Autoridades hacen llamado para combatir el tráfico de animales silvestres en Semana Santa
Desde 2022, al menos 3.429 animales fueron extraídos de esas redes de tráfico en Antioquia, dando cuenta de un problema aún desbordado.
Las autoridades y organizaciones ambientales del departamento, articuladas a través del Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia (CIFFA), lanzaron este martes una campaña con la que se busca sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de proteger la fauna y la flora silvestre de la región, especialmente amenazadas durante la temporada de Semana Santa.
La estrategia consiste en una serie de imágenes con las que se busca enseñar los nombres y las características de las especies más afectadas por este flagelo, como el tucán pechiblanco, el tití pielroja, la tortuga hicotea, la guacamaya azuliamarilla, el tucancisto esmeralda, entre muchos otros.
“Actualmente la situación sigue siendo crítica, debido a que individuos silvestres como perezosos, monos titíes, guacamayas, loros, pericos, cotorras, tortugas hicoteas, morrocoy y especies arbóreas como el cedro, ceibas, robles, ramos elaborados con palma de vino, bejuco, pino pátula, tierra de capote, palma real, siguen siendo especies altamente traficadas”, alertó el CIFFA en un comunicado.
De acuerdo con las cifras del Área Metropolitana, entre 2022 y lo que va de 2023, en la ciudad se han atendido al menos 3.429 animales silvestres que han sido rescatados de esas redes de tráfico, a través de entregas voluntarias u operativos policiales de incautación.
Según anticiparon las entidades que integran el CIFFA (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Corpouraba, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Policía, la Fiscalía, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Corporación Universitaria Remington, la Universidad Católica de Oriente, el Parque de la Conservación (antes Zoológico Santa Fe) y la Gobernación de Antioquia) durante la Semana Santa se intensificarán los operativos para combatir este delito, que la ley colombiana castiga con penas de entre 2 y 8 años de cárcel.