El clima también desplaza: ya van 2.636 familias en Medellín

En La Playita, en Belén Aguas Frías, aún tiene vida el ruido. En los vericuetos del barrio, que se levantó sobre la zona de retiro de la quebrada La Picacha, compiten los equipos de sonido: de un rancho de madera y zinc se escapa una champeta; de otro similar, a escasos pasos, un reguetón. Ambos, con su alto volumen, silencian la quebrada que corre, desentendida, como si no hubiera causado una tragedia en 2011. La gente revolotea pese a estar en riesgo, mientras que los que se fueron cargan con el dilema del desarraigo climático.

Este concepto, que aún genera discrepancias entre teóricos, no necesita mayor explicación en Medellín: 2.636 familias esperan por una casa —con corte a julio— tras ser desplazados por deslizamientos, fallas geológicas, borrascas y demás fenómenos potenciados por la ola invernal. Socorro Obando Moncada, quien ha vivido 23 años en La Playita, es muestra de ello: vive con la cabeza en otro lado: en cuerpo habita su casa de cuatro por cuatro metros; de mente, y corazón, en el proyecto de vivienda que le prometió la Alcaldía.

Ella, dice, ha sido desplazada tres veces: primero de Urabá, donde se crió; luego de Santa Cruz, de donde salió tras la muerte trágica de un familiar; y, desde hace diez años, de este punto del corregimiento de Altavista. Un aguacero a las 2:50 de la madrugada del 18 de diciembre de 2011 anegó decenas de viviendas de este barrio, La Pradera, Los Alpes, Las Violetas, Las Mercedes y la vereda Aguas Frías. Una persona murió. Ese día, justamente, comenzó una batalla con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat (Isvimed).

La institución, según las 58 familias que recibieron orden de evacuación, se convirtió en su verdugo: luego de prometer un proyecto de reubicación, también llamado La Playita, en Belén Rincón, les cambiaron las reglas del juego. La administración de entonces las obligó a salir de sus casas por cuenta del riesgo, pero después se valió de leguleyadas para incumplirles. No solo el clima las desplazó: la Alcaldía las puso en la calle y algunas solo encontraron protección una década después, por un fallo del Consejo de Estado.

David contra Goliat I

Una lucha intensa. Joaquín Vargas, quien es uno de los pocos reubicados tras su salida de La Playita, resume de esta forma la batalla que allí emprendieron. Mientras baja escalas por el sector de San Francisco, rumbo al barrio que limita con La Picacha, cuenta que han querido engañarlos.

En 2012 comenzó el proceso de reubicación, de la mano del Isvimed. Entonces les dijeron: “Los recursos están listos para reubicarlos; solo falta un lote, que se buscará en Belén Rincón”. Y sí, así fue: “Nos llevaron hasta allá, a conocer, muy bonito el sitio: al proyecto de vivienda también le pusieron La Playita”, dice Joaquín.

El líder, que no esconde la fractura que ha generado esta lucha entre la comunidad, hace un alto en la tienda de Socorro. Ella, tras la ventana de un granero que suple a todo el barrio, atiende su llamado: “Socorro, venga, nos buscan para conversar sobre la pelea con el Isvimed; la reubicación; lo que ha pasado. Unos periodistas. Sí, usted es la indicada, venga”. Renuente, la mujer acepta. Toma confianza. Sale de la casa. Baja las escalas. Echa a andar. Reconstruye, en medio del aturdimiento por la champeta y el reguetón, el pulso jurídico que han dado.

Ante los incumplimientos del Isvimed, se juntaron y lograron, en 2013, a través de una acción popular y un amparo del Consejo de Estado, que la institución se viera obligada a reubicarlos. Pero vinieron las dilaciones, hasta 2016, cuando el proyecto de Belén Rincón comenzó a tomar forma. Entonces no reinaba la desconfianza. Cabía, dice Socorro, la esperanza.

El baldado de agua fría cayó, estrepitoso, el año pasado: el Isvimed les notificó a las familias que no vivirían en el proyecto de Belén Rincón; que, si querían hacerlo, tenían que pagar una suma de $54 millones. La mayoría, debido al cansancio, aceptó luego reubicaciones en vivienda usada y en un proyecto en San Javier, llamado Tierra Paraíso.

Socorro, que terminó aceptando estas condiciones, reseña la pesadilla en la que el proceso se ha convertido: “Nos dicen que en noviembre o diciembre estaremos allá —la entrega se había proyectado para febrero pasado—. Yo, la verdad, no creo nada. Hasta no estar en el apartamento, y tener las llaves, no dejaré de desconfiar”.

David contra Goliat II

No todos aceptaron. Cuenta Joaquín que seis familias insistieron y, con apoyo de la Universidad de Medellín, presentaron otra tutela ante el Consejo de Estado. El tiempo no desgastó el ímpetu de afectados como Alejandra Rojas Penagos y su papá, quienes buscaron nuevamente amparo y se le midieron a otro round.

El órgano fue preciso: el Isvimed había violado sus derechos fundamentales al impedirles el acceso a una vivienda digna y cambiar, además, las condiciones de la reubicación. Estas familias debían ir a vivir a La Playita, como les prometieron.

Alejandra recibió la noticia por voz de la abogada que la asesoró. Le dijo, por teléfono: “Alejandra, le tengo una buena y una mala noticia”. Empezaron por la buena: “Ganamos la tutela y ustedes van para La Playita, en Belén Rincón”. Saltó. Lloró. Brincó. Alejandra hizo de todo. La noticia mala: “La tutela no amparó los derechos de todas las familias”.

Confiada en que por fin tendría hogar, Alejandra esperó el contacto del Isvimed. Pero, como supieron Joaquín y Socorro, esta puja no había terminado. El Isvimed, dice Alejandra, volvió a hacerle el quite a la decisión, que instó a respetar su acceso al proyecto de vivienda, sin exigir dinero ni condiciones adicionales.

Esta es una cara de la historia. La otra versión, la de la Alcaldía, se desconoce: no la compartió con este diario. La promesa original fue la siguiente: “Vamos para La Playita, con estrato uno durante cinco años. Y sin pagar administración, porque no era una unidad cerrada”, cuenta Alejandra.

El Isvimed, por correo electrónico, contrapunteó: los Rojas Penagos podían mudarse a Belén Rincón, pero a un estrato cuatro, pagando administración. “Cambiaron todo, hasta el número de pisos del proyecto. Parece que no nos quisieran allá”.

La Defensoría del Pueblo está al tanto. Desde allí les prestan asesoría legal. Si el problema hubiera ocurrido en otra zona, dice Socorro, ya estaría arreglado. “Pero como somos de bajos recursos, quién se va a preocupar por reubicarnos y mitigar el riesgo. Aquí no hay gente copetuda”.

La afirmación de Socorro no deja de ser una hipótesis, aún por falsear, pero deja servida la tarea que tiene la ciudad: asumir la atención de los desplazados por la emergencia climática y no jugarles sucio, con engaños, como para estas familias lo ha venido haciendo el Isvimed.

¿Perderá David?

En un derecho de petición que el Dagrd le respondió al Concejo el 28 de junio, la Alcaldía entregó la radiografía de las afectaciones por emergencias climáticas.

En el año, con corte a esa fecha, tuvieron lugar 858 inspecciones técnicas por deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales. Se recomendaron 615 evacuaciones (363 definitivas). Las cifras, de enero a junio de este año, retratan la magnitud del problema.

Para atenderlo, incluso, se creó una política pública: la de protección a moradores. Esta incluyó la gestión del riesgo de desastres, con un protocolo para reducirlos, atender a los damnificados y hacerles seguimiento.

El cambio, con el decreto que firmó el alcalde Daniel Quintero en papel, no se ha sentido en La Playita. Socorro, mientras vuelve a su casa en compañía de Joaquín, después de señalar los ranchos que aún están en riesgo y no tienen fecha para ser reubicados, así lo confirma.

Ahora, si se cumple la promesa y termina en Tierra Paraíso, el paraíso, paradójicamente, resultará incompleto. Con su esposo, Albán Grisales, viven de los huevos de las gallinas, de los pollos de engorde que se pasean por el barrio y de los fiados que hacen en la tienda. En el nuevo edificio, podrían quedarse sin negocio. ¿De qué van a vivir?

Han llegado a pensar que es mejor pasar la vida en riesgo que con hambre. Este voto de vida recoge, con holgura, el fenómeno invisible en que se ha convertido el desplazamiento climático. Como Socorro y Albán, 216 millones de personas tendrán que abandonar sus tierras en el mundo por este drama invisible, que avanza en silencio.

Joaquín se despide de Socorro. Regresa a la casa usada que le entregaron en 2015, cuando esta lucha iba en la mitad. Ella sube las escalas. Entra a la tienda. Allí está su esposo. Se despiden de los periodistas. Y, desde la ventana, agitan la mano, con ánimo de despedida. Viven como desplazados, Socorro y Albán, así no hayan salido de su casa. Sus cuerpos están en La Playita; la mente y el corazón, pegados de una promesa