Habitante de calle, un alto costo para Medellín

Con la situación del habitante de calle la ciudad no puede llamarse a engaños. Todo aquello que se hace por fuera de una política integral por la recuperación de la vida social y familiar de estas personas, se convierte en una acumulación de frustraciones.

Esfuerzos como el desmantelamiento de las ollas de vicio convirtió el expendio en un asunto móvil, casi imposible de combatir; sacarlos de las “cuevas” los visibilizó en el corredor del río. Desmanteladas las ollas los dejó en la avenida de Greiff, Prado Centro y La Minorista. Incluso de la venta de UNE a Millicom, la alcaldía pasada, buscando salidas a la situación, invirtió en los habitantes de calle $75.000 millones, pero el dinero ni siquiera alcanzó y el problema sigue siendo el mismo.

La alcaldía de Federico Gutiérrez, basada en distintas experiencias internacionales, le apuesta a una política menos prohibicionista y con alternativas de ocupación, retorno de muchas de estas personas a sus familias, hogares de paso o de acompañamiento, respeto por los espacios públicos y privados e incluso a una vida laboral y empresarial.

Al frente de este proyecto está el director de la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, Luis Bernardo Vélez, con quien EL COLOMBIANO abordó la situación y las alternativas de solución.

¿Con qué se encuentran ustedes frente a la atención de habitantes de calle?

“Nosotros encontramos un problema que tenía que ver con un alto costo económico en la atención a algunos habitantes de calle. La administración pasada dispuso de un fondo de 75.000 millones de pesos, producto de la venta de UNE a Millicom, que lo invirtió en el habitante de calle y lo dejó en el fondo, sin recursos, pero el problema sigue ahí”.

¿Cómo se gastaron esos recursos en menos de un año?

“Gran parte se gastó en institucionalizar habitantes de calle a un alto costo económico”.

¿Qué significa institucionalizar a estas personas?

“Significa sacarlas de la calle y ponerlas a cargo de una institución como el Hospital Mental de Antioquia en Bello, Homo, donde hallamos casi a 400 personas, a un promedio de 3 millones 800.000 pesos persona mes, y en otras instituciones, también a altos costos para el municipio. Esa situación es imposible de sostener. Lo hizo la Alcaldía pasada porque contó con esa plata de la venta de UNE y se la tragaron”.

De todas formas, ¿qué harán ustedes con esta población que demanda atención

especializada?

“Lo primero que hicimos fue revisar las instituciones con las que contrataba la administración pasada en términos económicos y de calidad. Hallamos que varias de ellas, no todas, no cumplían con las calidades profesionales para atender a estas personas, además de su alto costo económico, porque todas eran subcontratistas. Solo basta decir que bajamos unas entidades que estaban cobrando 3,8 millones de pesos, evaluamos otras ofertas y nos quedamos con proyectos como la Red de Habitante de Calle y la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín, instituciones que nos reducen los costos casi a la mitad y con una alta calidad profesional. A partir de esta nueva selección iniciamos una campaña para decirles a los ciudadanos que los habitantes de calle no eran ni extraterrestres ni criminales ni ilegales”.

Pero, la gente sigue asociando al habitante de calle con algunos hechos delictivos en la ciudad. ¿Qué tanto tiene esto de cierto?

“No, lo que se considera un habitante de calle tiene que ver o muy poco o nada con los hechos delictivos de la ciudad. Ellos son las víctimas de estructuras criminales complejas como el microtráfico, los jíbaros. Tanto que tras intervenciones frustradas como el desmantelamiento de las ollas el tema de venta o suministro de drogas simplemente pasó de ser fijo a móvil. Es decir, más complejo de combatir para las autoridades y, de paso, más efectivo para el crimen”.

Tampoco es gratuita la imagen que se ha creado sobre estas personas...

“Sucede que en la ciudad se venía trabajando la idea de criminalizar a los habitantes de calle señalándolos de ladrones, violadores y asesinos. Eso ha hecho un daño muy grande en el imaginario social y el mismo habitante de calle que terminó por alejarse de ofertas institucionales tan importantes como las de Centro Día Uno y Dos o lo que denominan patios uno y dos, que quedan por la Minorista”.

¿Han recuperado esa confianza porque aún se ve a estas gentes por todos

lados?

“Claro que hay logros grandes y se los puede ratificar la Iglesia. Hoy Centro Día Uno y Centro Día Dos están copados. En Centro Día Dos tenemos capacidad para 400 y están llegando 420 personas en la noche a dormir. Cuando nosotros llegamos con la nueva estrategia ni siquiera iban 200 a buscar refugio allí”.

¿Por qué es decisivo que ellos confíen en el sistema?

“Porque esa es la base para que nosotros podamos iniciar nuestro propio proceso de intervención, acepten nuestra oferta, al sicólogo a sus familias y poder volver a encausarlos. No tener esa confianza es el mayor obstáculo para intervenir esa población en condiciones de vulnerabilidad. Si ellos no creen en el Estado ni en las instituciones que lo representan esto se vuelve un asunto inmanejable. Resulta que como los habían estigmatizado como criminales y producto de la intervención de las llamadas ollas de vicio toda esa gente estaba regada por toda la ciudad. Nuestra estrategia, de la mano de la Iglesia y otras instituciones, ha sido volver a recuperar la confianza de ellos en la institución, en la Alcaldía, la Secretaría de Inclusión Social, en nuestros funcionarios de calle y la policía inclusive, porque en el modelo anterior se les lanzaba el Esmad para sacarlos de las cuevas y luego desplazarlos de calle en calle”.

¿Con el proceso en este punto, cuáles consideran ustedes son las estrategias a seguir?

“Primero, vamos a tener un grupo de espacio público de veinte personas en dos jornadas de 16 horas al día, sensibilizado, capacitado y articulado con nosotros y la Policía. Con este grupo vamos a hacer una intervención para que los habitantes de calle tengan respeto por el espacio público, por el tema de contraventores y podamos apretar un poco para que ellos acepten las ofertas y no estén tirados en el andén, ocupando el espacio público, aún contra la ley. Lo otro, también está montado el modelo de una primera granja productiva y de resocialización que vamos a iniciar en la semana de Pascua”.

¿Cuál es el sentido de esa granja?

“Con la granja vamos a implementar un proceso de resocialización a unas cien personas, a través de modelo sicosocial y terapéutico o clínico, que se complementa con un modelo de capacitación, creatividad, de estar ocupadas todo el tiempo, de formación para el empleo en asuntos agrícolas y pecuarios. La idea es montar tres granjas este año. La primera está localizada en el corregimiento de San Cristóbal y la permanencia allí será temporal.”

¿Qué instituciones aportarán con su trabajo en las granjas?

“Ratifico que trabajamos en un proceso sicosocial y clínico para un tipo de paciente como el habitante de calle, pero igual tenemos un modelo en acompañamiento con la Secretaría de Medio Ambiente, la Iglesia, organizaciones sociales y ambientales, animalistas y de protección de animales. Al habitante de calle se le entregará un animal de compañía o mascota para que lo cuide, en las granjas habrá gallinas, huertas caseras, cultivos, frutales para que trabajen con ellas y puedan interactuar todo el tiempo. Esa experiencia ha dado grandes resultados en este tipo de procesos”.

Usted como médico, ¿sí cree que es posible recuperar a un grupo alto de estas personas con unos problemas tan complejos de drogadicción, con un desarrollo personal en la ruina y, muchas veces, sin control de sí mismos, a través de un proceso de resocialización...?

“No podemos llamarnos a engaños, ni podemos engañar a la sociedad ni arruinar el fisco municipal insistiendo en que unas personas con hábitos de drogadicción tan altos y consumiendo drogas cada vez más superadictivas vayan a salir fácilmente en un proceso de rehabilitación de drogas. Eso, para mí, es casi imposible, se nos tragaría toda la plata que la ciudad destine para ello, como se la ha tragado, con muy malos resultados. Nosotros estamos cambiando de un modelo prohibitivo a uno menos prohibitivo”.

Es decir, ¿permitirles consumos moderados?

“El prohibitivo es que a vos te cogen como habitante de calle, te meten a una institución y empiezas un tratamiento de: no tome tinto, porque le da ansiedad; ojo con la Coca Cola, porque tiene problemas; cuidado con un bareto, porque se va al abismo... Entonces, qué decisión toma el enfermo, se escapa. Estamos cambiando ese modelo absolutamente prohibitivo, porque creemos que no ha dado resultado”.

¿Qué puede dar resultado?

“El objetivo es pasar a un modelo de acompañamiento, de trabajo menos siquiátrico y clínico, a un modelo más sicológico, sicosocial e integral que involucre la familia. Usted no se imagina, hicimos un estudio con instituciones y se comprobó que el 67 % de los habitantes de calle aún tienen nexo con sus familiares y, por ello, es importantísimo el acompañamiento familiar”.

¿Por qué le da tanto valor a ese estudio?

“Es que si usted tiene ese porcentaje tan alto de vínculo familiar uno puede lograr, en una segunda etapa de este proceso, que estas personas regresen a casa. Incluso así se llama el segundo programa que tenemos: Volver a Casa. Que muchas de estas personas puedan lograr una integración a unos círculos familiares o comunitarios que los rodeen con su protección y que los acompañen tras el egreso es clave. Las granjas productivas no pueden ser granjas definitivas. En promedio calculamos que, máximo, deben estar seis meses. Después de salir de las granjas pretendemos que quienes superen esta etapa puedan salir o a articularse con su familia o articularse a unas casas de egreso donde pueden ubicarse varios de ellos. Estamos trabajando este modelo con la Iglesia y vamos bien. Es clave que ellos tengan un círculo de protección y acompañamiento, en los casos donde no funcione el círculo familiar”.

¿Qué experiencias los llevan a pensar que este modelo puede funcionar?

“En experiencias europeas conocidas como casas de egreso y protección. Estas han dado excelentes resultados. Nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo menos prohibicionista y trabajar con un modelo, que ya muchos países lo están haciendo, como es el de la mitigación del riesgo y el daño. En otras palabras se habla de centros de consumo regulado y nosotros tenemos que llegar allá. Nosotros engañaríamos a la sociedad y al erario público al decirles que una persona con una adición crónica es fácil de rehabilitar. Para mí, insisto, el resultado es casi nulo. ¿Qué es lo que hacen en Canadá, Dinamarca, Estados unidos? Crean unos centros donde se trabaja con una proyección de disminución del riesgo para ir bajando las drogas de alto daño, con un seguimiento médico, a unas drogas de bajo daño, como la marihuana, que la están legalizando en todas partes, en eso tenemos que ir cambiando ese enfoque”.

¿Y la Iglesia acompaña ese proceso?

“Al menos considera ponerlo en discusión. Por ejemplo, en una granja nosotros no suministraremos droga, pero tampoco podemos expulsar a una persona que busca un proceso de reencuentro con una vida normal, porque lo sorprendamos consumiendo un pucho de marihuana”.