La preocupación constante por las comunidades afectadas de alguna manera por el conflicto armado, es una de las tareas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia. En el 2014, esta entidad brindó ayuda humanitaria a 230.000 personas afectadas por las hostilidades.
Sin embargo, el jefe de la subdelegación del CICR en Medellín, Jean-Philippe Kiehl, mostró la preocupación de esta entidad porque a pesar de los diálogos, siguen los desplazamientos, las amenazas, el confinamiento y otras acciones propias del conflicto, afectando a la población civil.
En medio de los diálogos de paz, ¿cómo están las regiones visitadas por el CICR?
“Las consecuencias humanitarias siguen en Colombia. Esto parece un poco contradictorio con toda la esperanza que se está generando en Colombia con el proceso de paz, pero el hecho es que el conflicto armado no se ha terminado. Miles de colombianos que viven en zonas de violencia y conflicto armado sufren de esas consecuencias humanitarias como el desplazamiento; siguen las amenazas, y son, entre otras, las que está afectando la población civil”.
¿Cuáles de esas consecuencias son las que más afectan la población?
“La raíz de todo son las hostilidades, porque generan consecuencias humanitarias como desplazamientos, limitaciones a la movilidad, es decir, no pueden desplazarse porque están en situaciones de autoconfinamiento; también se limitan por la presencia de contaminación por armas (minas antipersonal). Es difícil dar una respuesta precisa, pero el CICR ha recolectado 875 infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), sin embargo, la cifra no revela el universo de infracciones que se presentan en el país”.
¿Cuáles problemáticas preocupan al CICR incluso después de firmarse un acuerdo de paz?
“Una de las problemáticas más fuertes a nivel nacional es la desaparición. La capacidad de las autoridades ha mejorado para registrar esos casos y por eso se cree que ha aumentado, pero se ha hecho más visible. También está la contaminación por armas y la separación de los menores de edad de sus familias”.
¿Cómo ha sido la respuesta de los grupos armados sobre las recomendaciones entregadas por el CICR?
“En este diálogo confidencial se le aconseja a alguna de las partes alejarse de las zonas donde hay población civil. Esas conversaciones que se dan con los actores armados depende de la voluntad de aplicar el DIH por ellos. Decir que ha mejorado por nuestro trabajo sería dar unas atribuciones inexactas, porque no sabemos si lo es o no, pero podemos decir que trabajamos para que se logre. No somos atribuibles a esos cambios, pero sí hemos contribuido en esas zonas a la protección de la población civil”.
Ahora que se habla de desminado, ¿el CICR ha implementado medidas para contrarrestar la contaminación por armas?
“En Colombia llevamos mucho tiempo trabajando de manera integral con el acompañamiento a las víctimas, hacia los diálogos con los portadores de armas sobre las reglas que se aplican en su uso. En el enfoque educativo, es enseñar comportamientos seguros a las personas que están en riesgo o viven en zonas que pueden estar en riesgo para prevenir este tipo de accidentes”.
¿Cómo ve el CICR los acercamientos entre los grupos armados como el Eln y el Gobierno para un eventual proceso de paz?
“Los acuerdos los saludamos, pero el tema político no hace parte de nuestro trabajo y nos ocupamos solo de la atención a las comunidades afectadas por consecuencias humanitarias. Este año vemos que se están tomando acciones concretas en relación con el proceso de paz que tendrían un impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de las víctimas. Sin embargo, el año pasado durante los diálogos no se veía tanto este reflejo, porque la realidad de la gente sigue siendo preocupante”.
