Se conocieron nuevos documentos para respaldar demanda que podría tumbar la curul de Alejandro Toro en el Congreso

Aparecieron nuevos documentos que respaldan la demanda radicada el pasado 18 de abril, con la que buscan que Alejandro Toro, representante a la Cámara del Pacto Histórico, pierda la curul por una presunta inhabilidad para inscribirse como candidato a las legislativas de 2022.

La demanda de pérdida de investidura fue radicada en el Consejo de Estado por el abogado Juan David Giraldo Mora, que argumentó que Toro no podía participar como candidato en las elecciones legislativas pasadas, pues firmó un contrato que suscribieron su fundación Avanti Centro de Formación y el Colegio Mayor de Antioquia, dicho contrato tuvo un valor inicial por $50 millones, fue firmado el 23 de agosto de 2021 y se ejecutó hasta diciembre de 2021, tres meses antes de ser elegido como congresista.

Toro no solo creó Avanti y la representó, sino que incluso fue tallerista en medio de su ejecución, tal como quedó en evidencia en registros hechos entre septiembre y octubre de ese año en los informes del contrato anexados a la demanda. Esto, a juicio del abogado, representó una violación del régimen de inhabilidades e imcompatibilidades y por eso tras recoger durante varios meses pruebas y recabar información con derechos de petición, finalmente radicó la denuncia.

Tras esto, la defensa de Toro señaló al Consejo de Estado que el hoy congresista dejó la representación legal de la fundación Avanti desde el 20 de agosto de 2021, y que por tal razón no incurría en inhabilidad para integrar la lista del Pacto y ser elegido representante posteriormente.

Pero, como dicen, el diablo está en los detalles. Este viernes 3 de mayo se conocieron varios documentos que evidenciarían las inconsistencias de la defensa de Toro. Empezando por el acta de la junta directiva de Avanti de ese 20 de agosto en la que supuestamente el ahora congresista dejó de ser su representante legal.

Efectivamente, en dicha acta queda constancia de que sus integrantes decidieron aceptar el cambio de representante legal y designar, en reemplazo de Toro, a Yorlady Villa Cuartas. Pero a partir de ahí empiezan las supuestas inconsistencias. El registro del acta de esa junta apenas fue presentado a la Cámara de Comercio de Medellín el 17 de septiembre.

En la carta de aceptación de cargos, tal como figura en los documentos, no está la verificación biométrica, algo que genera suspicacias a expertos, pues si bien no es un requisito obligatorio por parte de la Cámara de Comercio, sí ofrecía una prueba certera sobre la real fecha de aceptación del cargo de parte de Villa Cuartas.

Y hay más. Los documentos indican que la junta que supuestamente sesionó para cambiar el representante legal de Avanti el 20 de agosto, ni siquiera estaba inscrito debidamente ante la Cámara de Comercio. Resulta que apenas el 2 de septiembre ingresaron el nombramiento de dicha junta, pero el trámite fue devuelto al día siguiente por “inconsistencia en la verificación de los documentos de identidad de los designados como representantes legales, integrantes de órganos de administración y revisores fiscales”.

Apenas el 10 de septiembre volvieron a realizar el trámite, adjudicando el acta de la asamblea del 20 de agosto, de manera que solo hasta después del 10 de septiembre quedó formalmente inscrita ante Cámara de Comercio la junta que había decidido reemplazar a Toro como representante legal de Avanti casi tres semanas atrás.

En los documentos radicados en Cámara de Comercio en medio de todo este proceso, quedó registrado que Yorlady Villa aceptó formalmente el cargo el 24 de agosto, a pesar de que la carta de aceptación del cargo tenía como fecha el 20 de agosto.

En síntesis, con estos documentos la parte demandante buscará desvirtuar ante el Consejo de Estado el argumento de la defensa de Toro de que no era representante legal de una ESAL que contrató con el Estado en tiempos de inhabilidad.

Además de todo esto, el contador Daniel Salazar, quien trabajó junto al abogado Giraldo Mora en la recolección de evidencias para este caso, reiteró que Toro pretende desvirtuar “con mentiras” la investigación realizada y ratificó que las pruebas que presentaron al Consejo de Estado hacen parte de los propios informes que Avanti presentó e hizo públicos en medio de la ejecución del contrato y que muestran, por ejemplo, que el 23 de octubre, en plena campaña electoral, él mismo realizó un taller en la sede de Avanti como parte del contrato con el Colegio Mayor. “Debe salir del congreso de la república porque estaba inhabilitado”, concluye Salazar.

Sobre la demanda, Toro ha dicho que se trata de un intento para “callarlo”. “Mis denuncias en la OEA, en la CIDH, en la justicia colombiana están volviéndose una piedra en el zapato para quienes quieren perpetuar un sistema injusto y plagado de corrupción que le niega los más elementales derechos a mis compatriotas. La Procuraduría está politizada, sin embargo, seguiremos dando la batalla para cumplir con las promesas del gobierno del presidente @petrogustavo, a quien hemos respaldado y apoyado desde hace años”, se pronunció tras conocer la demanda en su contra.

Por cierto, Yorlady Villa Cuartas, la nueva representante legal de Avanti, es la persona que firmó la carta, conocida hace poco por la opinión pública a nivel nacional, en la que la Corporación “El Futuro se parece a nosotros”, le puso una tabla de “aportes” de dinero a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Daniel Quintero, que presuntamente serían usados para financiar su proyecto político con miras a la presidencia en 2026.

Ese es otro escándalo que tiene involucrados al exsecretario Juan Pablo Ramírez (hoy en el gobierno Petro) y al exsubsecretario Juan Daniel Pulgarín, quien también está pidiendo pista para aterrizar en una dependencia nacional.