según las pruebas aportadas por el afectado, este hombre resultó ser un vendedor ambulante afiliado al Sisbén, sin capacidad para comprar el predio y quien posteriormente adujo no haber participado en la supuesta venta.

A partir de allí, relató López, comenzó una cadena de ventas y traspasos, con las que la tierra fue subdividida en pequeños lotes y cambió de dueños en múltiples oportunidades, en medio de aparentes operaciones de testaferrato.

Averiguaciones

En sus declaraciones, Iván López señaló que por medio de un abogado le preguntó por su lote a Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), el máximo jefe de “la Oficina”, quien fue extraditado en 2008. Este respondió desde prisión que no sabía de la situación.

En la cadena de compraventas del lote apareció como dueño Héctor Restrepo Santamaría, alias “Perraloca”, un exintegrante de las Autodefensas y presunto socio de la banda, quien se desmovilizó y se fue a vivir a La Florida, EE. UU. López también acudió a él para reclamar el predio.

La cita la consiguió por intermedio del comerciante antioqueño Guillermo Arango, apodado “Gurú”, de quien señaló: “siempre ha estado vinculado con negocios de tierras en Medellín y conoce todos los movimientos de tierra”.

“Gurú” le consiguió un número de teléfono a López, a través del cual concertó la cita con “Perraloca” en diciembre de 2011, en Miami. En la tutela reza que este le ofreció una finca en Cartagena o $10 mil millones para solucionar el lío, pero que la negociación fracasó porque la finca no tenía los papeles al día y además “Perraloca” fue arrestado por las autoridades estadounidenses semanas después.

Luego de estas averiguaciones, López inició en julio de 2014 el proceso judicial para recuperar el bien, es decir, 10 años después de la presunta usurpación. Dijo que esperó tanto tiempo por miedo a “la Oficina”, y que solo procedió al enterarse que las personas involucradas en el secuestro de su hijo habían muerto.

La acción de tutela instaurada por Iván López fue fallada en su contra, mas el juez compulsó copias a la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro para que hicieran las respectivas pesquisas.

Por la Superintendencia, la investigación la asumió su Grupo Interno de Trabajo Jurídico, que realizó la trazabilidad de escrituras del lote.

Para sorpresa, entre las decenas de propietarios apareció en 2006 la top model paisa Tatiana Gil Muñoz, exnovia de Sebastián, hijo de Iván López.

La mujer, después de esa relación, se casó con Guillermo Arango (“Gurú”), quien según Iván López resultó ser comisionista en una de las ventas del lote.

Después de Tatiana Gil, el predio pasó a manos de María Cecilia Uribe Quintero en 2007, y en 2013 fue comprado por los inversionistas que impulsan el proyecto Meritage.

Denuncia de extorsión

En la otra orilla del litigio judicial, están los desarrolladores del complejo Meritage: Sociedad La Palma Argentina, Fiduciaria Corficolombiana y Royal Property Group. El representante de esta última compañía es el estadounidense Angel Seda, quien desde 2007 se radicó en Medellín y ha participado en otros proyectos inmobiliarios y hoteleros en esta ciudad, Guatapé y Cartagena.

Seda indicó que en 2014, cuando ya estaba en marcha el proyecto, con ventas incluidas, comenzó a escuchar los rumores de la reclamación que hacía Iván López.

La situación le extrañó, pues dentro de los trámites legales adelantados para la compra del lote había dos certificaciones de la Fiscalía, que reiteraban la transparencia del bien adquirido.

La primera data del 30/10/07, cuando María Cecilia Uribe (Sociedad La Palma Argentina) les compró la tierra a Tatiana Gil Muñoz y Marcela Rendón Gil; en ese entonces, la Fiscalía de Extinción de Dominio comunicó de manera escrita que ni las vendedoras ni el lote estaban involucrados en investigaciones penales.

El segundo es del 09/9/13, donde la misma Unidad de Extinción de Dominio, en respuesta a un derecho de petición, estudió los registros de 30 personas naturales y jurídicas que aparecían relacionadas con el terreno en el pasado, conceptuando que no aparecían expedientes en curso contra ellas.

Además, los desarrolladores de Meritage cuentan con un Estudio de Títulos de la firma legal Otero y Palacio, que el 23/7/13 emitió un concepto favorable.

De acuerdo con Seda, él fue contactado por Iván López a través de abogados, y este le habría solicitado el pago de $2.000 millones a cambio de desistir de la reclamación. Considerándose un comprador de buena fe en referencia al predio, Seda no aceptó la propuesta.

No obstante, el 10 de junio de 2016 se concretó una cita en el hotel Marriot de Miami, tratando de llegar a un entendimiento.

Según el ciudadano extranjero, la reunión se tornó agresiva: “me dijeron que sus pretensiones subieron a $60 mil millones, también explicaron que ellos tenían grandes influencias en la Fiscalía y me mostraron fotos de mis niños (por celular) y me explicaron que si no pagaba a ellos les podía pasar algo”.

Seda narró también que ha sido víctima de amenazas en otras dos oportunidades, por desconocidos que lo han abordado a la salida de su lugar de trabajo, razón por la cual tuvo que sacar a su familia del país.

Estas cuestiones las radicó en una denuncia por extorsión, formulada el pasado 19 de diciembre en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Al respecto, Iván López se declaró sorprendido.

¿En qué va el proceso?

Con base en las evidencias preliminares, la Fiscalía 44 adscrita a la Dirección de Extinción de Dominio, el pasado 22 de julio resolvió suspender el poder dispositivo y embargar el lote (radicado N°13641), “con el fin de bloquear jurídicamente los inmuebles y no permitir más negociaciones a futuro hasta que se confirmen con probabilidad de verdad las afirmaciones de Iván López Vanegas, quien entre otros debe ser objeto de investigación por sus presuntos vínculos con el narcotráfico”.

Las obras quedaron empezadas, 535 empleados tuvieron que ser despedidos y las pérdidas para los desarrolladores alcanzan los $150 millones diarios, según ellos.

El exvicefiscal Francisco José Sintura Varela, quien actúa como abogado de la Fiduciaria Corficolombiana, instauró un recurso de control de legalidad en septiembre de 2016, pidiendo el levantamiento de las medidas cautelares aplicadas por la Fiscalía. Argumentó, entre otras cosas, que la medida no era razonable ni proporcional y que el ente acusador no tuvo en cuenta que los afectados son adquirientes de buena fe.

“Se presenta una curiosa paradoja: para adquirir (el predio), le pregunto a la Fiscalía si a la fecha de mi pregunta puedo hacerlo con tranquilidad, la Fiscalía certifica que no encuentra razón o investigación activa sobre el bien, ni sobre la cadena de adquirientes; compro el inmueble y después la Fiscalía me dice que sí existía mácula sobre el bien producto de una denuncia tardía sobre hechos ocurridos 10 años atrás, a los que da plena credibilidad, pasando por encima de mi derecho como tercero diligente y adquirente de buena fe (...)”, sustentó el jurista, aportando sus pruebas.

El 20/10/16 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, falló a favor de las pretensiones de la Fiscalía (radicado N° 05000 3120001 201600006).

Entre sus conceptualizaciones, el juzgado señaló que esta instancia procesal no era el escenario para discutir si los desarrolladores eran o no un tercero de buena fe exento de culpa. Ese tema se debatirá más adelante dentro del litigio.

Los afectados apelaron este fallo ante el Tribunal Superior de Medellín (octubre 26 de 2016). En su reclamo, incluyeron un concepto jurídico del exvicefiscal Wilson Martínez, corredactor de la ley del Nuevo Código de Extinción de Dominio. El penalista enfatizó que “las medidas de prudencia aplicadas por la Fiduciaria Corficolombiana fueron superiores a la debida diligencia mínima exigida por la regulación colombiana”.

En la actualidad, las partes están a la espera del fallo del Tribunal sobre esta apelación, mientras el mugre y el abandono se aferran a las estructuras construidas de Meritage.

Angel Seda se lamentó por la inseguridad jurídica del país, “que termina afectando las inversiones de extranjeros, a pesar de que actúen bajo las normas establecidas”.

Iván López ha manifestado que puede probar que compró el lote en 1994 con dineros lícitos, como parte del patrimonio familiar; y los desarrolladores insisten en que lo adquirieron en 2013 por vías igualmente legales.
Hasta el momento, en los estrados controvierten dos actores con sus respectivas posturas jurídicas, cada uno sintiéndose amenazado por la sombra de una banda que hace años pretende quedarse con el codiciado lote