Esto sigue en el proceso penal contra el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria

El proceso en el cual se inscribe la investigación contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, está regido por las normas del antiguo Código Penal (Ley 600 del 2000), pues las presuntas irregularidades habrían comenzado antes de 2005.

Ese código, de acuerdo con los expertos, se basa en un sistema inquisitivo, en el que, por principio, es el sindicado el que debe demostrar su inocencia, por lo que la carga probatoria recae en gran medida sobre él y su defensa; es diferente al nuevo sistema penal (Ley 906 de 2004), de corte garantista, en el que es la Fiscalía la que debe comprobar la culpabilidad y sobre ella recae el peso de obtener las evidencias.

Una de las características de la Ley 600 es que el fiscal tiene el poder para decretar la medida de aseguramiento, distinto a la Ley 906, en la que esa solicitud debe ser aprobada por un juzgado de control de garantías, el cual es finalmente el que emite la orden de captura o no.

En el caso en cuestión, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia inició una indagación preliminar contra Gaviria, por hechos ocurridos durante su primer periodo como gobernador (2004-2007), relacionados con presuntas irregularidades en la contratación para construir una vía conocida como la Troncal de la Paz.

El pasado mes de abril citó al político a un interrogatorio, como parte de esas averiguaciones iniciales. En el procedimiento, Gaviria dio sus explicaciones y entregó los documentos solicitados.

Este viernes, la Fiscalía decidió dar un paso más y expidió una medida de aseguramiento. Esto implica que el mandatario deberá ser suspendido del cargo por parte del Presidente de la República, quien elegirá un reemplazo temporal, mientras Gaviria continúa el proceso con detención domiciliaria.

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Esto es importante aclararlo, porque en algunas redes sociales se publicó que el gobernante sería llevado a la cárcel, lo que por ahora no ocurrirá.

Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, le explicó a EL COLOMBIANO cuáles son las etapas que siguen, teniendo en cuenta los procedimientos del antiguo - pero aún vigente - sistema penal.

“Con la medida de aseguramiento, el fiscal definió la situación jurídica del sindicado, continuando el periodo de investigación del proceso o de instrucción sumarial”, señaló. Para tomar esta medida, el funcionario solo necesita un indicio o un testigo.

Después, el ente acusador tiene entre 30 y 60 días (según la cantidad de implicados en el caso) para acopiar algunas pruebas, que le permitan tomar la siguiente decisión.

En ese momento del caso, al final de la investigación inicial, el fiscal tendrá que hacer una calificación de la etapa sumarial, que puede ser de dos vías: 1). Acusa formalmente a Gaviria, ante la Corte Suprema de Justicia; 2). Declara un sobreseimiento del caso, es decir, desiste de la acusación y el expediente se archiva en consecuencia; esta última decisión puede darse ante la eventualidad de no tener evidencia suficiente.

Si lo acusa, comenzaría una etapa de juicio ante la Corte Suprema, que es el juez natural de los aforados en Colombia, lo que incluye a los gobernadores (artículo 235 de la Constitución Política). Dicho juicio tiene a su vez etapa probatoria, de alegatos jurídicos y, finalmente, viene el fallo de la Corte: absuelve o condena.

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¿Qué puede hacer la defensa?

Arrubla indicó que, de presente y hasta el último momento, se presume la inocencia de Gaviria. Por ahora, su defensa tiene la posibilidad de controvertir esta decisión de la Fiscalía, de dos formas: 1). Mediante un recurso de reposición, que se expone ante el mismo fiscal que impuso la medida de aseguramiento; 2). Una apelación, que se instaura ante un superior, que podría ser el Vicefiscal o el Fiscal General de la Nación.

Desde la Gobernación de Antioquia informaron que el líder político está reunido con sus asesores, analizando cuál será la estrategia de defensa.

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