¿Detrimento? La Alcaldía está vendiendo la chatarra a $98 kilo

El precio comercial de la chatarra supera los 1.000 pesos el kilo. No obstante, la de los 50.000 vehículos que están abandonados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín fue vendida en 98 pesos el kilo luego de una subasta a la que solo se presentó un oferente.

La ganancia que estaría obteniendo luego de este proceso sería cercana al 1.020%, lo que representa una gran pérdida para las arcas públicas; esto indicaría un posible detrimento patrimonial. Sin embargo, la Alcaldía asegura que es un negocio en el que gana la ciudad.

La denuncia fue realizada por el concejal Daniel Duque, quien explicó cómo en el proceso para disponer de los vehículos abandonados, según la ley 1730 de 2014 (ver recuadro), se mostraron interesados varios oferentes, pero –según sus argumentos– el proceso venía casi direccionado dadas las especificaciones para participar. No es un negocio pequeño: son más de 20.000 toneladas de chatarra, por los que se pagarían $2’038.400.000.

El corporado manifestó en su cuenta de Twitter: “La Alcaldía de Medellín tiene 50.000 vehículos inmovilizados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín que deben ser chatarrizados. El precio oscila entre $1.000 y $1.800 por kilo de chatarra, pero Daniel Quintero los entregó a una empresa sumamente cuestionada por solo $98”. En esta denuncia adjuntó documentos del proceso licitatorio y de la empresa en particular.

¿Quién se la llevó?

La vencedora de este proceso fue la Unión Temporal RYM, conformada por las empresas Recicladora Naranjo y HAQ Steels PVT S.A.S., la cual tiene su sede principal en Cartagena, pero con otros puntos en Bello, Bogotá y Cali. Esta debe recoger todos estos automotores en un lote en Barbosa, donde son llevados los que están abandonados, ya que los patios de la Secretaría de Movilidad, en el barrio Caribe, y el que está en la Feria de Ganados, están ocupados con vehículos con poco tiempo de inmovilización.

Esta unión temporal fue la única firma que se pudo presentar a la subasta, realizada el pasado 21 de abril desde las 9:00 de la mañana, al cumplir detalladamente con todos los requisitos establecidos en el Estudio Previo 33329, que estarían hechos a su medida, según lo dado a conocer por el concejal Duque.

Para establecer el avalúo comercial del valor inicial para la subasta de estos vehículos abandonados, la Secretaría de Movilidad tuvo en sus manos una cotización donde se podía vender a $100 por cada kilo de la chatarra de estos automotores. La ganadora de esta subasta también presentó la suya, en la que su oferta inicial era de $95 por kilo.

Desde la Alcaldía de Medellín dijeron que “de las invitaciones a cotizar solo algunas empresas enviaron sus respuestas y con base en éstas se fijó el valor a subastar. De las cotizaciones recibidas se estableció un valor promedio de $98 kilo como resultante de la ponderación de las mismas”.

El argumento –según el concejal– fue que para poder participar en esta subasta se debían tener unas herramientas muy específicas, con marca y referencia. En el documento de requisitos se pedía una máquina, la cual solo tendría la ganadora del proceso. Por esta razón, otro de los interesados fue descartado.

“Para que no fuera una subasta plural la Secretaría de Movilidad de Medellín creó unos requisitos a la medida de Unión Temporal RYM. En estos exigen una Prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll, innecesaria para el proceso, porque por normatividad ambiental, ¡e incluso los propios estudios previos!, los vehículos deben ser transportados hasta el predio que disponga el contratista”, señaló Duque, quien adjuntó pruebas de que la otra interesada en adquirir esta chatarra no contaba con ella, pese a su trayectoria en la desintegración de vehículos.

La administración municipal argumentó que la petición se hizo con base en las características requeridas para el proceso, mas no en una marca definida, ya que no tienen aval para hacerlo.

“La máquina que presentó la empresa Unión Temporal RYM S.A.S., posee las características de prensado tal y como se puede constatar en su ficha técnica, por lo cual después de hacer esta validación, el Municipio de Medellín encontró que la maquina aportada como cizalla por el proponente cumple con las especificaciones”, aseguraron.

“No hay detrimento”

Desde la Alcaldía indicaron que este proceso no tuvo ningún costo presupuestal y que estos vehículos deben ser desintegrados según la Resolución 1606 del Ministerio de Ambiente.

Argumentó que si bien entidades como la Unidad Nacional de Protección o la Fiscalía, por mencionar algunos, lo hacen con contratación directa, la Secretaría de Movilidad determinó hacerlo mediante subasta para garantizar la trasparencia del proceso.

En cuanto a las denuncias de detrimento patrimonial, desde la administración municipal destacaron que antes, mediante esta chatarrización, no solo estarían recibiendo los $98 kilo, sino que se estarían ahorrando recursos del alquiler de patios, ya que los que actualmente están en operación se encuentran en el 100% de su capacidad.

“(Generará) ahorro de los costos anuales de más de $5.000 millones en pago de parqueaderos en los que se encuentran en custodia estos vehículos. Se evitará la contratación de un nuevo predio que de acuerdo con los estudios realizados en el año 2021 representaba un costo en canon de arrendamiento por valor de $200 millones mensuales, es decir $2.400 millones al año, adicional a lo que ya se venía pagando”, expresaron desde la administración.

“La chatarra la regalan”

EL COLOMBIANO consultó a Rafael Naranjo Pérez, representante de la Unión Temporal RYM, quien explicó que si bien la chatarra se consigue comercialmente a más de $1.000 el kilo, aseguró que en el caso de las secretarías de movilidad del país estos materiales, incluso, son regalados por estas autoridades y ellos deben costear otros procesos que disminuyen su margen de ganancia.

Señaló que, por ejemplo, para el transporte de Medellín a Cartagena, una tractomula lleva 15 toneladas de todos los vehículos abandonados, pero les toca pagar como si transportaran 34 toneladas a 200.000 pesos. “El flete está saliendo a 350 pesos por kilo”, aseguró.

Adicionalmente, aseguró que el material adquirido en los patios no todo les sirve para comercializar, puesto que ellos solo negocian con el material ferroso.

Explicó que al adquirir un carro o una moto, deben quitarle todas las partes plásticas, las espumas y sacarle los aceites para luego hacer disposición de todas estas partes.

Además, afirmó que en otras Secretarías de Movilidad del país quienes adquieren la chatarra de los vehículos abandonados en los patios no pagarían un peso.

“La Secretaría de Movilidad de Cartagena le entregó a la Unión Temporal SCT Merl, que es la que está inconforme con este proceso, la chatarra que tenía a cero pesos. A nosotros, en San Andrés, nos regalan toda la chatarra de los vehículos que están en los patios, pero el transporte para hacerle el proceso nos sale extremadamente costoso”, manifestó el representante de la unión temporal que ganó la subasta.

El compromiso de estas empresas con las autoridades de movilidad, que en el caso de Medellín en la reglamentación de la subasta es que todos los componentes se deben disponer como basura y, en ningún caso, se deben comercializar como autopartes ni los vehículos completos.

Pero en un documento que expuso el concejal Duque se evidenció que esta compañía participó en una subasta de chatarra de automotores del Ministerio de Transporte, donde su oferta, según el papel, fue de $1.600 por cada kilo, proceso que la autoridad nacional inició con un valor de $527, lo que dejaría en evidencia una contradicción de la versión de Naranjo.

Empresa investigada

Otro de los cuestionamientos es que las empresas de Naranjo estarían implicadas en otras posibles irregularidades, como la de un proceso de chatarrización del Gobierno, en 2015, al que se habría presentado sin avales legales. Y en 2020 la Procuraduría le abrió expediente por una presunta nómina paralela en el proceso de recuperación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina luego del huracán Iota.

También apareció dentro de los reportes de un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera, en abril de 2019, contra la reventa irregular de retroexcavadoras, cargadores, montacargas y vehículos que habrían sido destinados por la Dian para ser destruidos. Por esta investigación se capturaron a 11 personas.