¿Por qué a Antioquia no le cuadran las cifras del censo?

Según los resultados del último censo nacional, realizado por el Dane, la población en Antioquia solo subió 292.512 pobladores desde 2005, es decir, pasó de 5.682.276 en 2005, a 5.974.788 en 2018. Eso se traduce en que en el 60 % del territorio el número de habitantes disminuyó, contrario a las proyecciones nacionales realizadas por el mismo Dane en 2005, que preveía que el año pasado estuvieran viviendo en Antioquia 6.371.081 de personas.

El gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, fue el primero en cuestionar los guarismos, al señalar que los datos no retratan la realidad del territorio en cuanto al número de habitantes.

La baja se refleja en siete de las nueve subregiones del departamento: Bajo Cauca (-0,17 %), Magdalena Medio (-0,22 %), Nordeste (-0,12 %), Norte (-0,48%), Occidente (-0,16 %), Suroeste (-1,05 %) y Urabá (-0,58 %). Las únicas que crecieron demográficamente fueron el Valle de Aburrá (409.324 personas más, 0,9%) y Oriente (42.240 más, 0,83%).

Lo que explica el Dane

Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, expresó que los datos no deben generar preocupación, pues los 75 municipios donde hubo descenso poblacional representan apenas el 21 % de los antioqueños.

Señaló como uno de los principales factores que incidió en el no cumplimiento de las proyecciones, el de la conformación de los hogares. “En 2005, el número de personas que habitaba cada vivienda era de 3,8 % y en 2018 ese promedio bajó a 3 %, y es el mismo fenómeno que en el resto del país”, afirmó.

Otro factor incidente es que en Colombia, por cada 100 mujeres, hay 26 niños vivos, mientras en el departamento la tasa es de 21: “Es decir, la tasa de fecundidad en Antioquia bajó”.

En efecto, la desaceleración del crecimiento se veía venir, según la tendencia de los últimos censos. Mientras que en el periodo 1964-1973 el alza fue de 2,45 %, entre 1973 y 1985 bajó a 2,08 %, luego a 1,23 % entre 1993 y 2005, hasta llegar a 0,50 % en el último periodo entre 2005 y 2018.

¿Alguna consecuencia?

Ramón Javier Mesa Callejas, profesor de Economía de la Universidad de Antioquia, señaló que la disminución de la población en los municipios tiene consecuencias a nivel macroeconómico y a nivel fiscal, ya que a menos población hay menos demanda de productos y servicios, y menos recaudo tributario. “Esto trae efectos sobre el consumo, porque a menos ventas, el Estado recibe menos tributos por impuestos de ventas y de renta”, afirmó.

El economista añadió que cuando merma la demanda, las empresas venden menos y el comercio no se dinamiza, generando un círculo no deseado a nivel macro, puesto que la demanda es el motor de la economía.

Por su parte, el exdirector del Dane, Ernesto Rojas Morales, señaló que la desaceleración en el crecimiento poblacional no es un fenómeno solo regional, sino latinoamericano. Explicó que la transición demográfica es más notoria en poblaciones pequeñas, pero puso de ejemplo a Bogotá que registró un millón menos de habitantes de acuerdo a la previsión hecha en 2005. “En los años 60, la población creció a una velocidad asombrosa, pero ese fenómeno ya pasó”, indicó Rojas.

Uno de los temores de los alcaldes de municipios con menos habitantes es que se reduzcan las transferencias provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP).

Este fondo está constituido por los recursos que la Nación les consigna a las entidades territoriales —departamentos, distritos y municipios— para la financiación de los servicios a su cargo en salud, educación, agua potable y saneamiento.

Rojas señaló que como la distribución del SGP se hace con la población nacional, la proporción de lo que le corresponde a cada municipio no se vería afectada. “La variación sería insignificante”, acotó.

El director del Dane aseguró, por su parte, que los resultados del censo no tendrán ningún impacto en el sistema de transferencias de la Nación, pues Antioquia pasó de representar el 13,51 % de la población nacional en 2005 al 13,53 % en 2018, un promedio casi similar que es la base para las transferencias.

Zoraida Gaviria Gutiérrez, exsecretaria de Planeación departamental y docente de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, advirtió que en los Planes de Ordenamiento Territorial los datos son fundamentales para hacer los estimativos y que es clave que estos sean veraces para hacer las previsiones de coberturas y atenciones básicas.

Señaló que como los resultados del censo apenas se están revelando, lo conveniente es que el gobernador le pida al Dane la información en detalle de la razón de los resultados para emitir juicios más certeros y a fondo. “No se pueden controvertir resultados porque no gusten o no convengan”, comentó.

Hablan los alcaldes

El alcalde de Caucasia, Óscar Aníbal Suárez, calificó el censo como un proceso mal realizado, que no refleja la realidad de su territorio. En el conteo del Dane este municipio terminó con 84.717, 2.815 personas menos que en 2005, cuando la localidad tenía 87.532 pobladores. “Creemos que los empadronadores (funcionarios del Dane) no fueron a las zonas de alto riesgo ni de conflicto, que son las rurales y que representan entre el 15 % y el 20 % de la gente”, indicó.

En el mismo sentido se pronunció la alcaldesa de Tarazá, Gladys Rebeca Miguel Vides, para quien el censo se planificó mal, tanto en los tiempos de realización como en la supervisión a los empadronadores: “En primer lugar, apenas dieron un mes para la realización y eso es muy poquito tiempo para cubrir todos los sitios. Y segundo, los encargados de hacerlo no iban a las zonas de conflicto por miedo, además por acá llueve casi todos los días y hay dificultades de acceso a las veredas, las vías están en malas condiciones, por lo que ese censo no es confiable”, señaló.

Para la mandataria, aunque Tarazá tiene presencia de grupos criminales como Los Caparros, el Clan del Golfo y la guerrilla del Eln y sufre desplazamiento, no debió bajar su población en 10.106 habitantes, al pasar de 32.943 en 2005 a 22.837 en 2018.

¿Y en el Suroeste y Oriente?

Además del Bajo Cauca, una de las regiones que más extrañeza le produjo al gobernador Pérez Gutiérrez fue la del Suroeste, donde la mayoría de municipios redujo su población. Allí, del total de 23 municipios, solo dos aumentaron su número de habitantes: Hispania, que pasó de 4.821 a 4.950, y La Pintada, que subió de 7.066 a 7.974. Los demás bajaron y la región pasó de 373.506 a 318.516 personas.

“Se extraña uno mucho porque esta es una zona económicamente fuerte, progresista, con altos niveles de urbanización y construcción, con nuevas empresas y economías diferentes al café, como los cítricos”, señaló.

Hernán Saldarriaga, director del Encuentro de Dirigentes del Suroeste, se preguntó si el proceso se realizó con toda la ortodoxia que amerita un censo. Advirtió, por ejemplo, que “hay cifras que no cuadran con la realidad, como que Támesis decrezca, a sabiendas de que es un municipio donde hay pleno empleo y en el campo no falta el trabajo, ya sea en el café o en los cultivos de naranja y aguacate”.

Recalcó que a nivel regional, en el Suroeste rotan cada seis meses cerca de 50.000 recolectores de café, que demandan servicios de salud, vivienda y transporte, los cuales debieron ser considerados.

Para el caso de Oriente, el alcalde de Rionegro, Andrés Julián Rendón, cuya población pasó de 100.502 a 116.400 habitantes, un incremento de 15.898 personas, siente que en el censo no hay inconsistencias. Según este mandatario, “hay que aclarar que las 116.400 personas corresponden a las efectivamente censadas y falta incluir la población omitida que, de acuerdo con buenas prácticas internacionales, el Dane estima en 8,5 % de la población censada; por tanto, la cifra de población total de Rionegro podría ser de 126.000 habitantes”, dijo.

Esperar los ajustes

Ante los reproches de los gobernadores de Antioquia y Valle, el director Oviedo pidió en julio no comenzar debates sin que le permitieran al Dane establecer cuál es el porcentaje de la omisión censal, es decir, el porcentaje de los 4.094.000 habitantes que fueron omitidos en el censo nacional.

César Caballero, exdirector del Dane y gerente de Cifras y Conceptos, detalló que aún el censo no está terminado y que se debe esperar el reajuste previsto para septiembre.

“Son datos preliminares, se equivocó el Dane al divulgarlos. Si en todos los municipios bajó la población, no debe tener consecuencias mayores. Solo cuando los datos sean definitivos se sabrá”, sostuvo.

Opinó que el Dane debe terminar “su trabajo” para poder hacer un análisis. “No es usual que el Dane actúe así, siempre entrega datos completos, por eso no es habitual que estemos en estas discusiones”, acotó.

Para Rojas Morales, dicho ajuste será máximo del 8 %, por lo que no prevé grandes cambios en el consolidado. “El censo tiene fallas de cobertura, pero eso se puede medir y corregir. Cuando termine la corrección será la cifra más precisa que se puede encontrar, lo demás son percepciones pero no son mediciones. No hay una operación estadística como esta, tengo confianza en los resultados”, afirmó.

Dijo que la disminución de la población es una oportunidad para hacer ajustes en los programas municipales de mejoramiento en indicadores de calidad de vida. “Sin tantos niños naciendo, las administraciones se deben centrar en atender la salud y necesidades de los adultos mayores que van en incremento”, finalizó.