Hoy en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en cualquier minuto entre las ocho y nueve de la mañana, se abrirá un solo sobre de oferta económica por el 57,61 por ciento de las acciones de Isagén.
Su remitente será el fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Managemente (BAM) y, en teoría, la cifra del único oferente debe ser equivalente a 6 billones 486.126 millones 867.710 pesos.
Esa cifra de 13 dígitos equivale en dólares a unos 1.997,9 millones, a la tasa vigente, con lo que se registrará una de las privatizaciones más cuantiosas de la historia del país.
Sin embargo, tal hito está rodeado de protestas en varias ciudades, como la que hubo ayer en el Parque de las Luces, en el centro de Medellín o la que se citó para la mañana de hoy en las afueras de la BVC, en Bogotá.
También hay cuestionamientos jurídicos, empezando por el hecho de que a la subasta anunciada hace 20 días solo asistirá un oferente.
Al respecto, anoche el Consejo de Estado, más por razones de procedimiento, negó medidas cautelares para suspender la venta de Isagén que en la tarde solicitó un grupo de senadores en un memorial, como parte de la demanda de nulidad interpuesta desde mayo de 2015.
El memorial argumentó que la naturaleza de la subasta busca asegurar competencia entre varios participantes, lo que no ocurre en este caso. En ese sentido, no se maximiza el valor de la enajenación y el Gobierno no recibiría más del precio base de 4.130 pesos por cada una de las 1.570,5 millones de acciones, es decir, 6,48 billones de pesos.
Luego de estudiar la solicitud, el magistrado Jorge Octavio Ramírez, ponente de la demanda interpuesta por 12 parlamentarios, señala que la petición no coincide con la esencia de la demanda original, una de las tres acciones en que no ha fallado de fondo el alto tribunal.
Pero en el escenario de que hoy la subasta se cumpla sin contratiempos, Mario Valencia, miembro de la Red de Justicia Tributaria, aseguró a este diario que se interpondrán nuevas acciones jurídicas para demandar la subasta, que no es más que “una adjudicación a dedo del patrimonio público”. En ese sentido, existe la posibilidad de demandar ante el mismo Consejo de Estado el acto administrativo derivado de la subasta, alegando que se violan principios constitucionales.
“Es posible que el Consejo de Estado pueda ordenar la suspensión entre el día de subasta y el cierre de la operación, pero ese depende de que un ciudadano presente una demanda, que el Consejo de Estado la admita y que considere que hay argumentos suficientes para frenar el proceso”, explicó a este diario David Suárez Tamayo, profesor de derecho público de Eafit y exasesor del Ministerio de Minas y Energía (ver recuadro).
Subasta de uno es válida...
Entre tanto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reiteró ayer que el reglamento de la subasta permite que llegue un solo oferente, siempre y cuando cumpla con los requisitos que lo habiliten como tal.
Al respecto, una fuente cercana al proceso de enajenación de Isagén, explicó a este diario que la Ley 226 de 1995, que regula enajenaciones, exige que haya transparencia, libre concurrencia (de nueve interesados quedó uno), y que haya un precio base bien fijado, como ocurrió.
“Sin darse la subasta, ya llevamos mucho tiempo en puja, el precio base de la acción se ha ido ajustando, las condiciones de mercado han cambiado y llegan hasta el final los que están dispuestos a comprar en esas condiciones”, señaló la fuente.
Alerta de la Procuraduría
Pero, ayer el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, envió una carta al presidente Santos señalando la “inconveniencia” de la venta de Isagén y advierte “la posible vulneración del ordenamiento jurídico, si esta llega a consumarse” en las condiciones actuales.
Con base en la devaluación del peso y cálculos propios, Ordóñez concluye que “la venta de Isagén se lleva a cabo con un precio menguado” y “se perderían 2,37 billones de pesos”
