El aumento del salario mínimo en el final del año y el índice de inflación, en el comienzo, constituyen un par de cifras clave para la elaboración de presupuestos, tanto en lo doméstico como en lo empresarial.
Una vez conocida la inflación para 2015, de 6,77 por ciento, el gremio inmobiliario Fedelonjas señala que el canon de los contratos de arrendamiento de vivienda urbana este año tendrá ese aumento. Añade que esta alza es decisiva y marca la pauta para acuerdos que tienen cerca de 17 millones de colombianos que viven en alquiler.
La presidenta del gremio, María Clara Luque, dijo que si bien la tasa es una de las más altas de los últimos ocho años, tiempo durante el cual los arrendatarios no habían alcanzado alzas superiores al 3,73 por ciento, se constituye en un incentivo para la inversión en finca raíz, tanto de vivienda nueva como usada.
Por su parte los operadores de telefonía móvil (Claro, Tigo-Une y Movistar) indicaron que con el nuevo año sus tarifas también aumentarán, aunque en un nivel inferior a la inflación del 2015.
Ese 6,77 por ciento también será el ajuste de las mesadas de los jubilados del régimen público de Prima Media que administra Colpensiones, y que en 2015 devengaron más de 644.350 pesos.
En breve se expedirán las normas que eleven el valor de los peajes que todavía están a cargo del Invías y, seguramente, de los concesionarios viales, así como los copagos que cobran a sus afiliados las EPS (Entidades Promotoras de Salud).
Otro gasto que se incrementará al 7,0 por ciento es el Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) en las diferentes tarifas estipuladas para motos y vehículos.
Pero las cifras del mínimo y el IPC que causan expectativa general, terminan siendo referentes para pocas cosas. Por ejemplo, la autoridad de transporte del valle de Aburrá (el Área Metropolitana) no se ató a ninguna de las dos para fijar tarifas del servicio público de pasajeros en esta región y los incrementos oscilaron entre el 3,6 y el 6,7 por ciento, dependiendo de la modalidad (bus, micro o metro).
A su turno, el Ministerio de Minas y Energía ajustó precios de los combustibles invocando la aplicación de la fórmula “fundamentada en criterios de eficiencia y de mercado”.
Lo propio hizo el Ministerio de Salud el pasado 24 de diciembre al fijar por Resolución el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que reconoce el Gobierno por usuario a cada EPS, para la cobertura del Plan Obligatorio de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado.
