Antioquia

¿EPM, ante un hueco financiero de 5 billones de pesos?

La incertidumbre de una multa por la Creg, más el pago de la deuda al BID y las malas inversiones pueden poner en cifras rojas las finanzas del conglomerado público.

28 de octubre de 2022

Esta semana EPM presentó el balance de ingresos para el tercer trimestre de 2022 y mostró un volumen de entradas bastante interesante: 23,6 billones de pesos. Se trata de una cifra importante; sin embargo, eso no quiere decir que la salud económica de la empresa esté bien. Por los pasillos del edificio inteligente se dice como un secreto a voces que llegó el momento de apretarse la correa, porque como dice el dicho, el palo no está para cucharas.

Hay que aclarar primero que los datos que entregó EPM corresponden a su contabilidad, pero no hablan del futuro del conglomerado. Para explicarlo mejor, hay que aclarar que una cosa es la rentabilidad y las ventas de una compañía y otra es la liquidez. El economista Luis Guillermo Vélez afirma que “los negocios entran en crisis por la liquidez, se quiebran por falta de caja”.

Quizá el descalabro para las finanzas de EPM empezó con el pago de la deuda al BID Invest que hizo la empresa —por orden del alcalde Daniel Quintero— por un valor de 450 millones dólares, casi 1,7 billones de pesos según el cambio de la época.

Para todos fue una sorpresa, incluso una bravuconada, pues en su momento se conocía que en la banca multilateral estaban preocupados por todo el ruido alrededor del cambio de contratista.

Además de ese guarismo, hay que contar la adquisición de Afinia por cerca de 1,6 billones de pesos, un negocio que no termina de estar bien parado en el Caribe y que ha significado varias inyecciones de capital, sin contar con que el gerente de esa filial, Javier Lastra, ha sido denunciado varias veces por el alcalde William Dau, quien lo señala de corrupto. Hay que recordar que Afinia fue un chicharrón que tomó EPM a cambio del apoyo del Gobierno de Iván Duque para la línea del metro de la 80, proyecto bandera para Quintero.

Pero lo que tiene a todo el mundo con los pelos parados es el fantasma del comienzo de operación de Hidroituango, porque EPM tendría que pagar 190 millones de dólares por garantías —con un dólar por las nubes— si no cumple con la fecha del 30 de noviembre para la entrada en escena de las dos primeras turbinas de generación, y dejará de recibir pagos de confiabilidad por 990 millones de dólares en 18 años, en tanto que desde hace varios años se están haciendo cuentas alegres con esa plata.

El asunto es tan delicado que algunos miembros de la Junta Directiva de EPM ya le habrían pedido al alcalde Quintero que piense en bajarle a las transferencias que la empresa le está entregando al Municipio —en lo que va de la alcaldía actual ya van en más de 4 billones de pesos—; sin embargo, este les habría contestado que esa fórmula solo sería aceptable para 2024, es decir, para cuando inicie un nuevo gobierno.

Quizá esto ya se veía advertido desde hace varios meses. Y es que esta semana EL COLOMBIANO reveló una carta en la que el alcalde Quintero le ponía varias condiciones a la Nación para apoyar el proyecto del Tren del Río, y entre ellas se lee “que las transferencias que recibe el Distrito de EPM no se vean reducidas como consecuencia de los cambios en las tarifas o por ajustes patrimoniales asociados a activos como la participación de EPM en UNE”.

A esto el Ministerio de Transporte le respondió que el Gobierno no es el competente para solucionar situaciones relacionadas con los recursos que aportará cada cofinanciador.

Parece que Quintero quiere asegurarse ese dinero pase lo que pase, y seguro está contando con que por cuenta de la reducción de tarifas EPM dejaría de recibir 340.000 millones de pesos.

Sobre el monto de las transferencias que se han hecho hasta el momento en este gobierno, el economista Vélez escribió en su blog: “Esto jamás lo habría hecho un propietario prudente a una empresa que estaba enfrentando uno de los mayores desafíos de toda su historia, la recuperación de Hidroituango, y estaba asumiendo la más grande expansión individual de su negocio de distribución, con Afinia”.

Ahora se entiende por qué en EPM y en la Alcaldía están pegados de todos los santos para que la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) no los multe y, además, sería la razón de que la empresa se demorara tanto para subirse en el tren de bajar las tarifas de la energía.

“Están buscando por todas partes qué vender para aliviar la caja, que no está tan bien”, dijo una fuente. El susto no es para menos, el hueco en las finanzas llegaría a más de 5 billones de pesos.

Pese a que el fantasma de un multimillonario golpe financiero sigue asechando a EPM si no enciende Hidroituango antes del 30 de noviembre, el gerente Jorge Andrés Carrillo le subió ayer el tono al Gobierno Nacional y aseguró que la empresa hará las pruebas adicionales sobre hidroeléctrica así no tenga el visto bueno del Puesto de Mando Unificado (PMU) coordinado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aunque el gerente se mantuvo en la versión que ha entregado recientemente, según la cual, en caso de salir todo perfecto, la primera turbina se podría encender el 15 de noviembre y la segunda diez días después (el 25 de noviembre), aseveró que la empresa no necesitaría de la opinión de la Nación para decidir si se toma más días para ponerlas a funcionar.

“Las pruebas se van a hacer todas, diga lo que diga quien lo diga”, dijo. “El cronograma que está informado, que es el 15 y el 25 de noviembre, corresponde a si todas las pruebas salen de manera perfecta. Pero este es un proyecto que ya tuvo un siniestro, donde quisiéramos tener más holgura para poder tener unas pruebas, pero eso, nos lo den o no nos lo den, vamos hacer las pruebas completas”, agregó ayer un Carrillo desafiante.

Las declaraciones del gerente contrastan con las entregadas por el propio alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que admitió que EPM sí veía en ese PMU una salida para un incumplimiento ante la Creg .

“Si hay que hacer pruebas adicionales por el nivel de riesgo del proyecto eso se iría más allá del 30 de noviembre”, dijo. “Citar el PMU permite que esa decisión de pruebas adicionales sea una decisión de riesgo y por tanto en este caso no aplicarían sanciones”, planteó Quintero a mediados de este mes.