“Mono Clinton”, el insurgente que aterrorizó al empresariado de Medellín

Los mismos policías corruptos con los que conspiró para secuestrar empresarios en el Valle de Aburrá, terminaron enterrándole el puñal por la espalda a Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias “Mono Clinton”, el jefe del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN.

La delación terminó con una condena de 40 años de cárcel contra el guerrillero, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo, rebelión agravada y obtención de documento público falso.

A raíz del reciente fallo, EL COLOMBIANO reconstruyó el paso criminal de “Mono Clinton” por Medellín, cuyos secuestros y atentados golpearon al gremio de comerciantes y a la reputación policial por igual.

Restrepo nació en la capital antioqueña en 1966. Inteligencia Militar tuvo información de sus primeras reuniones con el grupo insurgente en el 2000, cuando era apodado “Sebastián” y trabajaba en las llamadas “escuelas de colectivos”, la iniciativa clandestina con la que les lavaban el cerebro a los jóvenes para reclutarlos.

Ese año conoció y se ganó la confianza de uno de los máximos líderes de la organización, “Antonio García”, quien impulsó su ascenso y en 2002 lo nombró jefe del frente urbano Luis Giraldo Builes, con influencia en Medellín.

Esta estructura, según el dosier de Inteligencia, tenía la responsabilidad de entrenar células terroristas para atentar contra la Fuerza Pública, el sector bancario y la comunidad empresarial.

Una de esas acciones fue la instalación de un carrobomba frente al edificio de la compañía Argos en el centro de Medellín (más conocido como el Edificio de Los Espejos), y la detonación de otro explosivo en la sede del Banco Ganadero de El Poblado, ambas como retaliación por la Operación Orión que las autoridades desarrollaban en la comuna 13 (octubre 17/02).

Entre 2003 y 2007 “Mono Clinton” estuvo detenido por cargos de rebelión y porte ilegal de armas.

Al regresar a la calle, su desempeño le sirvió para ser nombrado coordinador del Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN).

A este grupo lo señalan de un ataque con una bomba a un bus que transportaba 36 policías del Esmad en Bello (agosto de 2017); el explosivo fue sujetado con imanes a la carrocería, y aunque su explosión fue estruendosa, no hubo heridos de gravedad.

“Los Magníficos”

A pesar de que el insurgente promovía estos atentados contra sus propios colegas, un grupo de uniformados comenzó a trabajar con él. Algunos agentes eran activos y otros expolicías, que en el bajo mundo se hacían llamar “los Magníficos”.

Según la investigación de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, el contacto con “Mono Clinton” era un suboficial conocido como “el Sargento”, el cual sigue prófugo de las autoridades. Era este quien seleccionaba a los funcionarios para proponerles “los trabajitos” que debían hacer, y que por lo general consistían en secuestros de personajes adinerados, a los que les cobrarían cifras astronómicas en dólares para financiar el sostenimiento del ELN.

La guerrilla perfilaba y hacía los seguimientos a las futuras víctimas; una vez ubicadas, el modus operandi de “los Magníficos” era interceptarlas con una orden de captura falsa, y simular un arresto para secuestrarlas.

El primer caso reportado sucedió en 2013, en la calle 10 de El Poblado, en Medellín. El objetivo era el gerente* de una reconocida cadena de farmacias, que salía del gimnasio en su vehículo.

Fue interceptado por una camioneta con logos de la Policía, los ocupantes le notificaron una orden judicial en su contra y le dijeron que abordara la patrulla.

El empresario sospechó de la situación, forcejeó con los uniformados, gritó y logró escapar.

En el segundo intento tuvieron éxito, el 27 de abril de 2015 en una finca del municipio de Copacabana.

El blanco fue un ingeniero*, a quien contactaron con la mentira de que iba a alquilarle el predio. A la visita para negociar el monto llegaron hombres disfrazados de la Policía y del CTI, con una orden de captura falsa por el delito de receptación.

Lo subieron a un automóvil y después lo trasladaron a la cajuela de otro carro, donde le cubrieron la cabeza con una bolsa.

Estuvo tres días en otra finca de Copacabana, durmiendo en un cajón de madera forrado en icopor, y luego fue trasladado en otro vehículo a la vereda La Clara, en el municipio de Caldas.

Lo encerraron bajo el piso de una casa, en un antiguo pozo séptico de 3 x 3 metros, con dos cámaras de video para monitorearlo y un balde de plástico para que hiciera sus necesidades fisiológicas.

A su familia le pidieron 5 millones de dólares por el rescate, en una extensa negociación que duró 15 meses por correo electrónico.

Durante ese tiempo, el afectado trató de memorizar cada detalle de los secuestradores, sus voces y conversaciones en el piso superior de su cueva.

“Todos los días me daban una chocolatina y yo empecé a recolectar pelos de las personas que estaban allá. Cuando se les iba un pelo en la comida, lo guardaba sobre los caramelos. Los despegaba, ponía los pelos y después los volvía a juntar por el adhesivo, no se notaba nada, y tenía como 300 caramelos”, recordó la víctima en el juicio.

El 11 de septiembre de 2016 lo liberaron, después de que su familia pagara $2.250 millones en efectivo a los secuestradores. Antes de soltarlo en una carretera solitaria de Caldas, le hicieron cambiar toda la ropa, incluso los calzoncillos, en los que había ocultado dos caramelos con la evidencia capilar.

Túnel bajo tierra

El 5 de julio de 2017 el propietario* de una empresa de insumos para la construcción fue interceptado por “los Magníficos” en una calle de Envigado. Los uniformados le mostraron una orden de captura por lavado de activos, advirtiéndole que tenía un problema con una finca ubicada en Montería y debía acompañarlos.

Aunque no tenía propiedades en esa ciudad, los bandidos lo subieron a su camioneta y más adelante lo cambiaron de carro. Al empresario de 59 años le vendaron los ojos con un trapo y lo hicieron caminar media hora por una trocha, hasta el escondite de la vereda La Clara, en Caldas.

“El acceso era una claraboya corrediza muy pesada, y ahí entraba uno de forma vertical, bajando por unas escaleras. Era un túnel bajo tierra, sin ventanas, de metro y medio de ancho, y conectaba a una pieza que tenía dos tubos para respirar en cada esquina. Las paredes estaban forradas en icopor negro por la humedad, y con rejas dividían el espacio en tres partes: el colchón, el baño y un saloncito donde le ponían a uno la comida”, describió el afectado.

Este secuestro, aunque las autoridades trataron de manejarlo con sigilo, causó un profundo impacto en la comunidad empresarial de Medellín. Los directivos conversaban del tema en sus juntas y algunos aumentaron sus esquemas de seguridad.

“Esto no solo afecta a la comunidad en general, sino al gremio, y les pedimos a las autoridades, en cabeza del Ministerio de Defensa y la Presidencia, que dispongan de los recursos necesarios para encontrarlo”, declaró en ese momento Sergio Ignacio Soto (q.e.p.d.), el director ejecutivo de Fenalco Antioquia.

Por este rescate el ELN pidió 15 millones de dólares. Las negociaciones fueron con familiares y con el propio cautivo, quien por su edad siempre estuvo al límite de un infarto.

“Estuve 10 días muy mal, me llevaron un supuesto médico, un tipo grandote, me hizo varias pruebas, le dije que me dejara de hacer pruebas que era la presión”, señaló el ofendido.

Fue liberado el 26 de noviembre de 2017, luego de pagar $43.000 millones, según la Fiscalía.

Fuerzas oscuras

La estantería se les empezó a caer a los criminales en junio de 2018, cuando el Gaula de la Policía arrestó a cuatro policías activos, cinco retirados y un civil, por ser presuntos integrantes de “los Magníficos”.

El proceso judicial se convirtió en una papa caliente, con presión hacia los fiscales de parte de fuerzas oscuras, que al parecer pretendían desviar la investigación para proteger a altos oficiales de la Policía involucrados en la trama.

El expediente pasó por tres despachos judiciales diferentes, dos indiciados fueron absueltos y tres condenados.

Cinco expolicías procesados decidieron convertirse en testigos y firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía, esperando recibir beneficios judiciales. Sus declaraciones fueron trascendentales en la causa penal contra el jefe guerrillero.

“Mono Clinton” fue detenido en 2019 en el barrio Loreto, portando una cédula falsa. Luego de dos años de audiencias, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín lo condenó en primera instancia a 40 años de cárcel, el pasado 15 de febrero (radicado N° 0500 16000 000-2019 00988).

Restrepo, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar (Cesar), sostiene que el caso fue un montaje, a pesar de que todos los testigos, víctimas y victimarios, lo reconocieron en el estrado. Su defensa apeló el fallo.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que la investigación no ha terminado, pues es claro que detrás de estos horrores hay más protagonistas, tanto de la insurgencia como de la Fuerza Pública.

*Identidades reservadas por protección de las víctimas.