La ausencia de una clara política minera, con desarrollos normativos y procedimentales apropiados y con una lectura estratégica de las potenciales explotaciones frente a realidades económicas y sociales territoriales, ha traído consecuencias no deseadas en los mecanismos institucionales de ordenación del territorio, en la articulación de actores sociales y empresariales y en las reglas de juego frente al desarrollo de tal actividad. Los efectos: grandes proyectos de producción de minerales sin credibilidad social, poblaciones que no se sienten partícipes de las decisiones sobre el uso de los recursos naturales en sus asentamientos y gobiernos locales enfrentados a decisiones nacionales o entre sí.
El país reclama un diálogo claro sobre la...
