Al cierre del año pasado, 7,9 millones de hogares en Colombia estaban conectados al gas natural: 521.000 más familias recibieron este servicio frente a 2014.
El dato, revelado durante el Congreso Naturgás, que se clausura hoy en Cartagena, podría ser mucho mayor, claro, si las condiciones del país en materia regulatoria facilitaran expandir las redes y la inversión tuviera un escenario más seguro.
El país cuenta con 7.684 kilómetros de redes de suministro de gas. Pero los inconvenientes para aumentar esta cifra no sólo están en que al abrir la llave de la estufa el gas esté disponible. Los grandes obstáculos parten desde la extracción del combustible en los pozos, y su conexión con el sistema de distribución.
“El país está preparado para atender la demanda de centros urbanos, pero al encontrar alguna fuente de gas, se vuelve muy difícil transportarlo, pues gasoductos y redes de distribución tardan mucho en crearse por un entramado de trámites que se tardan hasta tres años”, aseguró Hernando Gutiérrez de Piñeres, vicepresidente de Operaciones y Transporte de Promigás.
En comparación con experiencias internacionales, los procesos para construir un gasoducto tardan menos de un año, pero aquí hasta tres.
Precisamente, Antioquia es un ejemplo de esa dificultad de cubrimiento en conexión al servicio de gas natural en todos los niveles.
El caso de Antioquia
El departamento sólo recibe este combustible por un gasoducto (Sebastopol-Barbosa). Aún cuando hay una opción de crear otra fuente desde la tubería principal que baja desde la Costa hasta Caucasia, nadie asegura que esa inversión sea rentable.
“Son 400 kilómetros de gasoducto y cada uno vale mil millones de pesos. El problema no es construirlo, sino evitar que la inversión se transfiera a tarifas de los usuarios. El Gobierno tiene la última palabra”, aseguró Luis Guillermo Villada, gerente regional de gas de EPM.
Pero, ¿por qué terminarían pagando las familias un gasoducto? La respuesta está en la regulación colombiana. Cuando un comercializador quiere conectar a una población lo debe hacer calculando que los usuarios, dentro de su tarifa de gas, pague la infraestructura de dicha conexión, una retribución sobre la inversión.
Si se tiene en cuenta que el 58 % de los hogares conectados al gas natural son de estratos uno y dos, un incremento en tarifas tendría un gran impacto.
“Es impensable mejorar el cubrimiento si no podemos incluir en el mismo proyecto a pequeñas poblaciones. La regulación restringe esa expansión. La retribución sobre la infraestructura debería ser regional, no por zonas”, según advirtió Alberto Caparroso, director de comercialización de Gases del Caribe.
El mercado regulado, en que 95 % son hogares, consume el 20 % del gas que demanda el país, muy por debajo de lo que requieren las termoeléctricas y el sector no regulado (grandes industrias) .
*Por invitación de EPM
87
municipios de Antioquia,
por fuera del valle de Aburrá, cuentan con suministro
de gas natural.
37 %
de los suscriptores del mercado regulado de gas
en el país son hogares
de estrato dos.
