Por pedazos, por paquete de acciones o por cesión del control. Desde que nació Isagén, el primero de mayo de 1995, los gobiernos Samper, Pastrana, Uribe y Santos han intentado venderla.
La compañía surgió de escindir (separar) los activos de generación que tenía Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Y este miércoles se subastará el 57,61 por ciento que aún es de la Nación, entre la generadora Colbún y el fondo de inversión canadiense Brookfield, claro, si alguna medida jurídica de última hora no se atraviesa.
A partir de decisiones del Gobierno, desde sus inicios, la hoy tercera generadora más grande del país recibió y asimiló muchos golpes operativos y financieros, a pesar de que desde 2003 ha girado al Ministerio de Hacienda 1,12 billones de pesos en dividendos, y otros 1,07 billones en impuestos pagados a la Dian en los últimos 15 años.
Pero los embates también han sido emocionales, “como tener que vivir largos periodos de tiempo bajo la espada de Damocles de la venta de la compañía, en la primera oportunidad con una valoración absurda”, escribió en 2011 Germán Jaramillo Olano, exgerente de ISA y exmiembro de la junta de Isagén, en el libro “Isagén, una historia de empresa, una historia de país”.
La empresa comenzó a operar con una capacidad instalada de generación de 2.672 megavatios (MW), el 26,7 por ciento del total nacional. Pero también heredó de ISA el lastre financiero de la construcción de la central del Guavio (Cundinamarca), la segunda más grande del país (1.213 MW) y en la que tenía el 40 por ciento, el resto era de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB).
Sin haber cumplido el mes de estar jurídicamente creada Isagén, Rodrigo Toro Escobar, exgerente Financiero hasta agosto de 2009, tuvo una reunión en Bogotá con representantes de los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.
Allí le quedó claro que para el gobierno de Ernesto Samper la prioridad era sanear a la EEB, lo que se hizo también a costa de los activos de Isagén.
El 30 de diciembre de 1996, por decisión del Gobierno, se cerró en 644.552 millones de pesos de la época, la privatización de la central hidroeléctrica Chivor (1.000 MW, en Boyacá). Esta representaba casi la mitad de los ingresos de Isagén y fue vendida a Chilgener, compañía chilena que fue adquirida en 2000 por la estadounidense AES.
Si bien el Gobierno dejó esos recursos en la caja de Isagén, buena parte ellos se fueron en prepagar deuda y compromisos financieros del Guavio. A finales de 1997 se concretó la capitalización de la EEB, con la entrada de la española Endesa, e Isagén pudo sanear sus cuentas y liberar flujo de caja, pero igual perdió capacidad de generación.
El intento de Pastrana
Sin Chivor y sin su parte en el Guavio, el presidente Andrés Pastrana desde 1998 realizó el primer intento de privatización de Isagén para menguar el déficit fiscal del Gobierno.
Para hacerla atractiva, se obligó a Isagén a comprar el proyecto hidroeléctrico Miel, así como la deuda total por 262 millones de dólares de las obras y que se debía cumplir en corto plazo y tenía garantía de la entonces estatal Financiera Eléctrica Nacional (FEN).
“La FEN tenía dificultades y el Gobierno por darle alimento a la gallina enferma, estranguló las finanzas de la buena, que era Isagén. Un plazo de pago de Miel en 17 años nos lo puso en 5 años”, recuerda Toro Escobar.
El 7 de septiembre de 1999 salió el decreto que aprobaba la venta del 79,2 por ciento de la generadora, propiedad de la Nación y de la FEN, por lo que el Gobierno esperaba 818.880 millones de pesos.
Dos meses después, el Gobierno firmó un acuerdo extendido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contemplaba que Isagén fuera controlada por el Estado hasta el primer trimestre de 2001.
Entre los interesados estuvieron las multinacionales Unión Fenosa (España), y AES y Enron (Estados Unidos), así como Empresas Públicas de Medellín (EPM), que era accionista de Isagén. Pero se limitó su participación a esta última hasta un 47 por ciento, por una supuesta “defensa de la competencia” que alegó el entonces ministro Luis Carlos Valenzuela.
Además EPM, desde 1998 interpuso una demanda por 620 mil millones de pesos contra ISA e Isagén, reclamando beneficios económicos por el uso, aguas abajo, de la misma fuente hídrica de la cadena Nare-Guatapé, en el Oriente antioqueño.
Ambas pretensiones devinieron en una sentencia de la Corte Constitucional del 14 de septiembre de 2000, que suspendió la privatización.
“En esa época hubo mucha oposición en el país y particularmente desde Antioquia. Dirigentes empresariales, medios como EL COLOMBIANO y cuando era gobernador Álvaro Uribe Vélez, decían que si Isagén no era para EPM, que siga la Nación con ella”, recuerda Óscar Vallejo Giraldo, presidente de Sintraisagén y empleado de ISA e Isagén desde hace 28 años.
El intento de Uribe
Entre tanto, la generadora logró en el año 2000 concluir la central térmica Termocentro (300 MW), impuesta por el Gobierno para espantar otro apagón. Pero también buscaba superar una compleja situación financiera y reestructurar la deuda de largo plazo, mucha en dólares, que se requirió para construir la central Miel (396 MW, en Caldas), la cual comenzó a operar en diciembre de 2002.
Y ese “milagro financiero” se logró el 28 de diciembre de 2005, a solo tres días de que la empresa pudiera caer en cesación de pagos (default) de sus compromisos. “Luego de dos años de muchas gestiones y de viajar a Nueva York y Washington, logramos con el Citibank, con garantía de la estatal estadounidense Opic, reestructurar la deuda de Isagén a 20 años, con un periodo de gracia de cinco, y pasarla a pesos”, recuerda Toro Escobar
Con más tranquilidad financiera, Isagén se reponía y ya proyectaba la construcción de Hidrosogamoso, al tiempo que se hacía agua la promesa de campaña del presidente Uribe en el punto 88 de su “Manifiesto Democrático”: “Buenas empresas como Isagén no se deben privatizar, entre otras, porque al necesitarse nuevos proyectos de generación de energía, no hay la seguridad de que el mercado los realice”.
Pero entusiasmado con el exitoso programa de democratización accionaria llevado a cabo en ISA, quiso replicarlo con Isagén y Ecopetrol. Así que en 2007 la generadora debutó en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) al sumar 71.809 nuevos pequeños dueños, que se quedaron con el 19,22 por ciento que era propiedad de la Nación, la cual quedó con el 57,66 por ciento.
Para entonces, ya Isagén era una de las empresas más queridas y admiradas por los colombianos y era reconocida por su sólido gobierno corporativo, así como por su gestión social y ambiental en las áreas de influencia de sus centrales.
Al año siguiente, Isagén estaba concentrada en la gestión de recursos para construir Hidrosogamoso (820 MW), aprobado en la subasta de 2008 por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Pero volvió la propuesta de privatizar el control accionario. Igual que en 1999, era por necesidades de caja del Gobierno, al punto que el ministro de Hacienda de la época, Óscar Iván Zuluaga, incluyó los recursos de la venta en el plan financiero del Gobierno, para 2009, en que se esperaban 3,2 billones de pesos en octubre de ese año.
No obstante, el proceso se dilató por varias razones, como la oposición desde distintos sectores, cuestionamientos sobre el proceso de enajenación, y además generó que cayera la calificación crediticia de Isagén y esto ponía en riesgo la financiación de Hidrosogamoso. Al final, el ánimo de venta se diluyó en plena campaña presidencial.
En una columna reciente, el exdirector de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y banquero de inversión, Mauricio Cabrera Galvis, recordó que el entonces candidato Germán Vargas Lleras, hoy vicepresidente del país, afirmó que “Isagén es una empresa estratégica para el país. Es una empresa que, además, ha sido muy bien manejada. Que no la privaticen”.
Por su parte, su contendor Juan Manuel Santos, actual mandatario, opinó que “no me gusta vender activos del Estado para tapar huecos fiscales” (ver Protagonistas).
Elegido presidente Santos, con los mismos banqueros de inversión contratados para la valoración de Isagén en tiempos de Uribe (Credit Suisse – Inverlink), desde el 31 de julio de 2013 se echó a rodar el proceso enajenación de todas las acciones de la Nación en Isagén.
El envión de Santos
Ahora los recursos no irían al Presupuesto General de la Nación, sino a complementar, desde la creada Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), la necesidad de crédito de los concesionarios del ambicioso plan de vías de cuarta generación (4G).
Después de dos años y medio, ha sido el proceso de privatización accionaria más largo que ha vivido la empresa. Ha despertado voces a favor y en contra como pocas privatizaciones recientes en el país.
Además el Gobierno ha tenido que defender su decisión ante una decena de demandas ante altos tribunales, cuatro de ellas pendientes de fallo definitivo. Surtida una cuestionada primera etapa de enajenación con el sector solidario, el Ministerio de Hacienda aplazó en agosto de 2014 la venta por “dudas de los interesados” frente a la entrada en operación de Hidrosogamoso, lo que ocurrió en diciembre de ese año.
Luego fue el Consejo de Estado el que suspendió temporalmente la venta entre el 28 marzo y 22 de mayo de 2014. Igual medida tomó en mayo de 2015, a cinco días de la subasta, y solo levantó la medida cuatro meses después.
Incluso 32 senadores buscaron incluir a última hora un artículo para descartar la enajenación en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, lo que no prosperó en la conciliación del articulado de Cámara y Senado. Ochenta parlamentarios dejaron constancia de su oposición a la venta.
Y entre debates políticos y técnicos, en redes sociales o en medios, en el Congreso o en la calle, el Gobierno se mantiene en que enajenar el 57,61 por ciento que tiene hoy en la Nación es la mejor alternativa y no dudó el mes pasado en aumentar el precio base de la subasta hasta los 6,48 billones de pesos.
El miércoles próximo, cuando dos extranjeros pujen por el control accionario de Isagén, se sabrá si se logró el cometido oficial y se quite a Isagén el letrero de “se vende” que ha tenido en los últimos 20 años.
$819
mil millones esperaba el gobierno Pastrana por el 79% de la Nación en Isagén.
$6,48
billones, precio base actual de la subasta por el 57,61% de la Nación en Isagén.
