A las nueve de la mañana del próximo miércoles, por tardar, se sabrá si el control operativo y accionario de Isagén quedará en manos de la generadora de energía chilena Colbún o del fondo de inversiones canadiense Brookfield Asset Management (BAM).
Y hasta el martes, los opositores de la privatización del 57,61 por ciento de la Nación en la generadora que atiende un 20 por ciento de la demanda de energía del país, insistirán con tutelas suspender el dilatado proceso de enajenación que comenzó el gobierno Santos el 31 de julio de 2013.
Incluso, algunos guardan la exigua posibilidad de que el Consejo de Estado se pronuncie por las demandas pendientes de fallo, mientras otros harán plantones, como el que se realizará este martes en Medellín a las 4:30 p.m. en el Parque de las Luces, al frente de La Alpujarra.
Entre tanto, la enajenación dividió opiniones entre congresistas; el Comité por la Defensa de Isagén emprendió una tutelatón que hasta hoy no ha dado resultados; y altos funcionarios salieron a medios a mostrar las bondades de la venta del 57,61 por ciento de la Nación y por la que se esperan no menos de 6,48 billones de pesos, unos 1.984,5 millones de dólares al cambio vigente (Ver Cara a cara).
La Contraloría General de la República (CGR) también salió al ruedo del debate respondiendo al senador Jorge Robledo, que no tiene las facultades para activar una vigilancia fiscal del proceso de enajenación.
De paso, el ente de control planteó la posibilidad de que la privatización del control accionario pueda afectar la estructura tarifaria del sector eléctrico y la dependencia de compañías particulares para expandir la oferta energética del país.
“La evidencia empírica ha demostrado que las empresas con participación estatal son mayoritariamente las emprendedoras de grandes proyectos, con un importante nivel de cumplimiento en su construcción”, señala el informe de la Contraloría.
En ese escenario, la siguiente infografía hace un recuento de cómo están las cuentas de Isagén, los indicadores de una venta cuyos dineros, asegura el Gobierno, serán para complementar la financiación de concesionarios que construirán vías de cuarta generación (4G) y el perfil de las dos empresas foráneas que esperan anexar a sus portafolios a Isagén.
