Más se demoró el Ministerio de Hacienda en radicar la propuesta de reforma tributaria, que en brotar ayer críticas, de todo calibre, desde gremios, congresistas, organizaciones y la ciudadanía. En muchas, se busca defender el bolsillo, el interés sectorial o el objetivo político propio. En otras, se reclama más lucha contra la evasión y la corrupción, antes que buscar más recaudo vía consumidores, como se repitió en redes sociales.
Al final, son pocos los aplausos, sea porque se le fue la mano al Gobierno en tocar muchos elementos sensibles de la estructura de impuestos de Colombia o porque se quedó corta ante las expectativas, como lo señalaron ayer varios analistas de mercado.
Así que el Gobierno tiene por delante una dura tarea pedagógica para hacer entender, no solo a los congresistas, muchos sin mayor solvencia en temas tributarios, sino a empresas, inversionistas y ciudadanos de a pie las bondades de esta reforma con aspiración de ser estructural e integral.
Dicha tarea se presenta en un momento político complejo para el Gobierno. En el Congreso hay malestar por la aprobación exprés del Presupuesto General de la Nación para 2017. Y se agrega la pérdida del Sí en el plebiscito, la desaceleración económica y el cálculo político de congresistas frente a medidas impopulares. En suma, la reforma tributaria es dura de asimilar con todos sus “sapos”, está claro: a nadie le gusta pagar más impuestos (ver gráficos).
Pero de fondo, hay dos aspectos que sobresalen en esta coyuntura del trámite de la reforma: las consecuencias de que no se apruebe y que su piedra angular, en términos de recaudo, es el alza de la tarifa general del IVA (impuesto a las ventas) del 16 % al 19 %.
Pero, ¿por qué? EL COLOMBIANO halló respuestas ayer durante un seminario de macroeconomía organizado por Anif y Fedesarrollo, en Medellín. En primer lugar, Carlos Gustavo Cano, codirector del Banco de la República, respondió a este diario que es insuficiente disminuir el déficit fiscal, solo por la vía de la reducción del gasto.
“Eso es necesario complementarlo por la vía de los ingresos, y eso se llama reforma tributaria, que no es urgente, sino fundamental para mantener el equilibrio macroeconómico”, aseguró.
Por su parte, el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, consideró que de no hacerse un ajuste, caería más el recaudo y, con menos recursos, no habría cómo mantener la inversión oficial en programas sociales, educación, salud, infraestructura.
Esto se financió en la última década con una renta petrolera que desapareció y llegó a ser la quinta parte de ingresos del Gobierno. “Pagar impuestos es doloroso, pero nos permite seguir viviendo mejor como sociedad y país”, aseguró (ver recuadros).
En ese sentido, Mario Valencia, vocero del colectivo Red de Justicia Tributaria, cuestionó que ahora sean los colombianos de menos ingresos quienes paguen el manejo inadecuado del auge minero-energético de la última década por parte de este y el pasado Gobierno: “ahora le toca pagar platos rotos a los colombianos, mientras a las transnacionales y varios sectores, como el financiero, les mantienen sus beneficios”.
Mientras se digiere argumentos a favor y en contra, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) también se hacen votos para que el aumento del IVA, sin tocar la canasta básica, no se atranque en el Congreso.
“Toca sentarnos a hacer los números para ver si el recaudo adicional que generaría esta reforma va en la dirección de taponar el faltante fiscal (...). Un buen entendimiento (del Congreso) evitaría que el país pierda uno de los dos escalones del grado de inversión”, señaló su presidente, Sergio Clavijo, quien aplaudió la propuesta, aunque fuera presentada de manera tardía.
Consecuencias, sin reforma
En términos prácticos, ese grado de inversión, fruto de la evaluación de las calificadoras de riesgo internacionales, refleja una mejor percepción de la economía nacional, que se traduce en tasas de interés más favorables cuando el Gobierno, las empresas y los ciudadanos se endeudan. Por tanto, queda más plata para la inversión, pública y privada.
En las cuentas del Ministerio de Hacienda está que si se pierde el grado de inversión, habrá que pagar más intereses, del orden de 32 billones de pesos anuales adicionales, eso es quitarle plata a la inversión social. Y en el caso de un ciudadano que pagaba una cuota de un crédito de vivienda de un millón de pesos, pasaría a pagar 1,2 millones.
Al respecto, un análisis del banco internacional BNP-Paribas señaló que “el hecho de que el Gobierno haya enviado el proyecto de reforma fiscal al Congreso, probablemente disminuirá las preocupaciones del mercado sobre una rebaja por las agencias de calificación en el corto plazo”.
Así las cosas, el codirector del Emisor es tajante en afirmar que sin reforma tributaria no se podrá mantener la disciplina fiscal y el déficit del Gobierno aumentaría hasta cerca de 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), más de 40 billones de pesos de hoy.
“Mantener una inflación baja y estable, que es lo que más conviene a los pobres, requiere que las políticas fiscal y monetaria tengan derroteros comunes. Por eso no hay discusión de que la reforma es necesaria, ahora la discusión no es el qué, sino el cómo”, concluyó Cano.
