“El Gobierno Nacional ni raja ni presta el hacha”: Andrés Julián Rendón

Los primeros 100 días de la gobernación de Andrés Julián Rendón han sido toda una “vaca loca”. No solo puso a rodar un referendo por la autonomía regional que busca reconfigurar el poder que detenta el gobierno en Bogotá, sino que se ha ganado un lugar en la escena nacional por la pelea por los recursos para culminar las autopistas 4G, incluida la mediática “vaca” . Pero también ha tenido que lidiar con la guerra disparada en el Nordeste, las peripecias para calmar el hambre de 2 millones de antioqueños y una crisis en ascenso del sistema de salud.

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Los 100 días de su mandato han estado marcados por la “vaca” y el referendo, dos iniciativas disruptivas pero con un balance más agrio que dulce, ¿o no?

“El referendo es algo que venimos avanzando desde hace dos años, finalizando la contienda electoral tuvo un mayor realce por cuenta de lo que es una necesidad y parece estar siendo un sentimiento generalizado de fastidio de muchos colombianos con la concentración de tanto poder en Bogotá, un poder que no sirve para resolver los problemas puntuales de la gente y transformar el territorio. La ‘vaca’ surge como una idea bastante imaginativa, que no es nueva, ustedes han documentado bastante bien cómo en el pasado los antioqueños lo hicimos. Aquí lo que ha tomado lugar es una petición, que es la gruesa, y es decirle al Gobierno Nacional: usted tiene unas obligaciones que honrar con distintos tramos de vías a su cargo para empatar unos broches. Es un compromiso suyo, pero si no tiene la plata o no la quiere poner aún teniéndola, entréguenos esas vías que nosotros las financiaremos. Incluso cuando le pedimos eso al ministro, dijo que pensáramos en mecanismos imaginativos”.

Cuando pide que entreguen las obras, ¿cuál fue la respuesta?

“Que no las pueden entregar. Dijo el ministro que tendríamos que devolverle a la Nación todas las vigencias futuras que han puesto sobre el tramo vial o sobre los tramos concesionados. Nosotros le dijimos que no, que era una obligación a cargo del Invías. El del Toyo es un mayor valor de la obra, que entre otras cosas se genera porque la Nación arrancó seis años después”.

¿Es decir que los $650.000 millones que hacen falta para el Toyo son porque la Nación comenzó obras 6 años después?

“Claro, es que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación arrancaron los 19 kilómetros a su cargo en el 2015. Y por eso es que en agosto se va a terminar y entre los dos habremos puesto $3 billones. La Nación arrancó seis años después, en el 2021, comprometió recursos por $1,4 billones que los ha ido entregando en apropiaciones de vigencias futuras”.

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Cuando el presidente Petro dice que sí está pagando es porque se refiere a ese compromiso que ya tenía el gobierno hace tiempo, pero lo que faltaría es ese remanente por cuenta de la demora del Gobierno Nacional.

“Cuando se deja avanzar el tiempo sin que concurran los recursos para completar ejecuciones físicas se termina con un sobrecosto. Esa es una obra que ha terminado encarando fallas geológicas importantes. Por eso, en la matriz de riesgos que se les hace a todas las 4G y a las concesiones en general, ese tramo puntual de 38 kilómetros nunca se sometió a una concesión porque no daban los riesgos para que los asumiera el privado. Y por eso se determinó que fuera obra pública”.

¿Jurídicamente el Gobierno tiene razón en que Antioquia tendría que pagar si recibe la obra?

“No. Es una excusa para no entregarla. Y entonces ahí es cuando uno dice que el Gobierno Nacional ni raja ni presta el hacha. Está bien, hagamos a un lado esa discusión sobre que los antioqueños aportamos más de $30 billones por distintos tributos y nos devuelven $5 billones. No nos vamos a meter en esa discusión que es más de la autonomía fiscal, listo, entonces en los tramos viales a cargo suyo, que no estén concesionados, entréguenos las obras que nosotros las terminamos. Y en otros tramos que están concesionados, como por ejemplo la unidad funcional de Pacífico 1, póngase de acuerdo con el concesionario. Es un crimen que no se pongan en funcionamiento 13 kilómetros, los más hermosos del mundo de esa unidad funcional, que ahorraría 25 o 30 minutos en trayecto, por un litigio que hay sobre 400 metros”.

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Volviendo a la “vaca”, ¿no cree que se desinfló un poco y que la meta que se puso fue muy alta?

“La lectura que hago es que esto ha sido un esfuerzo de las personas, no hemos visto a las empresas concurrir, que son las que de mejor manera se podrían beneficiar con la productividad que eso arrojaría. Quisiéramos ver una actuación mucho más definida por parte del sector empresarial antioqueño y colombiano. Vamos a seguir pensando en otras fuentes de financiación y a seguir insistiendo en que el Gobierno nos entregue las vías”.

Tumbaron 18 casas de vicio en Amagá, alguien pregunta: ¿será que tumbando edificios se logra acabar con el microtráfico?

“Hablo por lo que fue mi experiencia como alcalde de Rionegro. Cuando llegué a la alcaldía me encontré con tres estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas. Nos ponían hasta 50 asesinatos por año, todos los delitos disparados. Terminamos el mandato sin ninguna de las tres estructuras, con una tasa de homicidios de 7 por cada 100.000 habitantes y los demás delitos en caída. Porque hay toda suerte de delitos que se cometen alrededor de la caparazón del microtráfico. Tengo mucha ilusión en que esto habrá de servir. Es una medida administrativa que no necesariamente implica llevar a cabo todo un proceso judicial, tenemos que acompañar la operatividad de la fuerza pública con coordinación y disposiciones administrativas”.

Hay complicaciones de orden público sobre todo en el Nordeste. ¿En qué quedó el pedido que le hizo al presidente para que acabara el cese al fuego con las disidencias?

“No solo con las disidencias, sino con el ELN, porque realmente hoy el problema más grave para encarar en materia de seguridad en Antioquia es el orden público. Es como si estuviéramos en una cápsula del tiempo viendo 20 años atrás. Hay unos grupos armados ilegales posando de insurgentes. Eso es lo que tratan de hacer hoy el ELN y el Estado Mayor Central, que en el Nordeste juegan como uno solo. Y por otro lado están los del Clan del Golfo, queriendo posar de contra insurgentes para tener una consideración política y no criminal, y buscan competirles en el control del espacio territorial, pero también su único propósito es controlar rentas criminales como las que derivan de la extorsión de la minería y el narcotráfico. Primero es un error establecer el cese al fuego, pero además es un error sacar unas zonas y dejar otras, porque pasa lo que hoy estamos viendo, no delinquen allí pero sí en otra zona del país”.

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Es decir, por un lado están los que se disfrazan de guerrilleros y por otro los que se disfrazan de contraguerrilleros, ¿dónde está el Estado ahí?

“El Ejército y la Policía hoy pueden combatir al Clan del Golfo, pero no al ELN y al Estado Mayor Central. He hecho esta reflexión: para un oficial tiene que ser muy difícil en la lejanía mirar a ver qué brazalete tiene puesto un delincuente a ver si sí puede encararlo o no. Es una situación muy compleja, que se agrava con esa disposición del gobierno de contemporizar con el crimen a través de su estrategia de la Paz Total y todas las medidas que en consecuencia definen como el cese al fuego. Le reiteramos esa petición al presidente, por favor, derogue el decreto del cese al fuego”.

Si persiguen solo a unos, ¿qué pasa con las otras estructuras?

“Las otras dos estructuras tienen que denunciar los mecanismos de verificación, y ahí es cuando ellos, para buscar contrarrestar el accionar de los contrainsurgentes a quienes sí puede combatir la fuerza pública, cometen atropellos contra la población, se escudan detrás de ella y la ponen en riesgo, como lo hemos presenciado en Segovia y Remedios.

Ahí es cuando se da el confinamiento, el Ejército siempre llega, reactiva la situación, pero se genera zozobra. Hoy la fuerza pública es como si tuviera las manos amarradas, es como si usted pusiera a pelear a dos boxeadores y a uno le amarrara las manos. Eso es lo que vive hoy la fuerza pública en Antioquia”.

¿Qué actualización tiene de los indicadores tras la intervención de la Supersalud a Savia?

“No solo en Savia Salud, sino que todas las EPS después de la intervención se agrava su situación financiera y se deteriora aún más la prestación del servicio. Y en el caso de Savia Salud algunos indicadores que supuestamente nos han reportado como exitosos, cuando se han ido a corroborar hemos visto que no ha sido tal. Y aquí lo que hay es una discusión no solamente en ese frente, sino en el de la infraestructura, en el de los servicios públicos y es el fastidio del Gobierno Nacional por lo que es la inversión privada en esos sectores. En realidad son dos visiones de Estado, dos visiones del país. El Estado solo debería intervenir en las cosas en las que falla el mercado”.

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A propósito de servicios públicos, ¿cuál es la situación del acueducto en Urabá y qué inversiones se harían junto a EPM para resolver el problema de cobertura?

“En las zonas de Urabá donde hay agua no tiene la suficiente frecuencia y calidad. Hay otras zonas donde sencillamente no hay una solución de saneamiento básico. Hay baja cobertura. EPM está allí a través de un proyecto que se llama Aguas Regionales, pero no ha podido concurrir con las inversiones en la dimensión que se requeriría. Tengo mucha ilusión de lo que se pueda hacer con el alcalde Federico. Tiene que meterse EPM, no un brazo de EPM como es Aguas Regionales, que no tiene capacidad técnica ni músculo financiero.

Vamos a apropiar este año, con recursos de la Gobernación, los primeros $13.000 millones para llevar a detalle las obras que se requieren hacer en el Eje Bananero.

Vamos a buscar que el norte de Urabá se pueda conectar con el acueducto costanero que viene de Córdoba y que esta solución que pueda hacer EPM en el Eje pueda tomar lugar para que Urabá tenga agua potable. No podemos seguir ufanándonos de la segunda extensión costera más grande del Caribe si no hay agua potable ni saneamiento básico. Uno lamenta mucho que EPM en el pasado haya botado plata en Chile, en Centroamérica, en lugar de haber resuelto los problemas de acueducto y alcantarillado en Urabá”.

Frente a la condena a favor de la Gobernación en el arbitraje por Hidroituango, ¿se ha hablado de alguna fórmula de plan de pago con EPM?

“Hemos hablado en unos espacios muy informales de cómo nosotros le facilitamos la vida a EPM en el marco de este proceso que entendemos es difícil para ellos, pero cómo mantenemos muy altivos los intereses de Antioquia. Le he dicho al alcalde Federico pongámosle un pare a esas demandas y lo que tenga que honrarse como una obligación miremos cómo lo aplicamos en el acueducto de Urabá o en financiar 35 pequeñas centrales hidroeléctricas de la filial del Idea”.

Es tanta el hambre en Antioquia que ni metiendo todo el impuesto vehicular alcanza. ¿Cuál es la realidad de las cifras?

“Eso es cierto. Hay una necesidad mucho mayor a la que podemos hoy cubrir. Por eso nos toca focalizar. Hay 2 millones de personas pasándola mal, pero de esos hay 500.000 en un estado crítico, que son 118.000 madres gestantes con sus niños pequeños, unos 258.000 niños y jóvenes de 6 a 17 años que están escolarizados y 158.000 mayores. Vamos a focalizarnos en ellos para sacarlos de esa condición de pobreza extrema y de falta de acceso a la canasta básica de alimentos. Y esos primeros $324.000 millones con los que podemos contar por parte de la Asamblea este año están destinados a ese propósito. Ya hemos iniciado con el programa de alimentación escolar y estamos afinando las intervenciones en madres gestantes y en adultos mayores. Esa es otra ‘vaca’, porque no de otra manera se explica que a la fecha el recaudo del impuesto vehicular por cuenta de esa campaña haya aumentado entre un 25% y 30%. Cuando la gente conecta el pago de un tributo con un propósito loable se pone al día e incluso dona de más”.

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¿Lo quieren graduar de contradictor del presidente Petro, ¿usted qué opina de eso?

“No pienso en eso. Lo único que tengo claro es el mandato que recibí de los antioqueños. Soy muy respetuoso, muy institucional, procuro no embarcarme en peleas innecesarias, no me gusta pelear, pero no voy a dejar de defender a los antioqueños. La gente dice, es que usted pelea con Petro. No, le estoy diciendo al gobierno, por ejemplo en el caso de las vías, que si no quiere o no puede poner la plata, listo, no la ponga, entréguenos las obras que nosotros las hacemos. ¿Dónde está la pelea en eso? Si pelear es defender a Antioquia y decir las cosas como esperamos que se digan en el departamento, no voy a dejar de hacerlo. No creo que eso sea una actitud ni beligerante, ni belicosa”.