En Antioquia van 2.257 máquinas tragamonedas incautadas
Medellín, con 1.532, lidera la lista de municipios con más aparatos decomisados en los últimos cuatro años.
La primera entrevista que hice, a los 8 años de edad y con la ayuda de mi padre, fue al futbolista Andrés Escobar. Desde ese día no he dejado de hacer preguntas, ni de amar el periodismo. Soy egresado de la Universidad de Medellín.
El flagelo parece de nunca acabar. Horas después de un operativo de incautación de máquinas tragamonedas, los ilegales las vuelven a ubicar.
Estos aparatos en los que las personas introducen monedas o billetes y seleccionan figuras esperando que al acertar les multiplique el dinero, son, según autoridades, una de las principales rentas de los combos delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá y bandas criminales en otros municipios antioqueños.
Los operativos no dan tregua, en tanto la ilegalidad arrecia. Del año 2013 a hoy, según reporta Coljuegos, entidad nacional encargada de los juegos de azar, en Antioquia, con apoyo de la Policía, Fiscalía y Gobernación, se han incautado 2.257 máquinas tragamonedas.
De ese listado, los investigadores ponen la lupa en tres municipios a donde tienen perfilados los operativos: Medellín, Bello y Caucasia, territorios en los que proliferan los locales clandestinos y en los cuales se han decomisado 1.873 de esos aparatos.
Legalidad trae ilegalidad
Luis Alfredo Gómez, vicepresidente de Operaciones de Coljuegos, explica que Antioquia es uno de los departamentos que más operación legal concentra en Colombia con casi 13.700 máquinas autorizadas de las 83.000 que hay en el país.
“Donde más hay juego legal, hay más ilegalidad. En Antioquia hay 14.938 máquinas autorizadas, 77 mesas de casino y 295 contratos de concesión, 70 % del total de los de Colombia, pero hallar 2.257 máquinas sin permisos es una cantidad enorme. No hay un solo contrato legal que concentre tantos de esos aparatos”, apunta.
El nivel de denuncia de ilegalidad reportada por la comunidad es otro indicador del creciente flagelo en el departamento. Gómez indica que en Medellín, este año, recibieron 480 mensajes advirtiendo la presencia de locales clandestino; en Bello, 131; e Itagüí, 81. Hasta esos lugares llegaron los operativos de decomiso.
Entre los golpes más contundes propinados por las autoridades este año estuvieron el realizado en el primer semestre en Bello, que arrojó la incautación de ocho locales. En Medellín, entre tanto, en agosto se decomisaron 105 máquinas concentradas en tres locales del Centro.
“A las dos semanas de haber hecho el operativo, ya habían abierto con el mismo número de máquinas. De nuevo las decomisamos y volvieron a operar. Este es el nivel que pone la ilegalidad”, enfatiza Gómez, que insta a esfuerzos institucionales (Fiscalía, Policía, Gobernación, Beneficencia, Coljuegos) para enfrentar el flagelo.
El daño es a todos
La operación ilegal de las máquinas tragamonedas y otros juegos como chance y loterías, de acuerdo con Coljuegos, significa para Antioquia una evasión de 125.000 millones de pesos.
Un local clandestino con máquinas tragamonedas no solo deja de pagar impuestos, que van a subsidiar la salud de los colombianos, sino que en él, la mayoría de las veces, hay menores de edad y eso representa una contravención.
Autoridades de Medellín, Policía y el alcalde, Federico Gutiérrez, han mostrado apoyo para combatir esa modalidad delictiva, pues se considera que es monopolio de delincuentes y fortalece las rentas de los principales cabecillas de las agrupaciones criminales.
Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, considera que la ilegalidad es uno de los principales problemas que tiene el sector: “en la lucha contra este flagelo Coljuegos solo no puede, entonces el objetivo es articular esfuerzos con la Gobernación, Alcaldía, Policía y Fiscalía, para establecer un plan de trabajo y desvertebrar esas organizaciones que operan de manera ilegal y son competencia fuerte para los legales”.
En ese sentido, Rosa María Muñoz, gerente de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte, manifiesta que la ilegalidad afecta a todos los colombianos, “porque los recursos financian la salud de las personas más vulnerables, las del Sisbén”.
La ilegalidad en los pueblos de Antioquia tiene un músculo financiero grande. Por ejemplo, se hace un operativo en el que retiran 110 máquinas tragamonedas y a la semana están las mismas 110 en el establecimiento.
“Son estructuras criminales que tienen la capacidad de reponerlas y eso no podría hacerlo un operador legal”, concluye la señora Muñoz.