32 de los nuevos alcaldes de Antioquia tienen líos con la justicia
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Según un informe de la Fiscalía General de la Nación, 32 de los 125 alcaldes que desde esta semana comenzarán a gobernar los municipios de Antioquia tienen procesos pendientes con la justicia.
El documento detalla que en todo el país son 350 los alcaldes y 10 los gobernadores vinculados a procesos por delitos que van desde irregularidades en la contratación y peculado, hasta homicidio, abuso sexual y narcotráfico.
Aunque la Fiscalía no señala el estatus de cada proceso ni el delito específico, sí señaló que la mayoría de las investigaciones obedecen a actuaciones contra el erario público; es decir, posible prevaricato, peculado, cohecho, concusión o tráfico de influencias.
En Antioquia la lista de los nuevos mandatarios en líos jurídicos la encabeza el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, a quien el ente investigador le sigue la pista por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Cabe destacar que aunque Pérez fue investigado por nexos con paramilitares, pero el proceso fue archivado en 2012.
El alcalde con más procesos activos es el de Nechí, Miguel Enrique Franco Menco, quien está vinculado a ocho indagaciones: cuatro por contratación, dos por presuntos delitos contra el patrimonio público, una por estafa, y una más por injuria y calumnia, según la Fiscalía.
Franco fue elegido por el partido Opción Ciudadana con 4.671 votos y ya había ejercido como alcalde de esa localidad entre 2004 y 2007, cuando tuvo el apoyo del extinto movimiento Alas Equipo Colombia, liderado por el exgobernador Luis Alfredo Ramos.
El electo alcalde de La Unión, Hugo Botero López, tiene cinco procesos activos, entre ellos dos vinculados a contratación y tres más por delitos contra el patrimonio público.
El funcionario ya había sido alcalde en el período 2007 - 2011 gracias al apoyo del Partido Liberal y en las elecciones de octubre de 2015 se presentó por el partido Opción Ciudadana. Su elección se vio envuelta en una disputa, pues el preconteo lo dio como ganador por un solo voto de diferencia frente al candidato de Cambio Radical, Eleuterio Martínez. Finalmente el triunfo se validó en el escrutinio por 10 votos (2.467 de Botero frente a 2.457 de Martínez, según el acta E-26 de la Registraduría).
Más procesados
Con cuatro procesos aparece el nuevo mandatario de Maceo, Edgar Alirio González Agudelo, elegido con el aval del Partido de la U. El informe de la Fiscalía lo relaciona con presunto porte de armas, concierto para delinquir, contratación y delitos contra el patrimonio público. González también había ejercido el cargo de alcalde entre 2004 y 2007, con el apoyo del Partido Liberal.
Con tres procesos activos aparecen los mandatarios electos de Belmira (Jorge Ignacio Londoño, del Partido Liberal), Cañasgordas (Margarita Del Rosario Lopera, del Partido Conservador), Sabanalarga (César Alonso Cuadros, del Partido Conservador) y San Luis (José Maximino Castaño, de la alianza de Opción Ciudadana y La U), quienes también ejercieron como alcaldes en el período 2008 - 2012.
Los cuatro están vinculados a procesos por contratación. El de Belmira, además, está siendo procesado por delitos contra el medio ambiente y el de Sabanalarga por violación al régimen legal. Por delitos contra el patrimonio hay procesos contra Lopera, Cuadros y Castaño.
En el reporte del ente investigador figuran dos procesos contra el alcalde de Copacabana, Óscar Alberto Restrepo Restrepo quien tiene procesos por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.
Los nuevos mandatarios de San Roque, Freddy Osvaldo Rodríguez Henao, y Yalí, Raúl Hernando Roldán Pérez, están vinculados cada uno a dos procesos por delitos contra el patrimonio, mientras que el de Vigía del Fuerte, Manuel Enrique Cuesta Borda, es procesado por delitos electorales y amenazas.
En la lista además hay 5 nuevos mandatarios con procesos asociados contra el patrimonio: los de Jardín, Puerto Berrío, Remedios, San Pedro de Urabá y San Vicente. A cuatro más (El Bagre, Liborina, Sonsón y Santa Rosa de Osos) los procesan por injuria y calumnia.
Por falsedad en documento investigan a los alcaldes electos de Apartadó y San Andrés de Cuerquia; y por delitos electorales a los de Hispania y Angelópolis. Por contratación al de Anorí, por falsedad personal al de Mutatá y por omisión de agente al de Urrao.
Finalmente el electo alcalde de Fredonia, Gabriel Ignacio Muñoz y a su colega de San Francisco, Serbulo de Jesús Guzmán, están vinculados a procesos por concierto para delinquir, mientras que el nombre del nuevo mandatario de los jericoanos, Jorge Andrés Pérez, figura en un proceso por delitos sexuales.
Para el analista Gustavo Duncan, este tipo de investigaciones conllevará una mayor presión para los gobernantes frente a los medios y sus contrincantes políticos. “Es un problema de costos porque para mantenerse probablemente les toque hacer concesiones, algo como lo que le pasó a Samper, que entró investigado y para mantenerse tuvo que hacer muchas concesiones con sus opositores”, aseguró.