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Desactivar la intensidad del conflicto armado en Colombia y suprimir las causas estructurales que le han servido de soporte e incentivo a lo largo de los años, es hoy una aspiración legítima de las mayorías nacionales. En dicha labor se viene trabajando desde la expedición de la Constitución Política de 1991 y es en la que ahora se avanza, no sin contradicciones lamentables y profundas, con las iniciativas del Presidente Santos.
Superar las condiciones adversas a la vida, a la dignidad humana y a la justicia social, mantenidas durante tantos años desde las estructuras de los diversos poderes actuantes en la sociedad, y sobreponernos, como personas y comunidades, a tanto sufrimiento inútil producido o padecido, no es tarea fácil, pero sí posible. Todo depende de pensar y desear coherentemente las garantías de las que todos pudiéramos disfrutar si hiciéramos prevalecer el bien inestimable de la paz, pasando a la realización inmediata de las acciones que la hagan realidad.
Para intervenir y modificar algunas de las múltiples causas objetivas que nos han hecho extraviar en nuestra historia y perder en nuestro destino, ha venido hablándose con insistencia. Se señalan como urgentes e inaplazables la reforma para el acceso y el uso de la tierra, la apertura y el perfeccionamiento de la democracia, el pago de la inmensa deuda social contraída con los marginados y excluidos por un sistema económico- político insostenible por lo ignominioso, el resarcimiento de las víctimas, la revaluación económica del trabajo y otras más.
Entre tanto, poco o casi nada se propone o sucede en torno a una de las causas subjetivas y culturales que subyacen en el mantenimiento y la degradación del conflicto, cual es la mentalidad que justifica y fragua, casi que inconscientemente, las actitudes de desconocimiento e irrespeto a la dignidad humana y a los derechos de las personas. Este rasgo cultural hay que cambiarlo.
Es ahora el momento de convocar y comprometer a todos los agentes personales e institucionales del Sistema Educativo Nacional, para que sin dilaciones injustificables asuma, de verdad, la responsabilidad ya confiada por la Constitución Nacional y las leyes del sector, cual es la de desarrollar y poner en práctica una pedagogía social para la fundamentación y el desarrollo de la dignidad humana en Colombia, y el conocimiento, la valoración y la introyección de los Derechos Humanos en las actitudes y el comportamiento de todos los ciudadanos, empezando por los niños y los jóvenes, haciendo que sean ellos la esperanza cierta de un nuevo país.
La dignidad humana es un principio, es decir, un elemento fundante del ser personal y de la acción humana, que debería ser reconocida y considerada por todos como lo que es, un valor universal inviolable. En la Sentencia C.425, el Magistrado Jaime Araujo consignó: “Como principio, la dignidad humana se vierte al interior de todos los derechos fundamentales que la reafirman dentro de nuestro estado constitucional y democrático”.
Si más temprano que tarde los estudiantes se hacen conscientes del valor de los derechos humanos, de la demanda que existe por ellos y de las formas que existen para protegerlos, la sociedad del posconflicto será factible.
*Director de Docencia
de la Universidad EAFIT.
