El nudo que tiene frenado puente en vía al aeropuerto

La doble calzada que facilita el ingreso al aeropuerto José María Córdova desde Rionegro está casi terminada; esa es la buena noticia. La mala es que en un tramo se ha creado un nudo que no ha permitido que la vía funcione en toda su magnitud porque hay un puente en su trazado que, por lo pronto, está a medio hacer.

La obra se paralizó en ese trecho hace un mes y la razón es un desacuerdo sobre la propiedad de un pedazo de tierra (4.827 metros cuadrados) en el paraje El Hatillo.

La titularidad de la franja en mención la reclama Nicolás Echavarría Mesa, a través de la empresa Otraparte SAS, de la cual es dueño. Este es un empresario bananero conocido en el país por haber sido gerente de la campaña de Oscar Iván Zuluaga a la Presidencia en 2014, amigo de Álvaro Uribe y embajador en varias plazas europeas. Igualmente, fue representante a la Cámara y concejal de Medellín (1994-1996). Hoy día representa al presidente Iván Duque en la junta del Metro de Medellín.

Solo que Devimed, el concesionario de la Autopista Medellín Bogotá y encargado de construir esta doble calzada que va de la Calle de la Madera al aeropuerto José María Córdova, asegura que si bien en efecto el terreno está dentro de los linderos físicos de la finca Vizcaya, de la familia Echavarría, en la práctica hace parte de una franja que adquirió la Aeronáutica Civil hace cuatro décadas, cuando el José María Córdova estaba en ciernes.

“Ese pedazo de terreno por donde va a pasar la vía es nuestro. Para nosotros es un insulto que digan que mi papá es un invasor, lo que quieren es no comprar el predio”, le dijo Echavarría a EL COLOMBIANO.

Lo cierto es que la comunidad aledaña ya está viendo los efectos adversos de la obra inconclusa y no quiere que se prolonguen. “Para nosotros es muy importante tener las dos calzadas para evitar los ‘tacos’ e incomodidades”, expresó Luis Saldarriaga, vecino del sector Cabeceras —a unos 4 kilómetros del foco de discusión— desde hace más de una década y quien asegura que los fines de semana el tráfico aumenta tanto que el embudo que se forma ocasiona retrasos hasta de una hora.

Ralph Tréllez, dueño del restaurante Mundos, ubicado en la misma zona, le agrega al listado de perjuicios el riesgo de accidentes por la reducción intempestiva de velocidad y el frenazo para el desarrollo del oriente.

El problema mayor, de acuerdo con versiones que se han difundido en un chat de Whatsapp conformado por habitantes del vecindario, y confirmadas por Devimed, es que el 13 de marzo próximo termina el contrato de las obras de este tramo y si no se resuelven las diferencias con Echavarría, la firma podría irse e invertir la plata disponible en otro frente de trabajo dentro del amplio margen de la concesión que comienza en el puente Acevedo (Medellín) y culmina en el Magdalena Medio. En consecuencia, si se quiere luego culminar el puente habría que esperar a que haya más recursos.

“Lo más justo y equitativo es que todos los excedentes no se queden en esta doble calzada, porque hay muchas necesidades. Por ejemplo, La Ceja está solicitando que de estos fondos se construya la doble calzada hacia Rionegro; San Vicente pide un acceso moderno porque el que hoy existe es demasiado pobre, y los usuarios de la vía Las Palmas nos piden mejorar el trazado de la vía vieja por La Fe”, expresó la fuente de Devimed.

Larga espera

El concesionario explicó que, desde 1981, se avizoraba la necesidad de una carretera amplia que estuviera a la altura del José María Córdova, entonces en construcción, y para ello la entidad adquirió una franja recta de 40 metros de ancho desde la Autopista Medellín-Bogotá —en el cruce del antiguo hipódromo Los Comuneros— hasta la intersección de la vía a Llano Grande.

No obstante, solo en mayo de 2019 decidieron comenzar la obra vial, cuando la fiducia a donde van a dar los recursos del cobro de peajes de Devimed certificó que había un superávit de $120.000 millones.

Según el otrosí No. 17 anexo al contrato de concesión de la Autopista Medellín Bogotá y el convenio interadministrativo 007 de 2019, la Alcaldía de Rionegro debía recuperar las franjas de terrenos necesarias, tanto las que ya hubieran sido adquiridas por la Aerocivil como las que los dueños hubieran cedido al Municipio en calidad de obligaciones urbanísticas; mientras tanto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aportaría el dinero para la construcción y para los terrenos faltantes. La Gobernación de Antioquia, por su parte, puso $500 millones, también para la compra de tierras.

Información dada por Devimed indica que la inversión en los 9,2 kilómetros de vía asciende a $115.000 millones. El avance actual llega al 83%, con 8 kilómetros puestos al servicio de los transeúntes. Solo falta el puente mencionado y pequeños tramos correspondientes a tres predios cuyos dueños también han expresado objeciones para cederlos, pero, de acuerdo con la fuente de la entidad, mientras que los demás han expresado interés en firmar un documento (Permiso de Intervención Voluntaria, PIV) que permite continuar con los trabajos a la par que se resuelven sus reclamaciones, en el caso de Echavarría no se ha encontrado disposición para negociar.

Catalina Otero, la abogada del exembajador, sostuvo que no se oponen al PIV, siempre y cuando en el documento se dejen claras cuáles son las áreas en litigio. Pero acotó que mientras los trabajos en el área comenzaron en mayo de 2021 apenas le pasaron el formato de PIV el 16 de noviembre y ella lo devolvió en diciembre con un derecho de petición que incluye sus observaciones, sin que haya recibido respuesta, a sabiendas de que el plazo legal se venció el jueves de la semana pasada.

Además, se quejó de que Devimed maltrata a su cliente acusándolo de invasor y poniendo a los vecinos en contra.

El asunto se ha empantanado además con una denuncia en la corregiduría Sur de Rionegro que sostiene que los empleados de la concesión han sido hostigados en su labor y Devimed le confirmó a EL COLOMBIANO que el lunes interpuso una acción legal para que la autoridad local haga efectiva la devolución del bien público relacionado con la hacienda Vizcaya, si es necesario acudiendo a medidas policivas