Alcalde explica cómo se cobrará la demolición de Bernavento

Los propietarios de los 48 apartamentos del edificio Bernavento rompieron su silencio y en diálogo con EL COLOMBIANO contaron detalles hasta ahora desconocidos de sus inmuebles: aseguran que recibieron el edificio en obra negra a pesar de que el constructor lo prometió con acabados, sostienen que el ingeniero calculista les dijo que las grietas en la propiedad eran “normales” y producto “del asentamiento del edificio”, y denuncian que algunos de los empresarios vinculados con la construcción recibieron dineros por fuera de la fiducia y nunca los reintegraron.

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Pero lo que los tiene más preocupados es la información que recibieron el pasado viernes luego de una reunión con funcionarios de la Alcaldía.

“La razón por la que decidimos hablar es porque llevamos años de sufrimiento, de responder por deudas ante bancos, tener nuestro patrimonio en el piso y la Alcaldía nos informa hoy (el pasado viernes) que una vez implosione el edificio, al día siguiente nos hará llegar una cuenta de cobro de $2.467’628.589 que por ley se le debe cobrar a la copropiedad (...) Nos dicen que ese costo incluye manejo ambiental, implosión, pólizas a terceros, seguros y recolección de escombros”. Con esa declaración los propietarios de los 48 apartamentos del edificio Bernavento dejaron ver su indignación por lo que consideran un atropello. “Son errores de terceros, no tenemos culpabilidad”, dijeron.

Este diario buscó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para que explicara la situación. Esto fue lo que respondió:

Los propietarios de apartamentos en Bernavento aseguran que el Dagrd les dijo que les van a trasladar el cobro de la implosión del edificio, a través del lote que hoy ocupa esa construcción. ¿Esto es verdad? ¿Por qué ellos tendrían que pagar ese dinero?

Tenemos como acuerdo ser claros con los propietarios y contar siempre todas las posibilidades y cada paso que damos a ellos por ser los principales afectados, en ejercicio del respeto por ellos les hemos contado que como Estado manejamos recursos públicos y nuestra actuación como servidores es reglada, los recursos públicos que se destinarán al derribamiento son producto de un daño generado por particulares y el Estado no puede asumirlos, por lo tanto estamos en la obligación de interponer las acciones jurídicas para buscar recuperar ese recurso.

Desde la primera reunión fuimos claros con los propietarios que el municipio de Medellín tenía la obligación de cobrar el valor del derribamiento y dentro de las posibilidades jurídicas que se están estudiando existe la posibilidad que tenga que interponerse alguna acción que incluya entre otros a la copropiedad pero nunca de manera exclusiva a los mismos propietarios. Entendemos la compleja situación de las personas y quienes tendrían que responder no solo por el costo del derribamiento sino fundamentalmente por el patrimonio de las personas son quienes generaron los daños.

El derribamiento del edificio, también implica un daño patrimonial para el sector público, en este caso el municipio de Medellín que debe asumir ese proceso y la ley nos obliga a recuperar ese dinero es por eso que debemos replicar en este caso contra los privados. Es decir, no iniciar las acciones tendientes a recuperar los dineros públicos que se inviertan en razón del contrato de implosión, implica para la Administración un detrimento fiscal.

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Hoy a esta hora, ¿qué saben ustedes de los constructores? ¿Hay posibilidad de que la responsabilidad recaiga sobre ellos y no sobre los copropietarios?

Nosotros como alcaldía tenemos unas competencias, hemos realizado averiguaciones para interponer ante todos los responsables las acciones que nos corresponden como Municipio de Medellín, la información que tenemos de ellos fue puesta en conocimiento de la superintendencia de Industria y comercio y será entregada a la fiscalía en reunión del próximo martes.

Ellos mencionaron que usted les aseguró que iba a llamar a Fiscalía para ver en qué iban las demandas. ¿Ha sabido algo de eso?

En la reunión que yo como Alcalde sostuve con los propietarios, me manifestaron que los procesos judiciales no avanzaban, como administración explicamos que si bien no tenemos injerencia en las decisiones de la fiscalía y de las autoridades judiciales, hablaríamos con la dirección de Fiscalías para exponer el caso como efectivamente ocurrió y sabemos que se tomaron medidas por parte de la Fiscalía para permitir que se adelante todo el proceso de la manera más diligente posible.

¿Por qué nunca se conoció el concepto de la Universidad de los Andes sobre el estado del edificio? Usted le mencionó a la prensa varias veces que los ingenieros estaban revisando...

La Universidad de los Andes actualmente desarrolla para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el plan metropolitano de riesgo sísmico. En su calidad de asesor temático del Área en el tema de gestión del Riesgo asistieron como veedores de la problemática que se presentaba en el Edificio Bernavento a fin de dar una recomendación sobre la documentación presentada por los consultores de los propietarios y la visita de inspección al edificio, y así recomendar al Dagrd algún tipo de acciones.

Después de la Inspección visual y el Análisis de la información existente en la reunión de socialización con la Comisión Técnica manifestaron que el daño estructural era similar al de Space y por lo tanto se apoyaba la recomendación de ordenar la evacuación definitiva y la demolición. Al ser contratista del área se dejó dicha recomendación en el Acta de reunión.

Hasta la fecha, ¿cómo ha ayudado la alcaldía a los copropietarios de Bernavento?

Hoy estamos atendiendo como Alcaldía una situación difícil para unas personas generada hace más cerca de 10 años. Hace solo 15 días iniciamos la ruta de atención en un proceso que es complejo pero en el que hemos tenido toda la diligencia que este corto tiempo nos ha permitido. Desde la Secretaría de Inclusión Social se han dirigido diferentes acciones con las familias del edificio Bernavento, después del decreto de calamidad pública No 0240 de fecha 17 de abril del 2018. La Alcaldía ha hecho presencia con toda su institucionalidad a partir de la declaratoria con un equipo de 20 profesionales del área psicosocial y el pasado 21 de abril se realizó una atención a 42 propietarios, dueños de 45 inmuebles de este edificio en donde se identificaron las situaciones actuales de cada familia con un abordaje desde lo jurídico, financiero y emocional orientando de acuerdo con la oferta de la Alcaldía de Medellín.

Además con la identificación de las principales necesidades se generó el plan de acción y con el se inician gestiones con las entidades según corresponda, entre ellas está el acompañamiento psicológico que algunas familias lo requieren.

Los equipos de profesionales están a disposición de los propietarios de acuerdo a sus necesidades particulares.

El tratamiento sicológico depende directamente de cada una de las personas afectadas y debe ser solicitado por ellos mismos directamente a su aseguradora, sin embargo nosotros estamos haciendo la gestión para que ese proceso pueda ser más rápido y haya una efectiva atención a cada uno de los afectados.

¿Hay posibilidad de que haya decretos o decisiones como las que se tomaron con Space para frenar cobro de predial, EPM, y ayudarlos en las negociaciones con los bancos?

En relación con el cobro del Impuesto Predial, es importante mencionar que en el año 2015 se expidió por parte del Concejo Municipal el Acuerdo 048 por medio del cual se genera la posibilidad de acceder a exención a los inmuebles “situados dentro de la jurisdicción del Municipio de Medellín que han sido evacuados temporal o definitivamente, acatando la recomendación técnica del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres –Dagrd- ...”. Lo anterior siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la mencionada norma.

Producto de estos beneficios la Administración municipal a través de la Secretaría de Hacienda ha otorgado 75 exenciones de 141 matrículas inmobiliarias que se identificaron en la propiedad horizontal de Bernavento (incluyendo parqueaderos y cuartos útiles), frente a las 66 restantes la Administración municipal ha estado informando acerca de las exenciones, sus requisitos y la necesidad de realizar estas solicitudes de exención ante la Administración municipal, adicionalmente instaló un oficina en el punto de atención de la Alcaldía en lo Loma de los Bernal que atiende de 2pm a 5pm, dispuso de taquilla preferencial en las Oficinas de Servicios Tributarios ubicadas en el Centro Administrativo Municipal – CAM – y ha estado contactando a los propietarios que aún no han accedido a la exención para orientarlos acerca de esta y sus requisitos.

Finalmente el Acuerdo 066 de 2017 – Estatuto Tributario Municipal - deja en su artículo 329 y 267 numeral 15 expresa disposición de la vigencia del Acuerdo 048 de 2015 por lo cual tiene actualmente aplicación en el Municipio.

Por otro lado la Administración Municipal levantó caracterización de las entidades financieras que son acreedoras en los bienes inmuebles del Edificio Bernavento y actualmente se están realizando acercamientos para revisar esta situación de cara a los propietarios, es importante aclarar que las entidades financieras son entidades privadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera y serán finalmente estas quienes revisarán y decidirán sobre estas acreencias.

Desde EPM las acciones que se vienen tomando para Bernavento son las siguientes:

- Se desactiva la facturación de servicios públicos a partir de mayo de 2018.

- En este momento está en estudio el cobro de facturas pendientes de pago y aquellos pagos que se estuvieron realizando luego del desalojo en 2016. También los créditos con tarjeta Somos y el pago de financiación por instalación de gas.

¿Hay alguna decisión municipal respecto a los curadores que aprobaron la construcción y repotenciación del edificio?

No se trata de un problema de licenciamiento y por eso no hemos considerado pertinente algún tipo de acción contra los curadores. Aquí es necesario hacer contexto sobre lo que ha pasado con el edificio Bernavento.

La edificación ubicada en la Carrera 81 entre las calles 7 y 15 en el barrio La Loma de Los Bernal, inició diseño y construcción en el año 2007 por el Arquitecto Sergio Mejía con cálculos estructurales de Jorge Aristizábal Ochoa y estudios de suelos del Ingeniero Jhon Jairo Botero Muñoz, e interventoría parcial de la firma Horacio Londoño y CIA, comenzó a presentar problemas desde su construcción y posterior ocupación a partir del año 2009, evidenciando deterioros progresivos por asentamientos, desplomes y agrietamientos puestos en conocimiento al Dagrd en 2013.

Después de un proceso de estudios y diseños para el reforzamiento de la estructura del edificio, adelantados por los propietarios, en enero del presente año se iniciaron los trabajos constructivos de reforzamiento, aceptados bajo la Licencia de Construcción 05001-1-17-3957 de febrero de 2018.

Durante la intervención se presentaron varias anomalías técnicas descritas por la empresa interventora del proyecto de reforzamiento, la situación detonante fue la identificación de un daño estructural evidenciado por los profesionales encargados de realizar el reforzamiento y repotenciación del edificio, dicho evento se presentó el día 12 de abril de 2018, y fue identificado en una de las columnas de los niveles inferiores, más exactamente la columna B2.

Dicha falla obedece a la afectación del concreto, por esfuerzos excesivos de compresión lo que significa que la resistencia con la cual fue diseñada y construida la columna, es superada por las cargas. En las conclusiones de los informes técnicos de las empresas contratadas por los propietarios se concluye que:

“ ... El edificio ha llegado a niveles inaceptables para la intervención durante el proceso de reforzamiento y ponen en riesgo inminente de colapso de la edificación.”

Adicional a las revisiones realizadas a la estructura y a las consultorías en geotecnia, a lo largo del documento se describen una serie de sucesos que evidencian errores constructivos que han influido en los daños existentes en la edificación hoy día.

Ellos dicen que se sienten revictimizados con el cobro de la implosión. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cuándo fue la última vez que habló con ellos?

Como administración entendemos perfectamente la situación tan compleja que viven las familias desde 2010 que han venido sufriendo esta tragedia en sus vidas y como ya se expresó lo que menos queremos ante el riesgo inminente de colapso por afectación en la estructura es que se pierdan vidas o se afecte el patrimonio de más personas. Como Alcaldía tenemos la obligación de preservar la vida y también de cuidar los recursos públicos, y siempre buscaremos que quienes respondan sean los responsables del daño pero tampoco comprometernos con excluir a la copropiedad de una acción judicial.

El decreto de calamidad expedido por usted para todo el tema del edificio, ¿qué le permite y qué no le permite hacer?

El decreto de calamidad pública se enmarca en la ley 1523, y le da al alcalde la facultad de realizar las acciones derivadas de la construcción de un plan específico para la recuperación, y también de los otros artículos de la ley 1523 por ejemplo régimen normativo especial para la contratación, semejante a la urgencia manifiesta, constitución de servidumbres, demolición de predios, adquisición de predios por negociación directa, suspensión de procesos ejecutivos en contra de los afectados, adquisición por expropiación y otras facultades que están en la ley 1523.