Alcaldía y gremios de Itagüí, “preocupados” por propuesta de sobretasa de Seguridad del gobernador
Para la administración y su Consejo Empresarial, si bien la seguridad es importante, se deben buscar otras alternativas que no carguen más a los ya de por sí expuestos empresarios de la región.
El alcalde de Itagüí, Diego Torres Sánchez, junto al Consejo Empresarial del municipio expresaron su preocupación tras conocerse la reciente propuesta del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, de realizar un cobro adicional a las facturas de energía para así recaudar un tributo destinado a la seguridad del departamento.
Para el mandatario y los gremios, la polémica contribución propuesta por Rendón impactaría directamente a los ciudadanos y a los sectores comerciales y empresariales, los cuales ya tienen bastante carga tributaria pese a sus esfuerzos por generar empleo y desarrollo.
“Itagüí se ha destacado por un modelo de seguridad exitoso y sostenible, que ha permitido ofrecer condiciones de tranquilidad sin generar costos adicionales para la ciudadanía. Este avance ha sido posible gracias al compromiso de nuestras empresas y comercios, que no solo impulsan la economía local, sino que también colaboran en iniciativas que fortalecen la seguridad y el bienestar de todos” comentaron en un comunicado la preocupada alcaldía y los gremios.
Para los implicados, si bien la seguridad en el departamento es importante, también es fundamental buscar soluciones que no representen una carga adicional para los empresarios y ciudadanos.
“Creemos que el trabajo conjunto y la colaboración entre todos los sectores permitirán consolidar un esquema de seguridad sólido y equitativo, que respalde el desarrollo social y económico del departamento sin afectar los esfuerzos que ya realizan los generadores de empleo”, añadieron.
El controvertido impuesto de seguridad que la Gobernación de Antioquia quiere cobrar vía servicios públicos no está muerto. Por segunda vez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acudirá a la Asamblea buscando tener luz verde para recaudar $1,2 billones en los próximos tres años e inyectarlos en su plan de seguridad.
Pese a que en julio pasado esa misma iniciativa ya se había hundido en una caldeada discusión en la Asamblea, Rendón regresó a la carga, argumentando que reunir esos recursos es crucial para la lucha contra el crimen y zanjar múltiples rezagos de infraestructura y equipamiento que tiene la Fuerza Pública en el departamento.
El impuesto, que ya se ha ensayado en otros departamentos como Valle y Atlántico –en este último objeto de una fuerte polémica–, consistirá en una tasa que se adicionará al cobro del servicio de energía para los estratos 4, 5 y 6, así como los clientes comerciales, industriales y oficiales.
A nivel general, la iniciativa sigue conservando los principios de la presentada en julio pasado, que consiste en aprovechar una herramienta que la ley de seguridad ciudadana habilitó para los entes territoriales para gravar servicios públicos domiciliarios.
En medio de la estrechez financiera que afronta la Gobernación, que como cualquier ente territorial no tiene potestad para efectuar cambios en la forma en la que se recaudan los impuestos (como sí lo hace el Gobierno Nacional), la tasa aparece como una nueva fuente de ingresos.
Rendón aseguró que en promedio para un hogar de estrato 4, la tasa podría traducirse en un incremento adicional entre $9.000 y $15.000. El cobro, añadió el gobernador, no tocará a los estratos 1, 2 y 3, que equivalen al 85% de los clientes residenciales, y se estimaría que entre 2025 y 2027 podrían recaudarse hasta $1,2 billones.
La inversión de esos recursos está dividida en cinco frentes principales. El primero consiste en una inversión en tecnología, con la que se busca instalar cerca de 5.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del departamento, por un valor cercano a los $225.000 millones.
Un segundo frente de inversión consiste en la dotación de camionetas, motos, radios y drones para el Ejército y la Policía por cerca de $114.000 millones; y el tercer frente en invertir en mejoramientos de infraestructura en los comandos, estaciones, batallones y demás instalaciones de la Policía y el Ejército, por un valor de $42.000 millones.
En cuarto lugar se proyecta la construcción de una cárcel departamental para sindicados, que buscará sobre todo descongestionar las estaciones de Policía en Urabá, Bajo Cauca y Suroeste —el Valle de Aburrá espera la construcción de la cárcel de San Cristóbal—; y en quinto lugar se propone un proyecto para restauración de placas polideportivas, buscando que estas no sean lugares para el expendio de drogas iguales y otros delitos.
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