Oficial: EPM pidió más tiempo ante la Creg para el encendido de Hidroituango

A 17 días de cumplirse el plazo que EPM tiene ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para generar energía en Hidroituango, el gerente de la empresa, Jorge Andrés Carrillo, hizo oficial el pedido de más plazo para el encendido de las dos primeras turbinas del proyecto hidroeléctrico.

Así lo dio a conocer Carrillo mediante una misiva dirigida a Jorge Alberto Valencia, director ejecutivo de la Creg, en la cual expresó: “Solicitamos que se amplíe la fecha límite de entrada en operación de las dos primeras unidades del proyecto, que cubren las obligaciones de energía en firme, por el tiempo necesario para atender nuevos requerimientos fijados por las autoridades”.

En el documento de dos páginas, con fecha del 10 de noviembre y concepto de urgencia, el gerente deja de presente que el compromiso de EPM con la Creg está fijado para el próximo 30 de noviembre, tal cual quedó estipulado en la Resolución 194 de 2020. Y aunque dice que el cronograma de obra avanza sin retrasos, los pedidos realizados por varias instituciones implican una prórroga de tiempo.

En la carta conocida por EL COLOMBIANO se lee: “Si bien los montajes de obra avanzan sin retrasos, es importante informarle que EPM ha recibido nuevos requerimientos (...) que le imponen cumplir una serie de obligaciones y actividades que hacen previsible un desplazamiento del cronograma que no es imputable”.

Pese a las salidas ambiguas del alcalde Daniel Quintero, quien en días pasados manifestó que el proyecto podría entrar a operar este 15 de noviembre o que ya había llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional para ganar más tiempo, solo hasta este domingo se formalizó el pedido ante la Creg, con la cual EPM tiene compromisos millonarios.

En la misiva, el gerente Carrillo enumeró las obligaciones que justificarían la ampliación del plazo ante esta comisión. Mencionó, primero, los pedidos por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quienes han sido tajantes al exigir la evacuación de 5.000 personas entre Puerto Valdivia y Tarazá, una vez el proyecto entre en operación.

Luego, se refirió al pedido de la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (Anla), organismo que el pasado 8 de noviembre le dio a EPM un mes para actualizar el plan de contingencia para la entrada en operación de las dos primeras unidades; además del pedido de la Procuraduría de adelantar simulacros de evacuación —como el que tendrá lugar este martes— previo al encendido del proyecto.

La comunicación, que fue remitida con copia al presidente Gustavo Petro, a la ministra Vélez y la procuradora delegada para el particular, Tatiana Oñate, concluye: “Igualmente, deberá evaluarse el impacto que estos mismos requerimientos pudieran tener en el cronograma de las unidades 3 y 4. Estaremos dispuestos a reunirnos con la comisión, si lo estima pertinente”.

El pedido en cuestión era reclamado desde hace días por parte de la Gobernación de Antioquia y la Sociedad Ituango, propietaria del proyecto, pues para dichas entidades era imposible cumplir con el encendido del proyecto el 30 de noviembre: las pruebas técnicas, además de los pedidos de evacuación, así lo proyectaban.

Cabe recordar que lo que está en juego no es menor: en caso de un incumplimiento, EPM tendría que responder por una sanción que llega a los 190 millones de dólares. Además, perdería el cargo por confiabilidad, lo cual representaría un valor cercano a los 65 millones de dólares durante 18 años.

Ya en años pasados la empresa ha tenido que afrontar garantías de este tipo por los incumplimientos de generación ante el sistema energético nacional. Así ocurrió en 2019, cuando tuvo que responder por una garantía bancaria de 43 millones de dólares.