Comunidades se organizan para hacerle frente a la doble calzada Oriente

El ruido por la Doble Calzada Oriente, entre la glorieta Sancho Paisa y El Tablazo, se había enfriado hacía varios meses hasta que en los últimos días empezaron a circular en redes sociales unos mensajes que culpaban a Cornare de avalar una masacre ambiental por la construcción de esta vía para beneficiar al exgobernador Luis Pérez.

En el Oriente el tema también se viene calentando hace varias semanas, pues las comunidades que se sienten afectadas por la obra, concretamente en Tablazo y Tablacito, están emprendiendo acciones para hacerle una oposición organizada al proyecto.

El agite reciente obligó a Cornare a manifestarse y aclarar en un comunicado la actualidad del proyecto, así como algunos detalles de la decisión mediante la cual eligió el trazado definitivo de las tres propuestas que le entregaron.

De todos modos al proyecto no le han faltado controversias. En junio de 2017 el Ministerio del Interior tuvo que designar gobernador ad-hoc para todo lo concerniente con dicha obra, por el conflicto de intereses de Pérez Gutiérrez, dueño de un predio llamado Torrealta, en el sector Tablacito, el cual compró el político en tres tandas entre 2006 y 2007, y que se valorizará con la doble calzada.

En síntesis, la Alianza Público Privada para construir, operar y mantener la obra es la primera en el departamento que se realizará con recursos 100% privados. Los originadores de la APP son Conconcreto, con un 60% de participación, además de Castro Tcherassi (30%) y Procopal S.A. (10%).

Su inversión total ronda el billón de pesos y tendrá 13,7 kilómetros de longitud, con carriles de 4,65 metros, cuatro retornos y 19 viaductos. Está diseñada para una velocidad de 80 kilómetros por hora. La promesa es que el recorrido tardará de 8 a 10 minutos que permitirá reducir un 40% el tiempo de conexión entre los valles de San Nicolás y el Aburrá.

El problema es que hay dos interrogantes que generan ruido alrededor del proyecto: cuánto impacto puede causar al cruzar la Reserva Forestal Protectora del Nare y qué tan necesaria es la vía para que valga la pena correr semejantes riesgos ambientales.

Intentando resolver la primera incógnita, el secretario de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad de Antioquia, Juan Pablo López, señala que la evaluación y estudios de tráfico que desarrollo la APP arrojó que la saturación en la conexión de los dos valles hacía necesario un nuevo tramo que ayude a descongestionar el tránsito vehicular que circula diariamente.

Sin embargo, el mismo López reconoce que estos proyectos viales para conectar los valles no solo marchan siempre más lentos que los problemas de movilidad causados por la expansión urbanística del Oriente cercano, sino que son en sí impulsores de mayor expansión urbana.

No obstante, el secretario confía en que la doble calzada ayudará a reducir la congestión, siempre y cuando progresen proyectos integrales asociados a transporte masivo, como la conexión férrea entre valles que tanto anhela el gobernador Aníbal Gaviria.

Pero si bien la posición del secretario deja margen a la ambigüedad sobre la utilidad de la vía, los habitantes en los sectores Tablazo y Tablacito, cuyos habitantes, en teoría, deberían beneficiarse por aligerar sus viajes al Aburrá y de regreso, sentencian la impertinencia de la misma.

Una líder cívica del Tablazo que prefirió la reserva de su nombre, piensa que la obra es inútil para descongestionar a Rionegro, en tanto persistan los cuellos de botella entre el alto de Las Palmas y Llanogrande. Mientras esto ocurra, cualquier ganancia de tiempo se perderá con el embotellamiento de dicho tramo. Tampoco resuelve –apunta– problema alguno de movilidad en El Retiro. Por esto, la líder concluye que la doble calzada Oriente no es una obra de descongestión sino de desarrollo predial. Y si es así –acusa– se habrá permitido un daño ambiental a cambio de nada.

El trazado de la discordia

Oladier Ramírez, secretario general de Cornare, dice de manera enfática que las versiones que circularon sobre un interés soterrado de la entidad para favorecer el predio de Pérez en detrimento del medio ambiente, son falsas.

En 2017, explica, la autoridad ambiental solicitó al originador del proyecto que le entregara tres propuestas de trazados de la cual eligió en abril de 2018 la alternativa llamada Espíritu Santo, que según Oladier ofrecía menores impactos al atravesar la Reserva Forestal Protectora del Nare, pues aunque las tres opciones cruzaban dicha área, la elegida tiene menor longitud de intervención, menos demanda de agua y menor fragmentación social.

Oladier dice que la decisión fue netamente técnica y precisa que se basó en los mismos estudios presentados por el originador del proyecto y aunque la norma le permite a Cornare solicitar otras opciones de trazado en caso de que las presentadas sean inviables, el funcionario dice que en este caso no fue necesario.

¿Qué sigue?

Con el trayecto elegido, el siguiente paso será presentar la solicitud al Ministerio de Ambiente para sustraer área de la Reserva. Es al Ministerio y no a Cornare a quien le compete esto porque la Reserva hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –Sinap– con 8.829 hectáreas que preservan el flujo hídrico fundamental para la región, necesaria para el desarrollo hidroeléctrico y un corredor clave para garantizar la conectividad ecológica de la cordillera Central.

Si el Ministerio aprueba la sustracción, el Consorcio podrá presentar el trámite de licenciamiento ambiental ante Cornare.

Ramírez reconoce que entienden la preocupación de las comunidades frente a los riesgos de alteraciones y desabastecimiento al recurso hídrico ante una posible intervención de la Reserva, y por ello asegura que la evaluación de la licencia tendrá todo el rigor científico y técnico, empezando por análisis independientes que desarrollarán para verificar el estado actual de la Reserva: delimitación de caudales, estado y amenazas del territorio actuales.

Las comunidades también se están movilizando. Margarita Ortega, líder comunitaria del Tablacito y representante legal de la Asociación Acueducto de dicha vereda, cuenta que están mapeando el sector para rastrear todos los impactos que puedan producirse allí por la obra. En Tablacito viven cerca de 1.500 habitantes y sufre desde hace varios años por insuficiencia del recurso hídrico, problema acrecentado por la agresiva urbanización de la zona.

Unos y otros se mueven

Margarita, integrante del grupo Custodios del Agua, sostiene que el proyecto vial acentúa las malas decisiones que han tomado Rionegro, Guarne y El Retiro sobre una zona de recarga hídrica sin la cual ni la habitabilidad ni el desarrollo son posibles en la región.

En el Tablazo también se están organizando para tener un frente de trabajo claro en cuanto a la venta de propiedades. Y es que, según la comunidad, la compra de predios para desarrollo urbanístico se ha intensificado en sectores como Paulandia por parte de empresarios y políticos del departamento, causando mayores desplazamientos a nativos y propietarios antiguos, así como especulación inmobiliaria.

El Consorcio también está haciendo lo propio. Actualmente adelanta la gestión predial, cierre financiero y todo lo necesario para solicitar la licencia: inventario de flora y fauna, estudios hidráulicos e hidrológicos y la estructuración del plan de manejo ambiental a cargo de la firma GYR. Entre lo que valora Margarita en medio de su posición crítica frente al proyecto, es la disposición que ha mostrado el Consorcio para compartir información sobre estos trámites a la comunidad.

EL COLOMBIANO quiso consultar a Conconcreto y al Consorcio detalles específicos acerca de cuáles serán las técnicas constructivas para reducir los impactos en la zona de reserva y cuáles son los avances en cuanto a la gestión predial, pero no hubo respuesta. Otro interrogante pertinente es si el reciente fallo fiscal de la Contraloría contra Conconcreto por el caso Hidroituango afectará la participación de la empresa en esta obra.

Por ahora, en las exposiciones previas que le ha hecho a Cornare, Ramírez señala que el Consorcio habla de un sistema de pilotes cuya disposición garantiza baja intervención a la zona de reserva.

A su favor puede mencionarse que una de las tres firmas del Consorcio, Castro Tcherassi, hizo parte de la construcción del viaducto El Gran Manglar, sobre la ciénaga de la Virgen en Cartagena, entregada en 2018 y que configura uno de los paradigmas de infraestructura bien hecha sobre ecosistemas sensibles en todo el continente, por la técnica empleada llamada top down que permitió edificar de arriba hacia abajo y evitar dragar la ciénaga o sobrecargar de materiales el área.

En cualquier caso, y aunque el trazado fue elegido casi dos años antes de que llegara la actual administración departamental, los originadores del proyecto tienen voto de confianza por parte de la Gobernación de que harán la obra sin causar mayores impactos en la Reserva, apunta el secretario López.

De todos modos habrá impactos: 33 moderados y dos severos, según señala Cornare. Oladier recalca que la entidad garantiza todos los mecanismos de participación durante todo este proceso.

Pero las comunidades ya se adelantaron. Desde el Tablacito se está gestando una veeduría para ponerle la lupa a cada paso y en el Tablazo preparan una acción de tutela.

En todo este asunto, la Gobernación cumple un rol de concedente y se limita a hacer un acompañamiento de verificación a los trámites. El gran aporte de esta obra, más que lo que pueda aportar a la movilidad –dice Juan Pablo López– son los aprendizajes que puede dejar este proyecto pionero en el departamento en hacerse con recursos privados porque abre todo un frente de desarrollo de infraestructura sin depender de los escasos recursos de la Gobernación.

Lo que espera la comunidad y Cornare asegura que garantizará, es que los minutos ahorrados no le pasen una factura impagable a un ecosistema fundamental.