18 turistas murieron en embalse de Guatapé en 5 años
No existe en el país otra zona turística cuyo principal atractivo tenga esa cantidad de víctimas. Se necesita presencia de las autoridades y más controles.
Soy periodista porque es la forma que encontré para enseñarle a mi hija que todos los días hay historias que valen la pena escuchar y contar.
Eran cerca de las 9 de la mañana del domingo pasado cuando Santiago Areiza Henao, un joven de 19 años, se lanzó a la represa a seguir a dos amigos que habían ingresado sobre un colchón inflable y estaban a 10 metros de la orilla. Pero el joven no alcanzó a sus amigos. De un momento a otro empezó a pedir auxilio y luego se hundió.
Veinte minutos después del hecho las autoridades rescataron a cinco metros de profundidad el cuerpo del joven que había llegado en la noche anterior junto con sus amigos a acampar y a divertirse en el sector conocido como Cazadiana.
Es la tercera muerte de un turista en Guatapé este año. En abril, las jóvenes Saray Narváez y Estefany Garzón fallecieron al volcarse en un moto acuática y no portar chalecos salvavidas. De hecho, desde 2017 van 18 turistas ahogados en la represa. No existe en Colombia otro destino turístico cuyo principal atractivo tenga semejante cantidad de incidentes con víctimas mortales en dicho lapso.
En 2021, el aluvión turístico que recibió Guatapé tras su reactivación, también trajo hechos dolorosos. Tres jóvenes: Kevin Rendón (19 años), Kevin Porras (26 años) y Santiago Arias (23 años) murieron ahogados. Pero antes de pandemia, aún cuando Guatapé no registraba un auge turístico tan avasallante, ocurrieron varios hechos graves. El 25 de junio de 2017 el naufragio de la embarcación El Almirante dejó nueve fallecidos.
Escasas seis semanas después de esa tragedia, que incluso fue noticia internacional, el brutal choque de dos lanchas que navegaban fuera del horario permitido por las autoridades dejó al menor de edad Santiago García con muerte cerebral. El adolescente falleció en el hospital San Juan de Dios de Rionegro.
En el Viernes Santo de 2019 murieron otros dos hombres: Juan Ricardo González González, de 31 años, y Estiverson de Jesús Escobar Rendón, de 29 años. Al igual que la víctima más reciente, González y Escobar se encontraban acampando en Cazadiana y decidieron ingresar a la represa sobre un colchón inflable que se volteó.
La seguridad es insuficiente
Justamente el sector donde se presentó esa doble muerte en 2019 y el fallecimiento del joven Santiago Areiza es uno de los más monitoreados por ser un punto crítico al tener una amplia extensión de terreno donde llegan a acampar cientos de personas.
Por eso, según el cabo Carlos Quintero, la respuesta de bomberos y policía fluvial fue rápida a pesar de que no alcanzaron a rescatar con vida al joven. Y esto ocurre, explicó el cabo, porque ante los riesgos de la represa cualquier capacidad de respuesta de los organismos de rescate se queda corta. Las bajas temperaturas, la profundidad y densidad de sus aguas ponen el alto riesgo hasta a los nadadores más expertos en cuestión de segundos, lo cual, sumado al consumo de alcohol, termina siendo una combinación fatal.
Pero al margen de esto, la cantidad de muertes en los últimos años y otros incidentes reportados por turistas y lugareños, como choques y hundimientos sin heridos, ponen un serio interrogante sobre la seguridad que ofrece este destino, uno de los más apetecidos, que recibe cada fin de semana cerca de 20.000 turistas, es decir, el triple de la población que habita Guatapé.
La Alcaldía, la Policía fluvial, la inspección adscrita a la Supertransporte, todas dicen que han adelantado acciones efectivas para mejorar la seguridad y disminuir los riesgos para los turistas.
Según la policía fluvial, desde la tragedia de El Almirante en 2017 se tomó la decisión de restringir la navegación hasta las 6:00 p.m. y prohibir todo tipo de consumo de licor en las embarcaciones. Al consultar a la intendencia de la policía fluvial, afirma que la seguridad y control ha mejorado, pero no entregan cifras sobre multas, interceptaciones o demás procedimientos que respalden esa afirmación.
La secretaria de Turismo, Daniela Guarín, señala que desde el año pasado se estableció una mesa de trabajo entre Procuraduría, Alcaldía, Gobernación de Antioquia, Mintransporte y Dagran para definir las competencias que tiene cada uno y así optimizar la labor preventiva y capacidad de respuesta ante emergencias ocurridas en el municipio.
Guarín también resalta que el centro de monitoreo y control con su sistema de cámaras ha facilitado la labor de identificación de situaciones irregulares, por ejemplo, detectar la presencia de embarcaciones piratas que eventualmente pueden protagonizar accidentes.
Guarín indica, además, que el muelle que está en construcción marcará un antes y un después en la seguridad del embalse porque controlará que todas embarcaciones zarpen de un solo lugar y acabará así con el flujo no regulado que circula por la represa.
Sin embargo, del papel a la práctica, las cosas se tornan más complicadas.
La Unidad Multimodal de la Policía en el embalse tiene una sola embarcación para patrullar 76.000 hectáreas. En la represa operan 250 embarcaciones y 33 empresas náuticas habilitadas.
Y como si la cantidad de embarcaciones y empresas no fuesen ya un reto suficiente para las labores de control, varias personas del sector turístico y de diferentes dependencias, incluyendo organismos de prevención y gestión del riesgo, señalan que sigue aumentando peligrosamente la presencia de pequeñas embarcaciones, lanchas y motos acuáticas, sin que exista el control pertinente por parte de las autoridades.
A pesar de las reiteradas solicitudes por parte del municipio y la Gobernación para que el Ministerio de Transporte asignara un inspector fluvial en propiedad, el Gobierno tardó tres años en hacerlo y apenas nombró a Sergio Carmona en septiembre de 2021.
Esto fue particularmente grave porque con este cargo en interinato el embalse dejó de tener una labor técnica rigurosa, pues la inspección está a cargo de certificaciones, matrículas, permisos a embarcaciones y motoristas, y es la que tramita los informes de la policía fluvial para elevarlos al Ministerio y Supertransporte ante posibles sanciones.
Cabe recordar que en medio de las investigaciones por la tragedia de El Almirante se conoció que el día que zarpó la embarcación no había inspector que diligenciara el permiso de salida y así pudiera darse cuenta que no tenía los requisitos para operar.
Además, en la región se quedaron esperando a que el gobierno nacional le cumpliera la promesa de crear una capitanía de puerto con la potestad de ejercer una regulación y vigilancia a las actividades náuticas y al movimiento de turistas, tanto en la represa como en zonas de camping, hoteles y fincas.
Esto sería fundamental porque la percepción que arroja indagar sobre la seguridad de este populoso destino turístico es que todos los responsables se tiran la pelota. Desde la Inspección fluvial aseguran que es Mintransporte el encargado de hablar sobre control y seguridad. Es difícil entender cómo desde Bogotá pueden comprender la problemática que ofrece el turismo en esta zona.
El auge turístico en Guatapé va más rápido que la respuesta institucional. A esta altura, por ejemplo, no tiene todavía una capacidad de carga definida. Ante la sumatoria de contingencias urge empezar a administrar con mayor rigor la bonanza turística.
26 de junio 2017
En la tarde del 25 de junio, cinco minutos después de salir del muelle, la embarcación El Almirante sucumbió y tardó 15 minutos en hundirse, dejando nueve fallecidos. La reacción de decenas de embarcaciones alrededor para rescatar las personas evitó que la tragedia fuera mayor. Indagaciones posteriores determinaron que la embarcación no cumplía con las normas técnicas requeridas, no entregó chalecos a todos los pasajeros y había zarpado sin tramitar el permiso. Tres meses atrás la embarcación ya había sufrido otro accidente.
16 agosto de 2021
El 16 de agosto de 2021 publicamos un reportaje que detalló cómo la actividad turística desbordó las capacidades del municipio. Particularmente sobre la seguridad fluvial, comerciantes y autoridades señalaron que faltan controles y que tanto la Gobernación como la Alcaldía no tienen la potestad para garantizar a plenitud la seguridad fluvial, tarea que corresponde al Ministerio de Transporte que, según los testimonios, ha sido negligente a la hora de atender los desafíos que impone el turismo a la represa.
11 de abril de 2022
EL COLOMBIANO hizo seguimiento desde el 6 de abril pasado al incidente que cobró la vida de dos jóvenes que se encontraban vacacionando en Guatapé. Las mujeres fallecieron luego de que el jet-ski en el que navegaban se volteó. Ninguna llevaba chaleco salvavidas. El cuerpo de Estefany Garzón Bernal fue rescatado ese mismo día, mientras que el de Saray Narváez fue encontrado seis días después por la dificultad de la búsqueda, pues en la zona en la que desapareció tenía 35 metros de profundidad y la oscuridad complicó las labores.