IV Brigada se blinda contra la corrupción

La contratación y la expedición de permisos para armas en la Cuarta Brigada están en el ojo del huracán, por cuenta de una investigación judicial que ha salpicado a exoficiales de esa unidad militar comprometidos en una presunta red de corrupción.

Aunque el expediente de la Fiscalía se concentra en hechos de 2016 y 2017, el escándalo estalló este año, impactando no solo a los implicados, sino también la reputación del Ejército en general.

El pasado 1 de agosto el Concejo de Medellín le concedió a la brigada la Orden al Mérito Don Juan del Corral en grado oro, en conmemoración a su centenario, lo que levantó polémica en el cabildo y en varios círculos de opinión, pues la distinción se dio en momentos en los que la transparencia de los uniformados se ha puesto en entredicho.

El general Juvenal Díaz, actual comandante de la Cuarta Brigada, se refirió al tema en diálogo con EL COLOMBIANO y aseguró que, si bien no estuvo cuando se cometieron los presuntos actos de corrupción, ha tomado medidas para prevenirlos a futuro.

El Concejo condecoró a la Cuarta Brigada (CB) la semana pasada, pero el acto fue cuestionado por algunos sectores, ¿qué pasó?

“Hay investigaciones sobre unas personas que trabajaron en la Brigada hace dos años, la mayoría ya retirados del servicio y otros que están en otras unidades. Entonces, se genera la noticia de ‘corrupción en la Cuarta Brigada’ y ‘se está investigando a la Cuarta Brigada’, y resulta que a nosotros no nos están investigando. Mi general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Brigada el año pasado, tomó medidas para frenar esas prácticas, si se estaban presentando; también el Gobierno las tomó y yo he tomado otras para evitar que eso suceda. Quisiera aclarar que son hechos de hace dos años y que no se está investigando a la CB, sino a unos exmiembros que presuntamente – porque tienen derecho al debido proceso – cometieron unos delitos. Y ese tema lo mezclaron con la condecoración, que es para una Institución que cumple 100 años (...), de la cual los antioqueños se sienten agradecidos porque contribuyó a mejorar la seguridad. Eso no fue fácil, en los últimos 15 años perdimos 96 héroes entre oficiales, suboficiales y soldados que murieron combatiendo al enemigo; tenemos 108 heridos en combate y 171 amputados, más las viudas, las familias, los niños. Es a ellos a quienes se les hizo el homenaje en el Concejo”.

¿Cuáles son las medidas para blindar el proceso de los salvoconductos de armas frente a la corrupción?

“La Brigada fue una de las que dio recomendaciones para un reciente Decreto que sacó el MinDefensa en febrero, en el que se hacen varios cambios: el presidente del comité (de aprobación de armas y permisos de porte) será el general comandante de Brigada, antiguamente era un coronel jefe de Estado Mayor. Allí se reúne un comité que está conformado por un jurídico, el de Indumil, un representante de la División, varias personas que analizan las solicitudes y se toma la decisión mediante votación; cuando hay temas en los que el comandante pudiera tener interés, o alguno de los miembros del comité, yo lo hago con votación secreta: a cada uno le paso un papelito, escriben sí o no y se respeta lo que diga el comité, porque si se hace abierto hay una jerarquía y el general por su rango podría inducir la respuesta.

“Otra medida es que ahora es obligatorio que nosotros les pidamos los antecedentes del solicitante a la Sijín y la Fiscalía. Lo otro es que ya es gratis el permiso especial, que hasta el año pasado pagaba una cuota que iba al fondo interno del Ejército, eso se quitó. Son medidas que ayudan, a parte de socializar el tema, les he dicho a concejales, diputados y alcaldes que el permiso especial no es un beneficio que yo les doy, sino un derecho que tienen, porque el Estado ya le vendió un arma a una persona que llenó los requisitos, es especial si está amenazada. Si le llega a pasar algo a esa persona, se pueden invertir los papeles, porque no le dimos el permiso especial. En esa parte de los permisos especiales estamos blindados, hay un manejo transparente y la gente me puede llamar a mí directamente. Hay alcaldes que me han dicho que en estas oficinas cobraban un millón y medio; he tratado que sea abierta la información y la gente le pierda el miedo a hablar con el militar, para evitar esos intermediarios; porque cuando hablar de eso es imposible, por fuera del establecimiento aparece un tramitador de civil a cobrarle por la gestión”.

¿Y frente a la contratación, que está bajo la lupa por beneficiar a determinados contratistas en los procesos, qué cambios hay?

“En años anteriores, el que hacía la contratación era el Batallón de Servicios, a cargo de un teniente coronel, que en el orden jerárquico está debajo del general de la Brigada. Así que uno como comandante no tenía injerencia en la contratación, pero se podía generar la percepción de que como el coronel está bajo el mando del general, él pudiese hacer algo así (ilegal). Una reforma que se hizo fue estructurar el Centro Nacional de Contratación (Cenac), que no depende del comandante de Brigada, sino directamente de Bogotá, y lo que yo hago es pasar el plan de necesidades y ellos hacen una licitación, publican y contratan. Lo que yo hago es ejecutar ese contrato con muchos controles; ahora, si veo que en un contrato están poniendo requisitos que direccionan hacia un único contratista, puedo hacer observaciones al Cenac para que no suceda. El Cenac está organizado desde enero y ya ellos son los que hacen la contratación”.

La mayoría de homicidios en Medellín se cometen con munición de Indumil. ¿El Ejército tiene alguna investigación para descifrar por qué estas municiones que produce el Estado terminan en manos de los asesinos?

“Hay varios orígenes: uno podría ser que la munición que le dan a las unidades militares se perdiera y llegara a estos grupos ilegales, yo creo que es un caso difícil, tenemos los lotes de balas marcados y si algo sucede hay una investigación de trasabilidad; pero resulta que las personas que tienen arma amparada pueden comprar una cantidad de municiones determinada, de ahí podría desviarse. También hay que decir que aquí se ha encontrado mucha munición extranjera, de Estados Unidos y de Venezuela”.

¿Cuál es la relación de la Brigada con los polígonos de tiro, que también están inmersos en la investigación de la Fiscalía?

“Es de vigilancia. Existe el Departamento de Control Comercio de Armas (DCCA), que tiene una seccional en la Brigada, la cual supervisa a esos polígonos. Se han ordenado más verificaciones para chequear que cumplan los requisitos y poder asignarles la munición. Las denuncias tienen que ver más con el hecho de que cuando usted va a comprar un arma, tiene que demostrar que hizo un curso de manejo en un polígono, y por ahí podría presentarse corrupción. Estamos haciendo inspecciones permanentes”.

¿Esas inspecciones que hace la seccional del DCCA pasan por la Brigada o se van derecho para la Dirección en Bogotá?

“Van a Bogotá, allá es donde se autorizan, pero nosotros los podemos bloquear (a los polígonos) si resultan denuncias ciertas. Tiene que ser dentro de la ley, cuando se compruebe que hay irregularidades”.

A raíz de la filtración de las investigaciones internas a la prensa, se dice que hay dos bandos enfrentados dentro del Ejército, y que uno ha diseminado la información tratando de hacerle daño al otro. ¿Usted ha percibido esa división?

“En lo que tiene con la CB, la investigación se origina por la denuncia de un empresario en Bogotá. No he visto que eso se presente, tenemos otros problemas de seguridad en los territorios como para estar pendientes de eso. Hay muchas formas de filtrar esas cosas y mucha gente que tiene acceso a eso. Estamos en una sola dirección, somos muy jerárquicos”.

Cuando el anterior comandante de la Brigada le hizo entrega del cargo, hace siete meses, ¿le mencionó que había estas investigaciones en curso?

“Yo le recibo a mi general Juan Carlos Ramírez, actual comandante de la Séptima División, y él me da la información de los procesos que se estaban llevando, y dijo que había una investigación de Fiscalía por un caso de contratación. Lo sabíamos porque ya habían ido a hacer inspecciones, y que había una investigación de la Procuraduría y otras internas, es decir, que ya se estaba actuando sobre ese tema”.

Sus tropas están en lugares de Antioquia en los que hay diversos actores criminales tratando de corromperlas. ¿Ha detectado algún foco de corrupción?

“Ha habido panfletos de la disidencia del frente 18 sobre todo, diciendo que las tropas allá en el área (Nudo de Paramillo) están contaminadas y trabajan con el clan del Golfo, pero pienso que son rumores. Tenemos controles, seleccionamos a la gente que va allá y tomamos medidas de contrainteligencia dentro de los pelotones. La prueba de que eso no es así es que en esos panfletos que sacaban por redes sociales decían que en los sectores de San Ignacio y La Panturrona las tropas estaban trabajando con ellos, pero el último combate fue contra el Clan del Golfo y murieron tres de sus cabecillas, más otros heridos, entonces ahí está la evidencia de que no hay corrupción. Si llegáramos a detectar eso, tomaríamos las medidas para sancionarlos con todo el peso de la ley, porque eso es inaceptable, sería perder la confianza del pueblo colombiano”.