Alcaldía de Itagüí pagó $ 20 millones anuales por arriendo de casa del comandante de Policía
Denuncian auxilio de la Alcaldía por 20 millones de pesos al año para vivienda del oficial. Municipio argumenta que Ley los ampara.
La primera entrevista que hice, a los 8 años de edad y con la ayuda de mi padre, fue al futbolista Andrés Escobar. Desde ese día no he dejado de hacer preguntas, ni de amar el periodismo. Soy egresado de la Universidad de Medellín.
En una carta enviada al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, cinco concejales de Itagüí le pidieron el relevo del comandante de esa institución en su municipio, el mayor Alexander Obando Sánchez por, presuntamente, beneficiarse de dineros públicos con un auxilio de vivienda.
La justificación de la denuncia de los corporados, fue puesta en conocimiento de la Procuraduría y la Contraloría, y relaciona al alcalde de ese municipio del sur del Valle de Aburrá, Carlos Andrés Trujillo.
Aseguran que el mandatario incurrió en prácticas irregulares al, supuestamente, haber favorecido a miembros de la Policía Municipal y regional con la celebración de un contrato de arrendamiento de una casa ubicada en un exclusivo sector de Itagüí por un valor anual aproximado a los 20 millones de pesos.
Según el concejal Carlos Andrés Cardona, que junto a los corporados Gustavo Adolfo Betancur, Jorge Ignacio Usma, Ángela María Ríos y María Eloísa Ossa, firma la carta, el mayor Obando habita la casa junto a su familia desde que está en el Municipio, desde febrero del año pasado.
Sin embargo, Cardona recalcó que el contrato se había celebrado desde el año 2012 hasta la fecha.
El secretario de gobierno de Itagüí, Víctor Pérez, respondió a las denuncias y aunque aceptó que su Administración firmó el contrato de arrendamiento, explicó que la finalidad era que el oficial permaneciera en el municipio y crear una casa fiscal.
“Se trata de una casa fiscal en la cual habita el comandante de Policía. Ahí hacemos reuniones de comités y, una vez a la semana, trabajamos en análisis relacionados con la seguridad del municipio”, acotó Pérez, en tanto agregó que esa acción está sustentada por la Ley 62 de 1193.
La respuesta de la Administración no satisfizo a los denunciantes, quienes reiteraron los señalamientos de presunto tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y detrimento patrimonial.
“Hemos ido hasta la casa del Mayor y no han dejado entrar porque dicen que esa es la casa del comandante”, aseveró Cardona, al tiempo que insistió en que “con dineros públicos se está beneficiando a un particular”.
EL COLOMBIANO buscó al mayor Obando y sus superiores, pero no hubo respuesta.