Fiscalía pidió archivar caso contra Julián Bedoya por su diploma de abogado

La Fiscalía General de la Nación solicitó este martes de forma oficial la preclusión del caso que ha tenido en el ojo del huracán al exsenador y precandidato a la Gobernación, Julián Bedoya, por presuntamente gestionar todo un fraude institucional para obtener su diploma como abogado de la Universidad de Medellín.

La solicitud fue sustentada por el fiscal delegado Fernando Augusto Arias Velásquez ante un juzgado penal de Bogotá, ante el cual argumentó que el material probatorio en contra de Bedoya no constituiría un delito.

A través de una audiencia que comenzó hacia la 1:30 p.m., el ente acusador sostuvo no encontrar asidero en las acusaciones que fueron formuladas contra el exsenador y expresó al juez que lleva el caso ver pertinente que el mismo desestime, al no encontrar hechos que dieran cuenta de la comisión de un delito.

A lo largo de su exposición, el fiscal comenzó haciendo un recuento cronológico del caso y sintetizó en varios puntos principales los señalamientos que recaen sobre Bedoya Pulgarín.

En primer lugar recordó que, de acuerdo con las denuncias que hacen parte del proceso, se señala a Bedoya de irregularidades cuando reingresó en 2018 a la Universidad de Medellín, expresadas en puntos como que esa solicitud fue evaluada por el Consejo Académico y no por el Consejo de Facultad.

Así mismo, recordó que el precandidato es señalado de verse beneficiado por actas de evaluación que presuntamente se habrían firmado en blanco y luego adulterado, así como irregularidades en la presentación de los exámenes de suficiencia, cuyos tiempos no cuadrarían con los reglamentos de la universidad.

También recordó que el exsenador es señalado de tener un presunto trato preferencial por parte de esa universidad y que, con base en esas inconsistencias, habría podido recibir su acta de grado y presentarla ante el registro nacional de abogados para ejercer su profesión.

Sobre las presuntas irregularidades en el reingreso de Bedoya, el fiscal consideró que dicho proceso habría sido surtido con base en el reglamento de la universidad.

Sobre si el Consejo Académico era competente para autorizar ese reingreso, el servidor planteó que, de acuerdo con la norma, el Consejo de Facultad no era el encargado del caso, sino el Académico.

De acuerdo con su versión, mientras el Consejo de Facultad se encarga de los estudiantes que se han retirado de la universidad hace cinco años o más, el Académico se encargaba de los casos especiales, dentro de los que se enmarcaría Bedoya Pulgarín.

“La Fiscalía encontró plenamente acreditado el trámite de reingreso del señor Julián Bedoya”, dijo el fiscal.

Sobre un presunto trato preferencial para Bedoya, el fiscal también consideró errada esa interpretación y sostuvo que la forma en cómo su caso se llevó se vincularía con una política institucional de la Universidad de Medellín asociada con la búsqueda de su acreditación de alta calidad.

Bajo esa óptica, dijo el fiscal, la universidad flexibilizó las condiciones para acompañar a sus estudiantes que no habían terminado sus estudios y ya estaban trabajando para mejorar su puntaje en esas mediciones, lo que explicaría las facilidades que tuvo Bedoya para obtener su título presentado suficiencias.

Así mismo, el fiscal aseguró que, con base en pruebas grafológicas e interrogatorios realizados a varios docentes de la universidad, ese ente pudo constatar que los exámenes con los que Bedoya obtuvo su título sí se habría realizado y las actas no fueron adulteradas.

Las audiencias continuarán el 4 de julio con la intervención de las partes declaradas víctimas. Un día después será el turno del Ministerio Público y el 11 de julio intervendrá la defensa de Bedoya.

Recuento de un escándalo

La decisión de la Fiscalía no solo llamó la atención por ir en dirección opuesta a una investigación que ya adelantaba la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (que perdió la competencia del caso), sino por aparecer como un regalo caído del cielo para Bedoya, que desde hace varios meses viene volcando toda su maquinaria para pavimentar su aspiración para la Gobernación de Antioquia.

La consideración del juez no se proyecta fácil, sobre todo si se pone la vista en los antecedentes del escándalo, que en 2019 le costó el cargo al exrector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié, y lo puso a afrontar un juicio por el delito de falsedad ideológica en documento público, junto a otros tres exintegrantes de esa misma institución de educación superior, identificados como Juan Felipe Hernández, John Mario Ferrer y Yolanda Cossio. Todo este grupo, dicho sea de paso, imputados por la misma Fiscalía en aquel momento.

Más allá de esos procesos, que avanzan de forma independiente al de Bedoya, el principal reto de la Fiscalía será el de controvertir las pesquisas que ya venía realizando la Corte Suprema, que en sus primeras indagaciones ya había sacado a flote delicadas pistas.

Dentro de esos indicios, por ejemplo, los togados encontraron actas de aprobación firmadas por una sola persona (cuando deberían ser aprobadas por tres), documentos que indicarían que el exsenador supuestamente habría presentado en un mismo día hasta tres evaluaciones para homologar sus estudios (algo sospechoso por la alta complejidad de las pruebas) y testimonios orales que aludirían a un supuesto trueque entre Bedoya y altas cabezas de la Universidad de Medellín, que habría determinado presuntamente la entrega de su diploma.