Magisterio anuncia toma de Medellín tras el asesinato de profesor en Yolombó
El jueves 21 de septiembre no habrá clases y en vez de eso realizarán una marcha silenciosa por las calles de la ciudad.
Tras darle el último adiós a su compañero asesinado en Yolombó el martes pasado, Stiven Chalarca, los maestros de Antioquia planean un acto masivo de protesta contra las violaciones a la vida y la integridad personal que afectan a su gremio.
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La llamada toma de Medellín está programada para el próximo jueves, 21 de septiembre, día en que no convocarán a clases y en vez de eso realizarán una marcha del silencio por las principales calles de la capital antioqueña.
El punto de partida será la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) en el centro de la ciudad ((calle 57-Argentina con carrera 42) a las nueve de la mañana.
De acuerdo con su plan, vez de arengar a viva voz, portarán pancartas con consignas que propugnan por considerar a los establecimientos educativos como territorios de paz, el respeto al derecho a la vida y a la labor docente, la dignificación de la profesión magisterial y la eliminación de la violencia contra los docentes.
Fuera de eso, vestirán camisetas blancas y portarán banderines blancos y pancartas alusivas a los motivos de la movilización.
El magisterio oficial antioqueño está conformado por más de 11.600 docentes (64,4% mujeres y el resto hombres).
El asesinato de Chalarca es el único que se ha presentado este año, mientras que en mayo de 2022 se lamentó el macabro crimen del profesor indígena Socio Fernando Domicó, quien fue molido a garrotazos en Dabeiba por sujetos no identificados.
De acuerdo con Yadira Sánchez, delegada de Derechos Humanos de Adida, en el departamento 82 docentes que dependen de la Secretaría de Educación seccional han tenido que abandonar sus trabajos y ser trasladados por situaciones relacionadas con su labor. Algunos han sido objeto de amenazas o sufren otros problemas de seguridad.
Fuera de eso, hay otros once que corresponden a municipios certificados, es decir que manejan de manera autónoma la educación, que también han sufrido constreñimiento (3 corresponden a Apartadó, 2 a Sabaneta, 1 a Envigado, 3 a Bello, 1 a Itagüí y 1 a Turbo).
En cuanto a los causantes de las amenazas, añade Sánchez, la mayoría de las ocasiones en que terminan en el destierro del docente tienen que ver con grupos armados al margen de la ley, en casos en los que terminan sin ser identificados.
“A veces dicen: ‘Tiene tanto tiempo para que se vaya, porque lo suyo ya no es suyo, sino nuestro, o entran a las habitaciones de las profesoras a las malas en las noches”, explica la delegada de Derechos Humanos.
En algunas ocasiones, también las amenazas provienen de padres de familia o alumnos que “hacen llamadas telefónicas o ponen mensajes de WhatsApp y texto”.
La dificultad para mantener a raya el fenómeno radica en la extensión del departamento, y es mucho peor en áreas alejadas de las ciudades.
“Lo que se puede hacer es que las sociedades tengan visible al docente como un ser importante, y a las comunidades como parte importante del país, porque hay territorios donde el maestro es la única presencia del Estado”, apunta.
Stiven Chalarca, cuya muerte precipitó la marcha que se anuncia, fue asesinado de 22 balazos frente a sus propios alumnos y padres de familia, en el colegio rural Guillermo Aguilar.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló al Clan del Golfo como posible responsable del asesinato y ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que lleve a la captura de los homicidas.