Condenan, nuevamente, a César Suárez Mira por diplomas falsos

El Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín sentenció en segunda instancia a 36 meses de prisión y 48 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos al exalcalde de Bello, César Suárez Mira, por el delito de falsedad en documento privado por falsificar su diploma de bachiller.

Si bien en 2019 el excalcalde ya había sido declarado culpable en primera instancia por los delitos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, y condenado 6 años y 10 meses de prisión domiciliaria, en enero del año pasado fue absuelto por faltas procesales después de pagar prisión domiciliaria.

Sin embargo, el caso se volvió a abrir luego de que el juez 20 admitiera la demanda interpuesta por el representante a la Cámara, León Fredy Muñoz, sobre la falsificación del título de bachiller del exalcalde, quien finalmente resultó culpable de ese delito.

“En este fallo se consigna que César Augusto Suárez Mira nunca se graduó de bachiller, que adujo un diploma falso y engañó a varias entidades arrogándose una calidad académica inexistente", explicó el representante a la Cámara en un comunicado.

Especificó, además, que "el eje central del juicio, en lo que concierne al cargo que concita este nuevo pronunciamiento es que cuando pasó al Concejo Municipal de Bello, para ejercer el cargo de Secretario General, presentó copia de un diploma espurio".

Sostuvo, también que no hay evidencia de que Suárez Mira haya presentado las pruebas de Estado, situación que confirmó la Secretaría General del Icfes, que no tiene registro de las pruebas del exmandatario.

Cronología del proceso

El caso que tiene en líos a Suárez Mira desde hace más de cinco años se originó por una denuncia radicada por el exconcejal y hoy representante a la Cámara, luego de que en la página web de la Alcaldía de Bello apareciera que el exalcalde había cursado bachillerato en los colegios Santo Domingo de Guzmán, Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza y Jorge Eliécer Gaitán.

El exmandatario presentó documentación de un título expedido en 1994 en el colegio Bolívar de Medellín, una institución que ya no existe. Con ese certificado Suárez se presentó a la Universidad Cooperativa de Colombia, donde estudió el pregrado de derecho y avaló su formación a la hora de posesionarse como funcionario de la Contraloría de Antioquia y secretario del Concejo de Bello.

Suárez Mira fue capturado por agentes del CTI, en su propio despacho en diciembre de 2016 para que respondiera por cargos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal, por lo que tuvo que separarse de su cargo, el cual fue asumido temporalmente por el entonces secretario de Gobierno, Jairo Araque.

El 3 de diciembre de 2016 el Juzgado Sexto Penal Municipal de Medellín le otorgó al exmandatario prisión domiciliaria, determinación que mantuvo –no obstante la solicitud de libertad por parte de la defensa– hasta el 13 de septiembre de 2017 cuando el Juzgado 41 Penal ordenó levantar la medida de aseguramiento. Entonces, Suárez retomó su cargo como alcalde de Bello luego de que la Gobernación nombrara por decreto a la abogada Gloria Elena Montoya, como alcaldesa encargada entre febrero y septiembre de 2017.

Dos años después, el 15 de mayo de 2019, el Juez 20 Penal del Circuito de Medellín declaró a Mira culpable de los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público y lo condenó a 6 años y 10 meses de prisión domiciliaria, con el pago de una fianza de $4.140.000.

Durante la exposición de motivos, el juez confirmó que Suárez no culminó sus estudios de bachillerato, pues se retiró cuando cursaba octavo grado en 1978. En 1997 cuando el exalcalde de Bello inició sus estudios de derecho y presentó el diploma del colegio Bolívar, que ya no existe.

El 10 de junio del mismo año, en una nueva audiencia, el juez que lleva el caso rechazó la solicitud de nulidad que había interpuesto la defensa de Suárez Mira que pretendía que la prisión domiciliaria que debería pagar el exalcalde, no se hiciera efectiva hasta que la sentencia no alcanzara ejecutoria, es decir, hasta que se agoten todos los recursos de apelación.

Ya en enero de 2020, el exalcalde recibió su boleta de libertad tras ser absuelto de los delitos que se le acusaban, hasta este lunes cuando fue sentenciado en segunda instancia.