Reformas es la palabra clave que los analistas económicos tienen a flor de labios, cuando se les pregunta qué acciones, en esa materia, deberá emprender el gobierno que asumirá las riendas del país el próximo siete de agosto.
La más apremiante es la pensional y en eso coinciden la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el centro de pensamiento Fedesarrollo e incluso la evaluadora de riesgos Fitch Ratings y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que señalan que el actual sistema tiene una baja cobertura (27 %) y demanda millonarios recursos (41 billones de pesos).
Para Sergio Clavijo, presidente de Anif, la columna vertebral de una reforma estructural pensional es el “marchitamiento” del Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, cerrando la opción de que la entidad sume nuevos afiliados.
No obstante, admite que Colpensiones continuaría honrando los compromisos ya adquiridos con los pensionados vigentes, así como con los futuros pensionados (quienes están hoy afiliados) y planteó un régimen de transición de quince años para implementar las modificaciones (ver gráfico).
Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, también es partidario de marchitar el RPM, pero le otorga a Colpensiones una función futura: administrar un primer pilar del sistema pensional, recibiendo los aportes de los trabajadores que coticen por una remuneración mínima y garantizándoles, en el futuro, el pago de una pensión por valor hasta de un salario mínimo.
