Sin Gutiérrez, Rendón montó “bloque” que lo tiene ganando el pulso por la tasa de seguridad en Antioquia

Hasta hace poco más de una semana el proyecto del gobernador Andrés Julián Rendón para imponer un impuesto de seguridad agonizaba. Tras radicarse por segunda vez en la Asamblea de Antioquia, la iniciativa había quedado en la cuerda floja luego de ser duramente criticada por el sector privado, generar reparos en la Alcaldía de Medellín y hasta ser cuestionado jurídicamente por EPM.

Sin embargo, en una cruzada que parecía con el viento en contra, el gobernador Rendón abrió un nuevo frente para oxigenar esa iniciativa y con el respaldo de un centenar de alcaldes advirtió que esta vez no se echará para atrás.

Aunque en un pacto de caballeros tanto Rendón como el alcalde Federico Gutiérrez han expresado sus diferencias con cautela –ambos insistiendo en que su trabajo en llave se mantiene– el choque de sus poderes ha dejado sentir sus efectos colaterales, sobre todo en espacios como la Asamblea de Antioquia.

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Allí, la tensión entre el alcalde y el gobernador no solo se ha sentido entre las bancadas del Centro Democrático y el movimiento Creemos, sino también por cuenta de las voces provenientes de las subregiones.

En medio de ese contrapunteo, de los nubarrones que hace una semana ensombrecían la tasa, ahora las cuentas se muestran a favor de Rendón y todo parece indicar que sin importar los reparos de Gutiérrez, la oposición de su bancada en la Asamblea– la segunda más numerosa de la corporación–, y las voces de los gremios, el proyecto de ordenanza ya tiene las mayorías para vencer en plenaria.

La radiografía más clara de esas tensiones emergió el pasado lunes, día en el que estaba citado el primer debate del proyecto en la Comisión Primera de la Asamblea a las 9:00 a.m.

Justo cuando ese órgano ya había iniciado su sesión, Rendón arrancó en paralelo una rueda de prensa en el piso 12 de la Gobernación, en la que convocó a más de 100 alcaldes y posó para una foto que resonó con fuerza en la política local, en la que apareció formado con los demás mandatarios regionales respaldándolo.

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La llegada de aquel centenar de alcaldes a la Gobernación le subió la presión a muchos diputados, que en plena sesión o en sus oficinas empezaron a recibir la visita de múltiples mandatarios que expresaron su deseo de que el proyecto pasara.

Si bien para bancadas como la del Centro Democrático o Creemos el nuevo frente creado por Rendón poco alteró el panorama, para las bancadas de partidos como el Liberal o el Conservador, cuyas bases de votantes tienen ancladas sus raíces por fuera del Aburrá, el llamado fue mucho más sensible, dejando claro no solo que el proyecto seguiría adelante pese a la postura de Medellín, sino que un no sería visto con atención por fuera del Aburrá.

Para Rendón la situación también es un tanto paradójica, ya que pese a tener su principal capital político en el Aburrá, tal como quedó expuesto en las pasadas elecciones, son precisamente las fuerzas políticas de las regiones las que le dieron una bocanada de aire.

El centro y sus partes

La puja también sacó a flote un choque de visiones entre las preocupaciones que hay en Medellín y en las demás regiones. En el centro, tal como lo ha expresado el mismo Gutiérrez, uno de los temas clave consiste en los impactos que gravar el servicio de energía podría tener para la economía. Pese a que el tributo va destinado a los estratos 4, 5 y 6, en donde en el estrato 4 no tendría un impacto por encima de los $20.000 mensuales según la Gobernación, la tasa sí arropará al sector comercial e industrial en pleno, en medio de un panorama energético lleno de incertidumbre y en el que no se descarta un incremento en las tarifas por cuenta de situaciones críticas como las reservas de gas.

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Por otro lado, EPM, en cabeza de su gerente John Maya Salazar, ha manifestado su consternación porque el cobro se vuelva un dolor de cabeza jurídico para la compañía, pudiéndole eventualmente generar procesos en la Superservicios o la Dian; una versión que la Gobernación niega.

De igual forma, la mayor parte de las grandes compañías que se verían afectadas por el tributo han elevado su voz de protesta a través de organizaciones gremiales con sede en Medellín, desde donde también se viene cuestionando la carga tributaria que está agrandando el Gobierno Nacional por sus afugias contables.

En contraste, en los municipios que respaldan la medida, muchos con pocas personas y empresas que se verían afectados directamente por el tributo, pesan más los rezagos en la infraestructura de seguridad, esta última en la que Medellín lleva con creces la delantera.

Es el caso sobre todo de subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste, el Norte y el Urabá, el escenario más cruento de los choques entre agrupaciones como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, en donde, a diferencia de Medellín, urge darle más dientes a la Policía y el Ejército para contrarrestar a los ilegales.

A pocas semanas de que la tasa de seguridad tenga su debate final en la Asamblea, Rendón se muestra fuerte.

El pasado martes, durante un debate en la Comisión Primera, el proyecto fue aprobado con solo dos votos en contra y seis votos a favor, por cuenta de diputados del Centro Democrático y de los partidos Liberal y Conservador.

En la plenaria, mientras por el no las cuentas apuntan a por lo menos 10 votos, en un bloque conformado por la bancada Creemos y otros cinco diputados (Luis Peláez, Camilo Calle, Juan David Muñoz, Manuel García y Walter Salas, que se han opuesto públicamente), al menos 15 diputados se muestran a favor.

Dejando por fuera sobresaltos como el ocurrido esta semana con una recusación que frenó el debate, todo apunta a que la nueva aplanadora del gobernador dejará en firme el cobro de la nueva tasa, que comenzaría a regir el próximo año.