La familia que estaría al frente de los contratos en el Hospital General

No es extraño oír entre los conocedores de los temas de administración en Salud en Medellín que el Hospital General es de los Villegas. Se refieren a Óscar Manuel Villegas, un nombre que tal vez no le dice nada a muchos hoy, pero es recordado como subalterno del procurador Orlando Vásquez Velásquez, en los tiempos del proceso 8.000 (proceso por el cual terminó condenado Vásquez Velásquez).

Ahora, en poder de la Fiscalía están las pruebas de lo que sería un engranaje empresarial ligado con la familia Villegas y que controla tajadas gruesas de la contratación no solo en el Hospital General, sino en el Infantil, que hacen parte de la red pública de salud de Medellín.

La denuncia la hizo la veeduría ciudadana Todos por Medellín y será la justicia la encargada de juzgar un acopio detallado de pruebas. Sin embargo, por lo pronto, el impacto del desgreño se hace evidente en la alimentación que se está dando en el Hospital General (ver nota página 4).

El General maneja un presupuesto anual cercano a los $360 mil millones, y el Infantil, de alrededor de $34.500 millones, lo cual muestra la magnitud de los intereses que pueden gravitar entre ambos.

El primer paso en lo que sería esta ‘toma a la contratación’ habría sido la reforma del manual interno para ampliar el rango de contratos que no exigen concurso abierto, sino que se hacen a dedo o por invitación particular. Una práctica que se ha advertido en otras dependencias donde también ha habido denuncias por presunta falta de transparencia en la asignación de contratos para servicios básicos.

Esa primera tarea la lideró el entonces secretario general de la Alcaldía Jhonatan Villada (hoy vicepresidente jurídico de EPM). Él fue puesto como presidente de la junta directiva del Hospital el 4 de febrero de 2020, y el 9 de julio de ese mismo año se modificó un parágrafo del estatuto de contratación para que todos los contratos pudieran adicionarse hasta en un 50% de su valor inicial (o más si tienen previa aprobación de la junta). El 14 de julio se hizo otra modificación para que la junta pueda definir la forma de contratación para compraventa y permuta de bienes inmuebles, entre otras.

El segundo paso del modus operandi sería la ubicación de personas de confianza en puestos claves y, de acuerdo con la denuncia, se ha advertido el intento de maquillar el “parentesco” entre empresas acudiendo al cambio de los representantes legales (ver nota anexa).

Los dos contratos clave

En particular, la veeduría pide que se ponga la lupa sobre dos contratos en los cuales se han hecho más evidentes las presuntas irregularidades —el 103C y 120C de 2020— y que develan la manera de direccionar los contratos.

El primero fue suscrito entre el Hospital General Luz Castro de Gutiérrez y la Asociación Asís, por $13.422 millones para aseo de sus instalaciones, incluyendo el suministro de los insumos para desarrollar la labor requerida, por un periodo de tres años y dos meses, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Inicialmente, el Hospital invitó a Asís, a otra entidad que finalmente no se presentó y a otra cuya propuesta no fue evaluada por no estar habilitada en el Registro Único de Proponentes, donde se corrobora la experiencia de los oferentes en la contratación pública.

La veeduría destaca en su denuncia que los requisitos fueron adaptados para que Asís calificara en el concurso y ganara. Por ejemplo, la anterior licitación que obtuvo en 2018 la firma Salamanca, exigía una experiencia en el servicio de alimentación para hospitales de tercer nivel —como es el General— y se rebajó a centros de segundo nivel, excluyó la condición de que esta experiencia debía estar dentro de los cinco años anteriores y bajó los estándares de solidez económica.

La Asociación Asís había sido creada el primero de abril de 2015 por Cruz Helena y Marleny Serna Arias, hermanas de Flor Mary Serna Arias, la esposa de Óscar Manuel Villegas. El 5 de febrero de 2019 nombran allí como representante legal a Daniela Serna Serna, quien permaneció en el cargo hasta junio de 2020 cuando se eliminaron de la junta a miembros que tuvieran que ver con la familia Serna.

Lo curioso es que desde el 27 de julio de ese mismo año, es decir, dos meses antes de que se le adjudicara el contrato de aseo a Asís, Serna comenzó a figurar en la planta del General como auxiliar administrativa. No obstante ser un cargo de bajo rango, testimonios recogidos por EL COLOMBIANO indican que en este centro no se contrataba personal sin su visto bueno, hasta que salió, el 6 de septiembre de 2021.

Más familia

El otro contrato en el ojo de la veeduría y de la Fiscalía es el 122C de 2020, por $12.466 millones, otorgado a la corporación Ser Colombia para prestar servicio de alimentación en el General entre 2020 y 2023. En este caso, según la denuncia, se cambió la modalidad de contratación mediante licitación pública a convocatoria cerrada y se disminuyó la experiencia requerida. Por esa y otras presuntas irregularidades, la Superintendencia de Salud también tiene entre ceja y ceja al General.

Ser Colombia había sido creada en octubre de 2010 como entidad sin ánimo de lucro por 12 estudiantes universitarios, pero el 25 de julio de 2016 estos renunciaron y desde entonces la representante legal fue Luz María Garcés Maya, asociada de Asís hasta 2019.

Ya en enero de 2017, apunta la veeduría, habían entrado a esta corporación otras personas vinculadas con los Villegas, como su empleada doméstica Marlén Amparo Mesa y el hijo de esta, llamado Daniel, lo mismo que el amigo de la familia Jesús Elián Lopera Medina. Este último aparece en documentos fechados el 27 de agosto de 2020 liderando Casapharma.

Casapharma reportó ingresos por 335,8 millones en 2018, en 2019 al parecer entró en inactividad porque no presentó ingresos, por lo menos en documentos ante instancias oficiales, y en el 2020 cuando empieza su contratación con el General y el Infantil, se ‘disparó’, con ingresos por $1.966 millones.

Contratistas bien ‘alimentados’

Ser Colombia y Asís también han tenido sus microbonanzas en los dos últimos años, coincidiendo con su relación más fluida con estos dos hospitales. La primera pasó de tener ingresos de $2.945 millones y ganancias por $190 millones en 2019 a $3.363 millones de ingresos y casi $573 millones de utilidades en 2020.

Dos firmas más del entramado empresarial de los Villegas son SyC, y Vías e Infraestructuras SAS. Aunque no registran contratos con el General, sí tienen un historial importante de contratos en el sector público. Entre otras cosas, durante la administración de Luis Pérez en la Gobernación, SyC hizo la segunda etapa del hospital de Caucasia ($25.135 millones) y contrató lavandería, alimentos y mantenimiento con el hospital Marco Fidel Suárez de Bello. El primero de estos contratos fue controvertido por la Cámara Colombiana de Infraestructura al considerar que el proceso pudo estar direccionado. Elián Lopera fue representante legal de Vías e Infraestructura en 2019.

Al Grupo SyC le ingresaron $19.245 millones en 2019 y $20.819 millones en 2020, y Vías e Infraestructura, reportó ingresos por $185 millones en 2019 y $321 millones en 2020. En este momento, en una casona al lado del domicilio de SyC y lindando por la parte trasera con la sede de Casapharma, hay un aviso de la Curaduría Tercera que anuncia un desarrollo inmobiliario de 32 viviendas y un local a cargo de esa firma.

Todas las compañías mencionadas han tenido además algo en común: el mismo revisor fiscal y la misma contadora, Luis Eduardo García y Luz Andrea Marín Castrillón. No obstante, cuando este diario se comunicó con el Grupo SyC fueron enfáticos en que no tienen nada qué ver con las demás empresas mencionadas.

Otra arista del negocio de los Villegas fue denunciada en marzo de 2019 por el entonces concejal Bernardo Alejandro Guerra en un debate, cuando habló de que SyC manejó la auditoría del 50% de las cuentas de la EPS Savia Salud en plena época en que Luis Pérez tenía influencia en esta empresa de régimen subsidiado como gobernador de Antioquia.

Cuando este diario trató de conocer la posición de los Villegas frente a los señalamientos que se les hacen, pidieron el cuestionario por escrito y al final de la tarde dijeron que solo hoy podrían atendernos.

Por su parte, el gerente del Hospital General, Mario Fernando Córdoba, aseguró que no ha sido llamado por la Fiscalía “ni tengo conocimiento de denuncia alguna”.

Agregó que todos los contratos se hacen de acuerdo con el manual interno, atendiendo a principios de “experiencia, capacidad administrativa, idoneidad y capacidad financiera, entre otros”.

Y con respecto a la relación que pudiera haber entre su administración y Óscar Manuel Villegas, soslayó que “conozco a varias personas con ese nombre y apellido”